En Nicaragua, el anuncio de futuras elecciones no es una apertura democrática sino su inverso: una arquitectura legal diseñada para que la competencia parezca existir sin que exista realmente. El Gobierno de Ortega, que lleva casi dos décadas en el poder, avanza hacia reformas constitucionales que convertirían la exclusión política en norma jurídica, reservándose el derecho de definir quién es traidor y quién, por tanto, no merece participar. Es la vieja historia del poder que aprende a vestirse con las ropas de la ley.
Nicaragua promete elecciones bajo nuevo marco que excluiría a opositores
452 nicaragüenses han sido despojados de nacionalidad, incluyendo intelectuales y líderes religiosos, enfrentando persecución política y represión sistemática.