En la víspera de una sesión legislativa clave, el gobierno de Javier Milei se vio obligado a retirar el capítulo más controvertido de su Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: aquel que abría la puerta a una mayor extranjerización del suelo argentino. La presión no vino de la oposición, sino de sus propios aliados, recordándole que las reformas estructurales tienen límites que ni la convicción ideológica puede ignorar. El episodio revela una tensión antigua en la política: entre la urgencia de transformar y la necesidad de gobernar con otros.