Yo hoy estoy jodido. Tienen que entender que a mucha gente de izquierdas esto les rompe el corazón
En el espacio de un solo día, la certeza se convirtió en duda. Los aliados del Gobierno que el martes defendían a José Luis Rodríguez Zapatero con convicción casi unánime, leyeron el miércoles las 88 páginas del auto del juez Calama —que lo imputa por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra— y moderaron su voz. Es el momento en que la lealtad política se encuentra con la gravedad de un documento judicial, y la honestidad obliga a distinguir entre ambas cosas.
- El auto del juez Calama, con 88 páginas de indicios de tráfico de influencias y blanqueo, sacudió la defensa cerrada que los socios del Gobierno habían construido apenas 24 horas antes.
- Gabriel Rufián pasó de hablar de persecución judicial a admitir públicamente que el documento era 'jodido' y que quizá se había equivocado en su defensa inicial.
- El Gobierno mantiene la inocencia de Zapatero pero abandona la palabra 'lawfare' y reconoce en privado que el auto está bien construido, aunque insiste en que falta prueba documental concluyente.
- La oposición aprovecha la fractura: Feijóo acusa a Sánchez de haber facilitado los hechos y convierte la imputación en argumento moral contra el Ejecutivo.
- Zapatero deberá declarar como investigado el 2 de junio ante la Audiencia Nacional, con su estrategia de defensa aún sin revelar.
El martes, los aliados del Gobierno defendieron a Zapatero con una seguridad casi sin fisuras. Algunos hablaban de persecución judicial. Luego llegó el miércoles y muchos leyeron el auto del juez Calama —88 páginas que imputan al expresidente por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra—. El tono cambió.
Pedro Sánchez mantuvo la línea desde su escaño: apoyo sin matices, mención al legado del expresidente y apelación a la presunción de inocencia. Félix Bolaños expresó su confianza. Fernando Grande-Marlaska esquivó dos veces la pregunta de si pondría la mano en el fuego por Zapatero. El mensaje desde Moncloa era consistente, pero con grietas visibles.
Gabriel Rufián fue quien más visiblemente rectificó. El martes había insinuado que todo era un ataque contra la izquierda. El miércoles admitió estar 'jodido', reconoció que el auto era serio y que quizá se había equivocado en su defensa inicial. Era una rectificación incómoda, hecha con afecto pero con los ojos abiertos. Verónica M. Barbero, de Sumar, que había criticado a los jueces, reconoció que 'no teníamos información'. Àgueda Micó, de Compromís, admitió que 'no está tan claro que haya lawfare'.
Desde Moncloa reconocieron en privado que el auto estaba bien construido y que los indicios eran graves, pero insistieron en que faltaba prueba documental concluyente. Emiliano García Page fue más directo: pidió a sus compañeros que no usaran el legado de Zapatero como justificación para delinquir.
La oposición vio una oportunidad. Feijóo habló del 'faro moral' del Gobierno imputado y acusó a Sánchez de haber facilitado los hechos. La imputación había fracturado la unidad de la izquierda, al menos públicamente. Zapatero declarará como investigado el 2 de junio ante la Audiencia Nacional, con su estrategia de defensa aún sin revelar.
El martes, los aliados políticos del Gobierno salieron en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero con una seguridad casi sin fisuras. Creían en su inocencia. Algunos hablaban de persecución judicial, de ataques contra la izquierda. Luego llegó el miércoles y muchos de ellos leyeron las 88 páginas del auto del juez Calama que imputa al expresidente por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. El tono cambió. No de golpe, pero cambió.
Pedro Sánchez mantuvo la línea. Desde su escaño en el Congreso, le dio a Zapatero "todo su apoyo" sin matices, recordó su legado —la ampliación de derechos, la salida de Irak, el fin de ETA— y pidió respeto a la presunción de inocencia. Félix Bolaños, ministro de Justicia, expresó su confianza en el expresidente. Fernando Grande-Marlaska, por su parte, esquivó dos veces la pregunta directa sobre si pondría la mano en el fuego por Zapatero. El mensaje desde Moncloa era consistente pero con grietas visibles.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, fue el que más visiblemente cambió de posición. El martes había insinuado que todo era un ataque de los jueces contra la izquierda, que Zapatero era un activo electoral que molestaba. El miércoles, en la sesión de control, admitió estar "jodido". "Si esto es verdad, es una mierda", dijo. Horas después, en un evento, fue más lejos: reconoció que "quizá se equivocó" en su defensa inicial, que el auto era "jodido", pero que Zapatero seguía siendo un referente para él. Era una rectificación incómoda, hecha con afecto pero también con los ojos abiertos.
