Lo intentaron en Quito, ahora van por Cuenca y Loja
En el sur de Ecuador, más de diez mil hectáreas de bosque han sido devoradas por las llamas en noviembre de 2024, amenazando reservas de biosfera, fuentes de agua potable y la vida cotidiana de comunidades enteras. El presidente Daniel Noboa no ha leído este desastre como un capricho de la naturaleza, sino como un acto de sabotaje político, acuñando el término 'terrorismo ambiental' para describir lo que su gobierno considera una campaña deliberada de desestabilización. En ese umbral entre la catástrofe ecológica y la acusación política, Ecuador debate si el fuego es una fuerza ciega o una herramienta con intención.
- Más de 10.000 hectáreas arrasadas en Loja y Azuay colocan en riesgo inmediato la Reserva de Biosfera del Parque Nacional Podocarpus y el suministro de agua de comunidades enteras.
- El presidente Noboa y el ministro de Defensa afirman tener pruebas de que los incendios fueron provocados intencionalmente por grupos desestabilizadores, elevando la crisis ambiental a un asunto de seguridad nacional.
- La calidad del aire en Loja se ha deteriorado hasta el punto de suspender desfiles de independencia, cerrar 21 escuelas y cancelar eventos cívicos, paralizando la vida pública en las zonas afectadas.
- Ecuador y Perú coordinan operaciones aéreas conjuntas de extinción, mientras el Instituto de Meteorología mantiene alerta naranja y las condiciones de sequía extrema siguen alimentando nuevos focos.
- El gobierno convoca sesiones extraordinarias de gabinete en ambas provincias, prometiendo investigación penal rigurosa, pero la nación permanece suspendida entre la emergencia activa y la incertidumbre sobre su origen.
El presidente Daniel Noboa eligió el cantón Sucre para lanzar una acusación que rebasaba lo ambiental: los incendios que consumían el sur de Ecuador no eran, a su juicio, un desastre natural, sino sabotaje político. Llamó a lo ocurrido en Cuenca y Loja «terrorismo ambiental» y trazó un hilo con incendios registrados en Quito tres meses atrás. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, respaldó la tesis afirmando que existían pruebas y sospechosos, y prometió consecuencias penales.
Los focos activos pintaban un mapa de destrucción. En Loja, el incendio de Fierro Urco había arrasado más de 1.500 hectáreas en una zona crítica para el agua de San Lucas y San Pablo de Tenta. En la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, otro foco superaba las 3.600 hectáreas y amenazaba directamente la Reserva de Biosfera del Parque Nacional Podocarpus. En Cuenca, el Parque Nacional Cajas ardía desde el 9 de noviembre, con vientos fuertes acelerando la propagación hacia zonas protegidas.
La respuesta fue nacional e internacional. Bomberos, Fuerzas Armadas y la Secretaría de Gestión de Riesgos coordinaban operaciones sobre el terreno, mientras Perú enviaba aeronaves para reforzar la extinción. Aun así, el Instituto de Meteorología mantenía alerta naranja, y la sequía prolongada seguía alimentando las llamas. En lo que iba del año, el país había registrado más de 3.100 incendios.
La vida en las zonas afectadas quedó suspendida: 21 escuelas migraron a clases virtuales, los desfiles por la Independencia de Loja fueron cancelados y una densa capa de humo cubría la ciudad. El gobierno convocó sesiones extraordinarias de gabinete en Azuay y Loja, mientras Ecuador observaba sus bosques arder y sus autoridades debatían si el fuego obedecía a la naturaleza o a una voluntad política.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se presentó en el cantón Sucre, en la provincia de Manabí, con una acusación que trascendía lo meramente ambiental. Los incendios que devoraban el sur del país no eran, en su interpretación, un desastre natural sino un acto deliberado de sabotaje político. Llamó a lo que estaba ocurriendo en Cuenca y Loja «terrorismo ambiental», sugiriendo que grupos específicos buscaban desestabilizar la nación mediante la destrucción de sus bosques. «Lo intentaron en Quito, ahora van por Cuenca y Loja», dijo, haciendo referencia a incendios registrados en la capital tres meses atrás.
