AstraZeneca solo tiene compromisos con gobiernos, no con intermediarios privados
En medio de la urgencia global por acceder a vacunas contra la COVID-19, el Ministerio de Salud del Perú recibió una oferta privada de millones de dosis de AstraZeneca y, en lugar de ceder a la tentación, verificó su legitimidad directamente con el laboratorio. La respuesta fue inequívoca: AstraZeneca no autoriza intermediarios privados y solo negocia con gobiernos y organismos internacionales. Este episodio revela una verdad más amplia sobre los tiempos de crisis: la urgencia puede convertirse en la puerta de entrada del fraude, y la cautela institucional es, en sí misma, una forma de proteger la vida pública.
- Una empresa privada ofreció millones de dosis de AstraZeneca al Estado peruano en plena pandemia, levantando sospechas inmediatas entre los funcionarios del Minsa.
- AstraZeneca confirmó de forma categórica que no tiene ningún acuerdo de distribución con empresas privadas en Perú ni en ningún canal paralelo al estatal.
- El Minsa expuso públicamente el intento fraudulento y recordó que toda vacuna de emergencia en el país debe contar con autorización de DIGEMID antes de ser aplicada.
- El Estado peruano asume la responsabilidad total de la cadena de aplicación y vigilancia, cerrando el espacio legal a cualquier actor privado en ese proceso.
- Con el primer lote de Sinopharm a punto de llegar y la campaña de vacunación por comenzar, el gobierno de transición de Sagasti enfrentaba una carrera contra el tiempo y contra la desinformación.
El Ministerio de Salud peruano recibió una propuesta que encendió las alarmas: una empresa privada ofrecía millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19. Los funcionarios no aceptaron sin más. Contactaron directamente al laboratorio británico para verificar si esa empresa tenía algún tipo de autorización. La respuesta fue tajante: no la tenía.
AstraZeneca aclaró, a través del comunicado del Minsa, que no realiza suministro, venta ni distribución de su vacuna con empresas privadas. Sus compromisos son exclusivamente con gobiernos y organismos internacionales de salud. No existen intermediarios autorizados ni canales paralelos: la distribución va directamente del productor al Estado.
El ministerio aprovechó la ocasión para recordar el marco legal vigente. Toda vacuna de emergencia en el Perú requiere autorización sanitaria de DIGEMID, y una vez aprobada, el Estado asume la responsabilidad completa de su aplicación y vigilancia. No hay lugar para actores privados en esa cadena.
El episodio ocurrió en un momento decisivo. Días antes, el Minsa había emitido una aclaración similar sobre Sinopharm, laboratorio con el que Perú sí había negociado directamente. El primer lote de esas vacunas estaba por llegar, y el presidente Francisco Sagasti confirmó que la campaña de inmunización comenzaría en los próximos días, extendiéndose más allá del gobierno de transición.
Lo que estos comunicados dejaron en claro fue una lección sobre cómo funciona la compra de vacunas en tiempos de pandemia: los gobiernos negocian directamente con los productores, cada dosis debe tener un origen verificable, y en un contexto donde el fraude sanitario era una amenaza real, esa claridad resultaba tan urgente como las vacunas mismas.
El Ministerio de Salud peruano recibió una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad: una empresa privada ofrecía millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19. En lugar de aceptar sin más, los funcionarios hicieron lo correcto. Contactaron directamente al laboratorio británico para verificar si esa empresa tenía autorización para vender las vacunas de forma independiente. La respuesta fue categórica: no la tenía.
AstraZeneca aclaró públicamente, a través del comunicado del Minsa, que no realiza ningún tipo de suministro, venta o distribución de su vacuna con empresas privadas. El laboratorio señaló que sus compromisos comerciales son exclusivamente con gobiernos y organismos internacionales de salud. No hay intermediarios autorizados. No hay canales privados. La cadena de distribución es directa: de productor a Estado.
