Las empresas argumentan que sus operaciones no afectan la infraestructura crítica nacional y que el proceso de calificación fue opaco, sin fundamentación individualizada ni ponderación de proporcionalidad. La inclusión como operador de importancia vital les impone nuevas responsabilidades de ciberseguridad y los expone a multas de hasta 40 mil UTM (US$3,1 millones) por incumplimiento.