A cien días de haber asumido la presidencia de Costa Rica, Laura Fernández ha mantenido con firmeza su apuesta por la seguridad como eje de gobierno, pero esa coherencia ha tenido un precio: fricciones crecientes con la Sala Constitucional y una Asamblea Legislativa que resiste sus iniciativas prioritarias. En la historia de las democracias latinoamericanas, este momento recuerda una tensión clásica: la voluntad ejecutiva que choca con el equilibrio de poderes que define al Estado de derecho. La convocatoria a los Supremos Poderes para el 21 de agosto revela que el gobierno reconoce que gobern