El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos
El 40% de personas recibe valoraciones bajo 33%, aumentando desde el 33% anterior, limitando acceso a prestaciones y apoyos. Casi la mitad espera más de un año para valoración; en algunas regiones el 45% se resuelve sin evaluación directa presencial.
- El 40% de personas recibe valoraciones bajo 33%, aumentando desde el 33% anterior
- Casi la mitad espera más de un año para valoración; en algunas regiones el 45% se resuelve sin evaluación presencial
- Solo el 11% de reclamaciones logra incremento de grado, mientras reducciones aumentan al 13%
- El 68% percibe que los valoradores no conocen suficientemente su discapacidad
- La inconformidad total crece del 32% al 46% entre quienes fueron valorados después de abril de 2023
COCEMFE denuncia que el nuevo baremo de discapacidad sigue produciendo valoraciones a la baja, limitando derechos esenciales. El informe basado en mil testimonios revela desigualdades territoriales, retrasos administrativos y falta de formación en equipos valoradores.
A poco más de dos años de su entrada en vigor, el nuevo sistema de valoración de la discapacidad en España está generando más problemas de los que resuelve. Así lo denuncia COCEMFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, en un informe presentado coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El análisis, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, sus familias y profesionales técnicos, pinta un cuadro de desorden administrativo, desigualdad territorial y, sobre todo, de derechos erosionados.
El Real Decreto 888/2022, que rige desde abril de 2023, prometía objetividad y claridad. Lo que ha entregado es lo contrario. Casi la mitad de quienes solicitan una valoración espera más de un año para obtenerla. En regiones como Galicia y Andalucía, los retrasos se han agravado entre 18 y 23 puntos porcentuales respecto al sistema anterior. Pero la espera es solo el primer síntoma de un problema más profundo. En la Comunidad Valenciana, menos de la mitad de las evaluaciones se realizaron de forma presencial. Hasta el 45% de los casos se resolvieron únicamente mediante un informe facultativo, sin que el equipo valorador viera jamás a la persona. Es difícil imaginar un mecanismo mejor diseñado para generar desconfianza.
Lo que más preocupa a COCEMFE es la tendencia sostenida a la baja en los grados de discapacidad reconocidos. El porcentaje de personas que reciben una valoración inferior al 33% —el umbral que determina el acceso a prestaciones y apoyos esenciales— ha saltado del 33% al 40%. Eso significa que decenas de miles de personas han visto cómo sus derechos se evaporaban no porque su situación mejorara, sino porque el baremo las reclasificó hacia abajo. Las resoluciones definitivas, que antes representaban el 79% de los casos, ahora apenas alcanzan el 69%. El resto queda en un limbo de revisión permanente, generando incertidumbre constante.
Los equipos valoradores, según el informe, carecen de la formación necesaria. El 68% de las personas evaluadas percibe que quienes las valoraron no comprendían suficientemente su discapacidad, especialmente en patologías orgánicas o poco visibles. El 77% considera que no se tuvieron en cuenta sus comorbilidades —las múltiples condiciones que a menudo acompañan a una discapacidad—. Estos no son detalles técnicos. Son la diferencia entre ser visto y ser ignorado.
El sistema de reclamaciones, que debería funcionar como válvula de corrección, ha resultado ser un mecanismo perverso. Solo el 11% de quienes impugnan una valoración logra que se incremente su grado de discapacidad. Mientras tanto, el porcentaje de reducciones de grado ha aumentado del 6% al 13%. Esto crea un efecto disuasorio evidente: si impugnas y pierdes, tu situación empeora. El 59% de las personas que intentó reclamar se declara totalmente insatisfecho con el proceso, que describe como lento, opaco y sordo a los argumentos presentados.
Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, es directo en su diagnóstico: el nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. "Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana", dice. "El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente." Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Los números revelan una tendencia clara. Entre quienes fueron valorados antes del 20 de abril de 2023, el 67% expresaba inconformidad con su valoración. Entre quienes lo fueron después, ese porcentaje sube al 74%. Más significativo aún: la proporción de personas totalmente inconformes casi se duplica, pasando del 32% al 46%. No es una fluctuación estadística. Es un cambio de dirección.
Queiruga resume el estado de ánimo que el informe documenta: "El nuevo procedimiento debería proteger mejor los derechos de las personas, pero lo que vemos es frustración, indefensión y desconfianza." Tres palabras que capturan lo que ha sucedido en dos años. Un sistema diseñado para ser más justo ha generado exactamente lo opuesto: un laberinto administrativo donde las personas con discapacidad pierden derechos, esperan indefinidamente y descubren que impugnar es más peligroso que aceptar.
Notable Quotes
El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana.— Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE
El nuevo procedimiento debería proteger mejor los derechos de las personas, pero lo que vemos es frustración, indefensión y desconfianza.— Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un nuevo baremo genera valoraciones más bajas si supuestamente es más objetivo?
Porque la objetividad sin contexto es ceguera. El baremo mide criterios muy específicos, pero la discapacidad no es un número. Es cómo vives, qué puedes hacer, qué necesitas. Si el sistema no ve eso, solo ve lo que cabe en sus casillas.
¿Qué significa que el 45% de evaluaciones se hagan sin contacto presencial?
Significa que alguien decide tu futuro sin mirarte a los ojos. Sin ver cómo te mueves, cómo hablas, cómo respiras. Solo un papel. Es como diagnosticar una enfermedad por teléfono.
¿Por qué la gente no impugna más si sus valoraciones son injustas?
Porque impugnar es una trampa. Si ganas, bien. Si pierdes, te bajan el grado. Entonces la mayoría prefiere quedarse donde está, aunque sea injusto. El sistema castiga a quien se atreve a cuestionarlo.
¿Cuál es el impacto real de una valoración por debajo del 33%?
Pierdes acceso a prestaciones, a apoyos, a dinero que necesitas para vivir. No es abstracto. Es la diferencia entre poder pagar un cuidador o no. Entre tener ayudas técnicas o no. Entre independencia y dependencia.
¿Qué debería cambiar?
Primero, que los equipos valoradores realmente conozcan las discapacidades que evalúan. Segundo, que las evaluaciones sean siempre presenciales. Tercero, que el sistema proteja a quien reclama, no lo castigue. Y cuarto, que la velocidad no sea más importante que la justicia.