Treinta días en un albergue no es una solución habitacional
En las laderas del cerro Centinela, en San Antonio, 156 familias recibieron esta semana la notificación formal de que deben abandonar sus hogares antes del 30 de junio, por orden judicial. Lo que comenzó como una ocupación irregular que creció durante años se convierte ahora en el primer capítulo de una operación de restitución gradual, donde el Estado ofrece albergues temporales pero no garantías permanentes. Es la tensión de siempre entre el derecho a la propiedad y el derecho a un techo, resuelta con plazos y uniformes, pero sin respuestas duraderas.
- Un tribunal ordenó restituir el terreno y el reloj ya corre: el 30 de junio, más de 120 efectivos policiales ejecutarán el desalojo si las familias no se van por voluntad propia.
- La notificación casa por casa, acompañada de un ministro de fe, convirtió una amenaza abstracta en una realidad concreta para 156 hogares que no tienen adónde ir.
- El gobierno ofrece 30 días de albergue, alimentación y apoyo social focalizado en adultos mayores, embarazadas y menores, pero los líderes comunitarios advierten que eso no es una solución habitacional.
- Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro, denuncia que no hubo diálogo real y que ninguna familia ha recibido un subsidio que le permita acceder a vivienda permanente tras el desalojo.
- Lo que ocurra con las construcciones que las familias levantaron durante años quedará en manos del propietario del terreno, quien podrá conservarlas, retirarlas o demolerlas.
- Después del sector 1A vendrá el 2A: este desalojo no es el final de la operación, sino el inicio de una restitución progresiva que afectará a más familias en la misma megatoma.
El lunes pasado, equipos jurídicos de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso comenzaron a recorrer la megatoma del cerro Centinela en San Antonio. Acompañados por un ministro de fe, notificaron a 156 familias que tienen hasta el 30 de junio para abandonar el sector 1A: un tribunal ordenó restituir el terreno a su propietario. Es solo el primer polígono de una operación que continuará con el sector 2A.
Las autoridades presentan un plan de contención: albergues municipales y del Ministerio de Desarrollo Social durante treinta días, con alimentación y abrigo, con atención prioritaria para adultos mayores, embarazadas y menores. El gobierno asegura que los niños no perderán acceso a educación ni alimentación escolar durante la transición.
Pero desde adentro de la ocupación, la lectura es otra. Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro, afirma que no ha existido diálogo real con las familias afectadas y que ninguna de ellas ha recibido un subsidio habitacional que garantice dónde vivirán después de los treinta días. Un albergue temporal no resuelve una crisis que lleva años acumulándose.
Si el 30 de junio las familias no se han ido voluntariamente, llegará la fuerza pública. El delegado presidencial Manuel Millones ha convocado a más de 120 efectivos desde Santiago, junto a personal municipal y equipos sociales. El mensaje es inequívoco: el desalojo ocurrirá. Lo que suceda con las viviendas que la gente construyó en la ladera quedará en manos del propietario, quien podrá conservarlas o demolerlas. Para muchas familias, eso significa ver desaparecer años de trabajo y arraigo sin ninguna certeza de lo que viene después.
El lunes pasado, equipos jurídicos de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso comenzaron a tocar puertas en la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio. Casa por casa, acompañados por un ministro de fe, notificaron a 156 familias que tenían hasta el 30 de junio para abandonar el primer polígono de intervención designado como sector 1A. La orden viene de un tribunal: el terreno debe ser restituido a su propietario.
Esta megatoma —una ocupación irregular que ha crecido durante años en las laderas del cerro— alberga a cientos de familias sin acceso a vivienda formal. El desalojo que se aproxima es solo el primero. Después del sector 1A, las autoridades planean repetir el mismo procedimiento en el sector 2A, expandiendo gradualmente la operación de restitución.
Las autoridades han preparado un plan de contención social. Para quienes no tengan dónde ir, ofrecen acceso a albergues municipales y del Ministerio de Desarrollo Social durante treinta días, con alimentación y abrigo incluidos. Se ha identificado a grupos prioritarios —adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de edad— para recibir apoyo específico. El gobierno también dice que garantizará que los niños no pierdan acceso a educación ni a alimentación escolar durante la transición.
Pero la realidad en el terreno es más áspera. Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro, una organización que representa a residentes de la ocupación, afirma que no ha habido diálogo real entre las autoridades y las familias afectadas. Más grave aún: según ella, a ninguna de estas familias se les ha ofrecido un subsidio habitacional que les permita acceder a vivienda permanente después del desalojo. Los treinta días en un albergue son un paréntesis, no una solución.
El 30 de junio, si las familias no se han ido voluntariamente, llegará la fuerza pública. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, ha convocado a más de ciento veinte efectivos policiales desde Santiago, además de personal municipal y equipos del Ministerio de Desarrollo Social. El mensaje es claro: el desalojo se ejecutará con o sin cooperación.
Lo que suceda después con las estructuras —las casas, los ranchos, las construcciones precarias que la gente ha levantado en la ladera— dependerá del propietario del terreno. Podrá conservarlas, retirarlas o demolerlas. Para las familias, eso significa que sus viviendas podrían simplemente desaparecer, llevándose consigo años de inversión, trabajo y arraigo.
La tensión es evidente. De un lado, una orden judicial que debe cumplirse y un gobierno que dice estar preparado para hacerlo con responsabilidad social. Del otro, ciento cincuenta y seis familias sin garantías de dónde vivirán después, líderes comunitarios que denuncian falta de diálogo, y treinta días que no son suficientes para resolver una crisis habitacional que lleva años gestándose. El 30 de junio es la fecha límite. Lo que pase después dependerá de si alguien encuentra una salida antes de que llegue.
Citas Notables
No se ha producido acercamiento real entre autoridades y familias, y no se está entregando subsidio habitacional a los ocupantes— Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué una megatoma como esta existe en primer lugar? ¿Cómo llegan a vivir 156 familias en un cerro sin servicios?
Porque no hay vivienda accesible. Cuando no tienes dinero para pagar arriendo en la ciudad formal, ocupas un terreno. Es lo que queda.
¿Y la orden judicial? ¿De quién es el terreno?
De un propietario privado. El tribunal ordenó la restitución. Eso es legal, pero para las familias significa que pierden el único lugar donde tenían techo.
El gobierno ofrece albergues por treinta días. ¿No es algo?
Treinta días es un respiro. No es una solución. Después, ¿qué? Sin subsidio habitacional, sin acceso a crédito, esas familias vuelven a la calle o a otra megatoma.
¿Hay posibilidad de que esto no suceda el 30 de junio?
Solo si hay un acuerdo político que nadie está buscando. Las autoridades dicen que están preparadas. Los líderes comunitarios dicen que no han sido escuchados. Eso es un choque.
¿Qué pasa con las casas que construyeron?
Eso lo decide el dueño del terreno. Puede dejarlas, llevarlas o demolerlas. Para la gente que las construyó, es como si desapareciera todo lo que invirtieron.
¿Cuál es el siguiente paso después del sector 1A?
Lo mismo en el sector 2A. Casa por casa, notificación, treinta días, y si no se van, la policía. Es un proceso que puede durar meses.