En las democracias, la frontera entre el gasto público legítimo y el uso político de los recursos del Estado es una de las más vigiladas y, también, de las más vulnerables. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha revelado que más de 7.255 millones de pesos en contratos de Inravisión —financiados por el Ministerio de Educación y el Dapre— habrían sido destinados a publicidad digital precisamente durante los meses más intensos de la campaña presidencial de 2026. El hallazgo no es solo contable: es una pregunta sobre los criterios que guían el poder cua