Desde hace casi una década, el Estado argentino ha ido cediendo el almacenamiento de sus datos más sensibles —identidades, biometría, registros tributarios, prestaciones sociales— a corporaciones tecnológicas estadounidenses, sin haber trazado jamás una política que distinga lo que puede delegarse de lo que debe permanecer bajo custodia pública. No se trata de un acto deliberado de renuncia, sino de una acumulación silenciosa de decisiones parciales que, sumadas, configuran una dependencia estructural. Lo que está en juego no es solo la eficiencia administrativa, sino la pregunta más antigua d