Los números eran contundentes. Más de diez mil hectáreas habían sido consumidas por las llamas en las provincias sureñas de Loja y Azuay. El gobierno había declarado emergencia nacional. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, fue más allá en sus afirmaciones públicas durante el fin de semana, declarando que existían pruebas y sospechosos que indicaban que los incendios habían sido provocados intencionalmente. Prometió que quienes resultaran responsables enfrentarían todo el peso de la ley.
La crisis se desplegaba en múltiples frentes simultáneamente. En la provincia de Loja, un incendio particularmente peligroso ardía en la zona de Fierro Urco, un área crítica para el suministro de agua a las parroquias de San Lucas y San Pablo de Tenta. Las llamas habían destruido más de mil quinientas hectáreas en ese solo foco. A pocas kilómetros de distancia, en la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, otro incendio había arrasado tres mil seiscientas sesenta y una hectáreas, amenazando directamente la Reserva de Biosfera del Parque Nacional Podocarpus, una de las áreas protegidas más valiosas del país. El Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Paltas había declarado en emergencia la parroquia Lauro Guerrero desde el trece de noviembre.
En Cuenca, el Parque Nacional Cajas enfrentaba su propio incendio galopante. Las primeras alertas se emitieron el nueve de noviembre cuando las llamas comenzaron a consumir el bosque en la parroquia Chaucha. Los vientos fuertes aceleraban la propagación hacia zonas críticas dentro del parque. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, había gestionado con la Cancillería la llegada de aeronaves peruanas para reforzar los esfuerzos de extinción, con una segunda prevista para el dieciocho de noviembre.
La respuesta institucional movilizó recursos a escala nacional e internacional. El Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias coordinaban operaciones. Perú había enviado sus propias aeronaves para apagar las llamas, una muestra de cooperación regional ante la magnitud de la crisis. Aún así, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mantenía una alerta naranja en varias provincias, advirtiendo sobre el alto riesgo de nuevos incendios hasta el diecinueve de noviembre. Las condiciones climáticas —temperaturas extremadamente altas y una sequía prolongada— continuaban alimentando la propagación. En lo que iba del año, se habían registrado más de tres mil cien incendios en todo el país.
La vida cotidiana en las zonas afectadas se había detenido. Veintiuna escuelas, seis en Azuay y quince en Loja, habían adoptado modalidad de clases virtuales. Eventos públicos fueron cancelados como medida preventiva. En Loja, la calidad del aire se había deteriorado tan severamente que una densa capa de humo cubría la ciudad, obligando a suspender desfiles y la sesión solemne por la Independencia municipal. El gobierno convocó sesiones extraordinarias del Gabinete Sectorial en ambas provincias para evaluar y mitigar los impactos de la emergencia ambiental, mientras la nación observaba cómo sus bosques ardían y sus autoridades debatían si el fuego era un fenómeno natural o un arma política.
Notable Quotes
Vamos a estar vigilantes de que los causantes de los incendios sean castigados con todo el peso de la ley— Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el presidente habla de terrorismo ambiental en lugar de simplemente describir incendios forestales?
Porque está señalando un patrón. Dice que esto ocurrió en Quito hace poco, y ahora sucede en el sur. Para él, eso sugiere coordinación deliberada, no coincidencia climática.
¿Tiene el gobierno pruebas concretas de que fueron provocados?
El ministro de Defensa afirma que existen pruebas y sospechosos, pero no ha presentado detalles públicos. Es una acusación grave sin evidencia visible aún.
¿Qué hace que estos incendios sean tan peligrosos más allá de las hectáreas quemadas?
Están consumiendo áreas de biosfera críticas y zonas de abastecimiento de agua. Si destruyen esos ecosistemas, el daño es permanente. No es solo bosque, es infraestructura de vida.
¿Cómo respondió la población local a todo esto?
Escuelas cerraron, eventos públicos se cancelaron, el aire se volvió irrespirable. La gente no podía celebrar su independencia municipal porque el humo lo impedía. Eso es una forma de terrorismo real, independientemente de quién lo causó.
¿Qué significa que Perú haya enviado aeronaves?
Significa que Ecuador no tenía suficientes recursos propios. La crisis era tan grande que necesitó ayuda internacional. Eso también habla de la magnitud de lo que estaba sucediendo.