Mullin insinúa que el DHS no cumplirá órdenes judiciales que considere politizadas

Markwayne Mullin se presentó ante el Senado el jueves para defender el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, pero lo que quedó en el aire fue una pregunta mucho más fundamental: ¿está dispuesto el gobierno a obedecer a los tribunales? El secretario de Seguridad Nacional, en su primera comparecencia desde asumir el cargo a finales de marzo, esquivó directamente el compromiso cuando el senador demócrata Chris Murphy le preguntó si su departamento cumpliría con las órdenes judiciales destinadas a frenar las operaciones migratorias. En lugar de una respuesta clara, Mullin argumentó que muchos tribunales están politizados, utilizando su poder para expresar opiniones políticas en lugar de defender el Estado de derecho.

El intercambio fue el momento más tenso de la audiencia ante el subcomité de asignaciones presupuestarias para la seguridad nacional. Murphy señaló que el DHS ha incumplido 94 fallos judiciales, un hecho que reconoció había ocurrido en gran medida antes de que Mullin asumiera el cargo. Pero la negativa del nuevo secretario a garantizar el cumplimiento futuro de las órdenes judiciales marcó un punto de quiebre. "Si no creyéramos que los tribunales están politizados, probablemente podría responder a eso", dijo Mullin, insistiendo en que su departamento haría cumplir la ley y nunca quebrantaría la Constitución, pero sin comprometerse explícitamente con las decisiones judiciales. Murphy respondió con alarma: "Ya sea republicano o demócrata en este comité, debería estar realmente aterrorizado".

La Casa Blanca solicita 63.000 millones de dólares para el DHS en 2027, una disminución de 2.200 millones respecto a 2026. Pero el dinero no fue el único tema de fricción. Los senadores demócratas también presionaron a Mullin sobre las condiciones en el centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, donde más de 700 detenidos llevan once días en huelga de hambre y laboral. Los prisioneros han escrito cartas describiendo comida en mal estado, incluso con gusanos, instalaciones insalubres y negación de atención médica. La senadora Patty Murray advirtió que el DHS ya está en camino de romper el récord del año pasado de personas que mueren bajo custodia. Mullin negó todas las denuncias, afirmando que la instalación nunca ha registrado una infracción sanitaria y que inspectores del Estado de Nueva Jersey no encontraron problemas. Señaló que el centro alberga menos de 700 detenidos, cuando tiene licencia para más de 1.000 camas.

Murray también criticó la amenaza de Mullin de retirar agentes de la Patrulla Fronteriza de los aeropuertos de ciudades santuario, aquellas que no colaboran con las autoridades migratorias en redadas. Mullin hizo esta amenaza en respuesta a las protestas frente a Delaney Hall, pero Murray advirtió que eliminar el control aduanero en esos aeropuertos no solo sería peligroso, sino que desencadenaría una crisis económica para estados azules y rojos por igual. Los senadores también expresaron preocupación de que el cierre de aduanas ocurra justo cuando millones de visitantes se preparan para venir a Estados Unidos para la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio. Mullin descartó que el cierre ocurra en Newark y aseguró que el país está preparado para acoger el torneo.

Mullin asumió el cargo después de que Kristi Noem fuera despedida por su manejo agresivo de las deportaciones masivas bajo Donald Trump. Durante su confirmación en marzo, Mullin abogó por mantener las deportaciones masivas pero con un enfoque más moderado. Sin embargo, los demócratas cuestionan si realmente ha tomado las riendas del departamento de manos de Stephen Miller, el asesor de Trump. Cuando se le preguntó sobre las muertes de Renée Good y Alex Pretti durante una operación de control migratorio en Minneapolis en enero, Mullin reconoció que las investigaciones contradijeron la versión de Noem, quien había acusado a las víctimas de atacar a los agentes. Defendió que el FBI continúe investigando las muertes sin participación de autoridades estatales.

El mayor desafío que enfrenta ahora el DHS, según Mullin, es la falta de personal. Muchos funcionarios se despidieron durante el cierre administrativo más prolongado de la historia, que duró más de dos meses desde mediados de febrero hasta finales de abril, dejando a miles sin recibir salarios y causando caos en los aeropuertos. Para poner fin al cierre, el Congreso aprobó el presupuesto el 30 de abril dejando fuera la financiación de las agencias migratorias, la única fórmula que encontró apoyo bipartidista. Los republicanos en el Senado tienen previsto aprobar legislación para destinar 71.000 millones de dólares adicionales a estas agencias hasta el final del mandato de Trump, usando una maniobra que prescinde del apoyo demócrata. Los demócratas han exigido reformas en las agencias como condición para inyectar más fondos.

Mullin declaró que no hay dinero suficiente para que todos los agentes lleven cámaras, una de las peticiones demócratas, aunque reiteró que no se permitirá la entrada en domicilios sin orden judicial excepto durante persecuciones. Anunció que desde el 1 de julio los agentes del ICE recibirán entrenamiento para controlar multitudes. En respuesta a varios senadores, se mostró flexible sobre el requisito de que los empleadores paguen una tasa de 100.000 dólares para importar profesionales altamente cualificados con visas H-1B, una medida que perjudica la llegada de médicos especializados en áreas rurales, aunque no especificó más detalles.