Esta aclaración llegó en un momento crítico para el Perú. El país estaba en plena carrera por asegurar dosis de vacunas mientras la pandemia seguía cobrando vidas. La tentación de cualquier atajo, de cualquier oferta que prometiera acelerar el proceso, debía haber sido considerable. Pero la presencia de intermediarios privados ofreciendo millones de dosis era una bandera roja. El Minsa actuó con cautela, verificó directamente con la fuente, y expuso el intento.
El ministerio también aprovechó para recordar los requisitos legales que cualquier vacuna debe cumplir en el país. Toda vacuna de emergencia requiere autorización sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Una vez aprobada, el Estado peruano asume la responsabilidad total de su aplicación y de la vigilancia posterior de sus efectos. No hay espacio para actores privados en esa cadena de responsabilidad.
Días antes, el Minsa había hecho una aclaración similar respecto de Sinopharm, el laboratorio chino con el cual Perú ya había negociado directamente. El primer lote de vacunas de Sinopharm estaba por llegar al país, y con él comenzaría la campaña nacional de inmunización. El presidente Francisco Sagasti confirmó que el proceso de vacunación iniciaría en los próximos días, y que la campaña se extendería más allá del gobierno de transición en el que se encontraba.
Lo que quedó claro en estos comunicados era una lección sobre cómo funciona la compra de vacunas en tiempos de pandemia: los gobiernos negocian directamente con los productores, no con intermediarios. Las vacunas no se venden en el mercado negro ni a través de canales paralelos. Cada dosis que se aplique en el Perú debe tener un origen verificable, una cadena de custodia clara, y la garantía de que el Estado responde por ella. En un contexto donde la desinformación y el fraude sanitario eran amenazas reales, esa claridad era esencial.
Citas Notables
AstraZeneca ha informado que no realiza suministro, venta o distribución de la vacuna con el sector privado, y que solo tiene compromisos con los gobiernos de los países y organizaciones de salud internacionales— Ministerio de Salud (Minsa)
El proceso de vacunación se iniciará en los próximos días y tendremos una campaña de vacunación a nivel nacional que continuará más allá del Gobierno de Transición y Emergencia— Presidente Francisco Sagasti
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el Minsa sintió la necesidad de hacer un comunicado público sobre esto? ¿No era suficiente rechazar la oferta en privado?
Porque en ese momento había mucha confusión y desesperación. La gente quería vacunas, cualquiera ofrecía vacunas, y nadie sabía bien de dónde venían. Un comunicado público protege tanto al Estado como a los ciudadanos. Si no aclaras que AstraZeneca no autoriza intermediarios, alguien más podría creer en la oferta falsa.
¿Esto significa que hubo intentos de fraude sanitario en Perú durante la pandemia?
Probablemente. Cuando hay escasez y urgencia, aparecen los aprovechadores. El Minsa no dice explícitamente que fue un fraude, pero la lógica es clara: una empresa privada ofreciendo millones de dosis sin autorización del productor. Eso no es legítimo.
¿Qué diferencia hay entre negociar con Sinopharm y con AstraZeneca?
Ninguna en términos de proceso. Ambas son negociaciones de gobierno a gobierno. La diferencia es que Sinopharm ya había llegado a un acuerdo con Perú y sus dosis estaban por llegar. AstraZeneca aparentemente no había cerrado un acuerdo similar en ese momento.
¿Quién asume la responsabilidad si algo sale mal con una vacuna?
El Estado. Una vez que DIGEMID autoriza una vacuna de emergencia, el Perú asume toda la responsabilidad de su aplicación y de monitorear sus efectos. Por eso el Estado negocia directamente con los productores, no con intermediarios. La cadena de responsabilidad tiene que ser clara.
¿Por qué el presidente Sagasti mencionó que la campaña continuaría más allá de su gobierno?
Porque sabía que esto era un proceso largo. Una campaña de vacunación nacional no se termina en meses. Necesitaba que la población entendiera que aunque él estaba en un gobierno de transición, la vacunación seguiría adelante con el próximo gobierno. Era un mensaje de continuidad en medio de la incertidumbre política.