Organizaciones ecuatorianas rechazan incremento de combustibles y encarecimiento de vida

En las calles de Quito, el viernes pasado, miles de ecuatorianos salieron a protestar contra una realidad que ya conocían pero que ese día se hizo oficial: los combustibles habían subido de precio. La gasolina Extra y la Ecopaís, de menor octanaje, alcanzaron los 3,31 dólares por galón. El diésel llegó a 3,25. Números que parecen pequeños hasta que se entiende lo que significan: transporte más caro, alimentos más caros, la vida cotidiana de millones de familias trabajadoras haciéndose más difícil de sostener.

Las organizaciones sindicales no esperaron a que pasara el tiempo para reaccionar. El Frente Unitario de Trabajadores se concentró frente al Ministerio de Energía y Minas en la capital, donde Edwin Bedoya, su presidente, cuestionó directamente las decisiones económicas del presidente Daniel Noboa. Bedoya fue claro en su diagnóstico: el aumento de combustibles no es un número abstracto, es algo que golpea a las familias trabajadoras de forma inmediata, a través del transporte que usan para llegar al trabajo, a través de los productos que compran en el mercado. Pero lo que más molestó a Bedoya fue la contradicción que vio en las políticas del Gobierno. Días antes, Noboa había anunciado la eliminación temporal del Impuesto a los Consumos Especiales en bebidas alcohólicas durante el Mundial de fútbol. "Bajó la cerveza, subió el combustible", dijo Bedoya desde las afueras del ministerio, resumiendo en una frase lo que muchos sentían: que las prioridades del Ejecutivo estaban al revés.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador amplificó el mensaje con su propio análisis. Señalaron que el aumento de combustibles no afecta solo a quienes conducen vehículos, sino a toda la cadena económica: el transporte de productos, la producción agrícola, los alimentos en las mesas. Y en redes sociales, la organización indígena resumió la frustración con una frase que circuló rápidamente: "En el nuevo Ecuador todo sube… menos la cerveza y los sueldos". Era una acusación de que mientras los precios subían en casi todo, los salarios se quedaban atrás.

Los maestros también levantaron la voz. La Unión Nacional de Educadores calificó el incremento como antipopular y señaló un dato que pone en contexto la magnitud del problema: el salario básico en Ecuador cubre apenas una parte del costo de la canasta básica, que supera los 800 dólares. Es decir, un trabajador con salario mínimo no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Cuando suben los combustibles, ese desfase se hace más profundo. La UNE también acusó al Gobierno de favorecer a grandes grupos económicos mientras aumentaba las dificultades para trabajadores, estudiantes y docentes.

Las protestas no fueron solo de sindicatos. Los comerciantes minoristas también marcharon por el Centro Histórico de Quito, expresando su rechazo al encarecimiento de la vida. En las afueras de la Universidad Central, hubo más concentraciones como parte de una jornada de resistencia convocada por el Frente Popular, el FUT y la UNE. Era una convergencia de sectores diferentes, todos con el mismo mensaje: que las políticas económicas del Gobierno estaban lastimando a la población.

Lo que quedó claro en las calles de Quito ese viernes es que el aumento de combustibles no es solo un ajuste técnico de precios. Es un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno y los sectores populares. Cada organización que protestó tenía su propia perspectiva, pero todas coincidían en lo fundamental: que mientras algunos precios bajan para beneficiar a ciertos grupos, otros suben para afectar a la mayoría. Y que esa contradicción, esa desigualdad en cómo se distribuyen los costos y los beneficios, es insostenible.