Patxi López mantuvo una posición más firme. Antes de leer el auto pidió investigación y presunción de inocencia. Después, dijo casi lo mismo: seguiría defendiendo a Zapatero "hasta que se demuestre lo contrario". Pero otros socios moderaron su lenguaje de forma más clara. Verónica M. Barbero, portavoz de Sumar, que el martes había criticado a los jueces y hablado de "dudas", reconoció el miércoles que "no teníamos información" y pidió que se investigara. Negó haber mencionado lawfare, aunque sus palabras del día anterior sonaban muy parecido. Àgueda Micó, de Compromís, que había cuestionado si Zapatero era víctima de una "guerra judicial", admitió que "no está tan claro que haya lawfare".
Desde Moncloa, las fuentes gubernamentales reconocieron lo que el auto mostraba: que estaba bien construido, que había indicios de tráfico de influencias, que era un documento serio. Pero insistieron en que no había prueba documental concluyente. Era una forma de mantener la inocencia presumida mientras se admitía la gravedad de lo que los jueces habían encontrado. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, fue más directo: pidió a sus compañeros que no usaran el legado de Zapatero ni sus ideales como justificación para delinquir, una crítica velada a quienes defendían al expresidente con "furor".
La oposición vio en todo esto una oportunidad. Alberto Núñez Feijóo habló de la imputación del "faro moral" del Gobierno y acusó a Sánchez de que sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir. Santiago Abascal, fiel a su estilo, mezcló la acusación con su retórica antiinmigración. Lo que quedaba claro era que la imputación había fracturado la unidad de la izquierda, al menos públicamente. Zapatero debe declarar como investigado el 2 de junio ante la Audiencia Nacional. Su abogado, Víctor Moreno Catena, aún no ha revelado su estrategia de defensa. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su apoyo pero con un tono más cauteloso, reconociendo que el auto es grave aunque insistiendo en que falta la prueba definitiva.
Citações Notáveis
Yo hoy estoy jodido. Le tengo un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara. Tienen que entender que a mucha gente de izquierdas en este país esto les rompe el corazón— Gabriel Rufián, portavoz de ERC
Quizá se equivoqué. Lo hice de primeras y lo hice por afecto y por responsabilidad política. Creo que Zapatero para mí sigue siendo un referente, un tótem de la izquierda— Gabriel Rufián, en evento de Siglo XXI
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué el auto judicial cambió tanto el mensaje de los aliados de Zapatero?
Porque leer 88 páginas detalladas de indicios de tráfico de influencias y blanqueo es muy diferente a defender a alguien en abstracto. El documento era específico, estaba bien construido. Eso es difícil de ignorar.
¿Entonces Rufián admitió que se equivocó?
Sí, pero de una forma que muestra cuánto le duele. Dijo que lo hizo "por afecto y por responsabilidad política". No era un cambio frío. Era alguien que se daba cuenta de que su defensa inicial no resistía la lectura del auto.
¿Y el Gobierno qué hace con esto?
Mantiene que Zapatero es inocente, pero ya no habla de persecución judicial ni de lawfare. Reconoce que el auto es serio, que hay indicios. Es una forma de no abandonarlo pero tampoco de negar lo que está escrito.
¿Hay algo que el Gobierno sabe que nosotros no?
Dicen que no hay prueba documental concluyente. Pero eso es diferente a decir que no hay nada. Es una distinción importante: indicios graves sin prueba definitiva.
¿Esto debilita a Sánchez?
Claramente. La oposición lo usa para cuestionar la moralidad de todo el Ejecutivo. Y la izquierda está dividida, aunque sea en matices. Eso es lo que duele más.