Montoya propone ley para incinerar terroristas y arrojar cenizas al mar

Convertir en ley lo que la administración ya hacía por trámite
La propuesta de Montoya buscaba establecer un protocolo permanente para los restos de terroristas condenados.

La muerte de Abimael Guzmán, arquitecto de una de las guerrillas más sangrientas de América Latina, reabrió en el Perú la pregunta de qué hacer con los restos simbólicos del terror. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, propuso convertir en ley permanente lo que ya ocurría por vía administrativa: incinerar a los terroristas fallecidos y dispersar sus cenizas en el océano Pacífico, más allá de las 200 millas de aguas peruanas. Detrás del gesto legislativo late una inquietud antigua: cómo impedir que la muerte de un verdugo se transforme en el nacimiento de un mártir.

  • La muerte de Guzmán en prisión activó de inmediato los mecanismos legales para la cremación de su cuerpo, pues nadie lo reclamó dentro del plazo de 36 horas establecido por ley.
  • El ministro de Justicia Aníbal Torres solicitó formalmente a la Fiscal de la Nación que los restos pasaran al Ministerio Público para su incineración, siguiendo el protocolo ya vigente.
  • El congresista Montoya fue más lejos: anunció vía Twitter que impulsaría una ley para que las cenizas de terroristas condenados sean arrojadas al mar, en aguas internacionales, sin posibilidad de retorno.
  • La propuesta busca cerrar cualquier resquicio simbólico, eliminando la posibilidad de que los restos se conviertan en un lugar de culto o referencia para futuros seguidores.
  • La iniciativa no encontró debate parlamentario inmediato, pero trazó una línea política clara sobre el trato que el Estado peruano debería dar a quienes fueron condenados por terrorismo.

La muerte de Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso y preso desde 1992, no solo cerró un capítulo doloroso de la historia peruana: también desencadenó una propuesta legislativa inusual. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, anunció a través de Twitter que impulsaría una ley para que los terroristas fallecidos sean incinerados y sus cenizas dispersadas en el océano Pacífico, específicamente más allá de las 200 millas de la zona económica exclusiva del país.

La propuesta llegó cuando los trámites administrativos ya estaban en marcha. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, había solicitado formalmente a la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos que los restos de Guzmán pasaran al Ministerio Público para su cremación, dado que nadie los reclamó dentro del plazo legal de 36 horas tras su ingreso a la morgue del Callao. La Ley General de Salud y la Ley General de Cementerios ya contemplaban esa posibilidad.

Montoya quería ir más lejos: convertir esa práctica administrativa en una norma legislativa permanente y específica para condenados por terrorismo. El destino final de las cenizas —el océano abierto, en aguas internacionales— no era un detalle menor. La intención era eliminar cualquier posibilidad de que los restos se transformaran en un sitio de veneración o en un símbolo para futuros seguidores.

Aunque la iniciativa no generó debate parlamentario inmediato, marcó con claridad una posición: décadas después de la derrota militar y política de Sendero Luminoso, el rechazo a su legado seguía siendo lo suficientemente profundo como para buscar borrarlo, también, de la geografía.

La muerte de Abimael Guzmán, fundador y líder histórico de Sendero Luminoso, desencadenó una propuesta legislativa inusual del congresista Jorge Montoya, miembro de la bancada de Renovación Popular. Montoya anunció a través de Twitter que impulsaría una ley para que los terroristas fallecidos sean incinerados y sus cenizas dispersadas en el océano Pacífico, específicamente más allá de las 200 millas de la zona económica exclusiva peruana.

La propuesta surgió en el contexto inmediato de los trámites legales que ya estaban en marcha para el cuerpo de Guzmán. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dirigió una carta a la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos solicitando que los restos del líder terrorista pasaran al Ministerio Público para su cremación. Esta solicitud se fundamentaba en que nadie había reclamado el cuerpo dentro del plazo legal de 36 horas después de su ingreso a la morgue del Callao.

Montoya fue más allá de lo que ya estaba ocurriendo administrativamente. Su propuesta buscaba convertir en ley permanente un protocolo específico para los restos de personas condenadas por terrorismo. No se trataba simplemente de permitir la cremación como medida de disposición de restos sin reclamante, sino de establecer un destino final particular: las cenizas serían lanzadas al mar, lejos de las costas peruanas, en aguas internacionales.

El marco legal que permitía la cremación de Guzmán ya existía. La Ley General de Salud y la Ley General de Cementerios contemplaban que el Ministerio Público pudiera disponer la cremación de restos cuando transcurrieran más de 36 horas sin que un familiar directo los reclamara. En el caso de Guzmán, ese plazo había vencido sin que nadie se presentara a reclamar su cuerpo.

La iniciativa de Montoya representaba un paso adicional: transformar una práctica administrativa en una norma legislativa específica para terroristas. La propuesta no generó debate parlamentario inmediato documentado en la fuente, pero marcaba una posición clara sobre cómo el Estado debería tratar los restos de personas condenadas por delitos de terrorismo. La idea de dispersar cenizas en el océano, más allá de las aguas territoriales, sugería una intención de eliminar completamente cualquier posibilidad de que los restos se convirtieran en un sitio de veneración o referencia simbólica.

Guzmán había permanecido encarcelado desde 1992, cuando fue capturado en Lima. Su muerte en prisión cerró un capítulo de la historia peruana marcado por la violencia política de los años ochenta y noventa. La reacción legislativa de Montoya, aunque no fue la única respuesta política a su fallecimiento, reflejaba la profundidad del rechazo que Sendero Luminoso seguía generando décadas después de su derrota militar y política.

Promoveré una ley para que los terroristas muertos sean incinerados y sus cenizas enviadas al fondo del mar más allá de nuestras 200 millas
— Jorge Montoya, en Twitter
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
Inventor

¿Por qué un congresista sentiría la necesidad de proponer una ley específica para esto? ¿No bastaba con lo que ya permitía la ley existente?

Model

Creo que Montoya quería hacer permanente y explícito algo que de otro modo sería una decisión administrativa caso por caso. Convertirlo en ley le da un carácter de política de Estado, no solo de trámite burocrático.

Inventor

¿Hay algo simbólico en lanzar cenizas al mar, específicamente más allá de las 200 millas?

Model

Sí. Las 200 millas marcan el límite de la jurisdicción peruana. Ir más allá significa poner los restos fuera del alcance del territorio nacional, donde nadie podría recuperarlos o convertirlos en un lugar de memoria.

Inventor

¿Esto era una respuesta emocional a la muerte de Guzmán o una propuesta pensada?

Model

Parece ambas cosas. La propuesta se anunció inmediatamente después de su muerte, así que hay urgencia emocional. Pero la especificidad de la ley sugiere que Montoya estaba pensando en un protocolo duradero, no solo en Guzmán.

Inventor

¿Qué dice esto sobre cómo Perú quería recordar o no recordar a Guzmán?

Model

Que había un deseo de borrar completamente su presencia física del territorio nacional. No solo cremarlo, sino dispersar las cenizas donde nadie pudiera encontrarlas. Es una forma de negación muy deliberada.

Inventor

¿Tuvo éxito la propuesta?

Model

La fuente no lo dice. Solo documenta que Montoya la anunció y que el proceso de cremación ya estaba en marcha por vías administrativas. Lo que pasó después en el Congreso no está aquí.

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