El gobierno monopoliza la ayuda sin capacidad ni honradez para gestionarla
En medio de la tierra que tiembla, el Estado venezolano brilla por su ausencia. Familias que buscan a sus desaparecidos entre escombros no encuentran rescatistas oficiales, sino uniformados que exigen dinero para dejar pasar la ayuda. Lo que debería ser una respuesta humanitaria se ha convertido en un espejo de la crisis estructural del país: negligencia, corrupción y silencio impuesto por el miedo.
- Madres buscan solas a sus hijos entre los escombros porque el Estado nunca llegó a coordinar el rescate.
- Militares instalados en puntos de control exigen entre 50 y 200 dólares para permitir el paso de ayuda humanitaria, convirtiendo la solidaridad en mercancía.
- El gobierno centraliza los recursos de emergencia sin capacidad logística ni voluntad real de distribuirlos, según denuncia el médico Luis Báez.
- Quienes intentan documentar la crisis reciben amenazas directas de ser llevados al Sebin, el servicio de inteligencia, generando un silencio forzado sobre la magnitud real del desastre.
- La combinación de abandono estatal, extorsión militar e intimidación deja a la población más vulnerable sin protección en el momento más crítico.
Una mujer busca a sus hijas entre los escombros de un terremoto, completamente sola. El gobierno no ha aparecido. Los militares sí, pero no para rescatar: para cobrar.
Este es el patrón que describen ciudadanos venezolanos tras los sismos que sacudieron el país. No hay coordinación oficial de búsqueda y rescate, no hay información sobre los afectados, solo un vacío que el Estado parece incapaz o desinteresado en llenar. El médico Luis Báez lo resume con claridad: el gobierno intenta monopolizar toda la ayuda humanitaria sin tener la infraestructura ni la integridad para administrarla, lo que significa que esa ayuda simplemente no llega a quienes la necesitan.
Mientras tanto, controles militares en puntos clave exigen sobornos de hasta 200 dólares a quienes intentan transportar medicinas o alimentos. En un país sumido en pobreza extrema, esas cifras son prohibitivas. La ayuda solo pasa si alguien puede pagar a quienes supuestamente están ahí para proteger.
A esto se suma la intimidación. Ciudadanos que graban los daños o la inacción del Estado reciben amenazas directas de ser entregados al Sebin. El miedo se vuelve otra capa de la crisis, ocultando la magnitud real de lo ocurrido y protegiendo la narrativa oficial. El resultado es una población abandonada, extorsionada y silenciada en el momento en que más necesitaba ser escuchada.
Una mujer venezolana busca a sus hijas entre los escombros de una tragedia sísmica, pero se encuentra sola. El gobierno no ha llegado. Los militares sí, pero no para rescatar: para cobrar.
Esta es la realidad que emerge de los relatos de ciudadanos venezolanos tras los terremotos que sacudieron el país. Mientras familias desesperadas intentan localizar a sus seres queridos desaparecidos, denuncian un abandono sistemático por parte del Estado. No hay coordinación de búsqueda y rescate. No hay información oficial sobre los afectados. Lo que hay es un vacío que el gobierno parece incapaz o desinteresado en llenar.
Luis Báez, médico venezolano, resume la frustración con palabras precisas: el gobierno intenta monopolizar toda la ayuda humanitaria sin poseer ni la infraestructura logística ni la integridad moral para administrarla. La acusación no es menor. En una crisis de esta magnitud, cuando las personas necesitan medicinas, alimentos y equipos de rescate, la centralización de recursos en manos de un aparato estatal disfuncional significa que esos recursos simplemente no llegan.
Pero hay otro nivel de abuso. Reportes indican que controles militares han sido establecidos en puntos clave, donde uniformados exigen sobornos de 50, 100 y hasta 200 dólares a ciudadanos que intentan transportar ayuda humanitaria. En un país donde la moneda se ha desplomado y la mayoría vive en pobreza extrema, estas cantidades son prohibitivas. La ayuda que logra pasar lo hace solo si alguien tiene dinero para pagar a quienes supuestamente están ahí para proteger.
La intimidación completa el cuadro. Ciudadanos que intentan documentar la crisis, que graban videos de los daños o de la inacción estatal, reciben amenazas directas. "Si sigues grabando, te voy a llevar para el Sebin", dicen los agentes, refiriéndose al servicio de inteligencia. El mensaje es claro: la visibilidad de esta tragedia es peligrosa para quienes están en el poder. El miedo se convierte en otra capa de la crisis, impidiendo que la magnitud real de lo ocurrido sea conocida.
Lo que emerge es un patrón: negligencia estatal, corrupción militar, intimidación de testigos. Mientras las familias buscan a sus desaparecidos sin apoyo oficial, mientras la ayuda humanitaria es extorsionada en los controles, mientras quienes documentan la verdad son amenazados, el gobierno mantiene su narrativa de control. El resultado es caos total, miedo generalizado, y una población vulnerable abandonada a su suerte en el momento en que más necesita protección y solidaridad.
Citas Notables
El Gobierno quiere monopolizar la ayuda humanitaria sin tener la capacidad logística ni la honradez para gestionarla— Luis Báez, médico venezolano
Me han dejado sola para encontrar a mis hijas— Ciudadana venezolana afectada por los terremotos
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el gobierno querría monopolizar la ayuda si no puede entregarla?
Porque el control es lo que importa. Si la ayuda viene de fuentes independientes, de organizaciones civiles o internacionales, el gobierno pierde la capacidad de decidir quién recibe qué, y eso significa perder poder político.
¿Y los militares cobrando sobornos? ¿Eso es política también o es simplemente corrupción?
Es ambas cosas. Los militares actúan como guardianes de un sistema que los beneficia. Cada dólar que cobran es dinero que no llega a las víctimas, y eso refuerza la dependencia de la población hacia el Estado.
¿Qué pasa con las personas que graban? ¿Realmente las llevan al Sebin?
La amenaza es suficiente. No necesitan cumplirla siempre. El miedo funciona mejor que la represión real porque es invisible y se propaga rápido. Alguien ve que amenazan a un vecino y deja de grabar.
¿Entonces nadie sabe cuántas personas murieron o desaparecieron?
Exacto. No hay cifras confiables. Solo historias de familias buscando solas, sin ayuda oficial, sin información. Eso es lo más grave: la invisibilidad de la tragedia.