Un intermediario invisible que operaba desde afuera
En el cruce entre el poder institucional y la sombra de los negocios privados, Miguel Ángel Calvete —ex vocero de supermercadistas y ex concejal— permanece detenido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza desde octubre de 2025, cuando la justicia convergió sobre él desde dos frentes: una condena por proxenetismo y una investigación por corrupción en compras de medicamentos dentro de Andis, la agencia estatal de discapacidad. Su caso ilustra cómo las redes de influencia se tejen entre cargos formales y operadores invisibles, entre empresas propias y funcionarios con acceso al erario. La pregunta que la investigación intenta responder no es solo quién firmó los contratos, sino quién los diseñó desde afuera.
- Calvete fue detenido el 9 de octubre durante un allanamiento en su casona de San Telmo, donde la justicia buscaba pruebas de una red de corrupción que habría direccionado compras millonarias en Andis.
- Sin ocupar ningún cargo oficial, Calvete habría operado como eje externo de un sistema cerrado que conectaba a funcionarios internos, una droguería y una consultora de su propiedad para canalizar fondos públicos.
- La investigación reveló chats incautados con registros de visitas a un country en Pilar y una supuesta entrega de cinco millones de pesos al entonces titular de Andis, Diego Spagnuolo.
- El caso arrastró a su hija Ornella, quien perdió su cargo en el Ministerio de Economía tras el hallazgo de cerca de 700 mil dólares en un allanamiento, evidenciando la extensión familiar de las sociedades investigadas.
- Calvete guarda silencio ante la justicia y permanece en aislamiento en el hospital carcelario, mientras la trama de sus empresas y sus vínculos con Profarma e Indecomm sigue siendo desenredada por el fiscal Picardi.
Miguel Ángel Calvete lleva más de un mes recluido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, en una celda solitaria, sometido a exámenes médicos que sus defensores vinculan a antecedentes psiquiátricos. El hombre de 60 años, ex vocero de supermercadistas chinos y ex concejal durante la gestión de Cambiemos, enfrenta dos procesos judiciales que se cruzaron el 9 de octubre cuando el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron su casa en la calle Defensa, en San Telmo. Las fotos que circularon mostraban su rostro con párpados y pómulos inflamados; la explicación fue menos dramática de lo que parecía: se había operado las bolsas bajo los ojos justo antes del procedimiento.
La condena por proxenetismo no era novedad: desde 2019 pesaba sobre él una sentencia a cuatro años dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 8, que determinó que Calvete, su hermano Alejandro y un exempleado del Consejo de la Magistratura percibían dinero de prostitutas en condiciones desventajosas, valiéndose de inmuebles bajo su control.
El caso de Andis tiene una arquitectura más compleja. El fiscal Picardi sospecha que Calvete, sin cargo alguno en el organismo, actuaba como operador externo central: contaba con dos contactos internos con acceso al sistema de compras, mantenía una relación estrecha con Diego Spagnuolo —la máxima autoridad de Andis en el período investigado— y controlaba dos sociedades complementarias, Indecomm S.R.L. y Profarma, cuya directora era a la vez accionista de la primera. Chats incautados registran visitas al country de Spagnuolo en Pilar y una supuesta entrega de cinco millones de pesos.
La caída de Calvete alcanzó a su familia: su hija Ornella perdió su puesto en el Ministerio de Economía tras el hallazgo de cerca de 700 mil dólares en un allanamiento, y compartía con su padre directorios en varias sociedades inmobiliarias. Ante el juez, Calvete eligió el silencio. Hoy permanece aislado en Ezeiza mientras la justicia continúa trazando el mapa de los millones que fluyeron a través de sus empresas.
Miguel Ángel Calvete lleva más de un mes en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, alojado en una celda solitaria, sometido a exámenes médicos que sus abogados vinculan a antecedentes psiquiátricos. El hombre de 60 años, quien fuera vocero de supermercadistas chinos y concejal durante la gestión de Cambiemos, enfrenta ahora dos procesos judiciales que convergieron el 9 de octubre cuando la policía allanó su casa en San Telmo.
Ese día, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi llegaron a la casona de la calle Defensa buscando pruebas de una presunta red de corrupción tejida dentro de Andis, la agencia estatal de discapacidad. Las fotos que circularon en redes sociales mostraban a Calvete con los ojos apenas visibles bajo párpados y pómulos inflamados. Quienes lo vieron pensaron que había sido golpeado. La explicación que llegó después fue menos dramática pero igualmente reveladora: Calvete se había sometido a una cirugía estética para remover bolsas bajo los ojos justo antes del procedimiento policial.
La detención de Calvete no fue sorpresa legal. Desde 2019 pesaba sobre él una condena a cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 8 por explotación de la prostitución ajena. El juez Javier Anzoategui determinó que tanto Calvete como su hermano Alejandro y Ramiro Martin Rius, un exempleado del Consejo de la Magistratura porteño, se beneficiaban de pagos que efectuaban prostitutas en condiciones desventajosas. Las escuchas telefónicas revelaron que ambos hermanos disponían de inmuebles bajo su control y percibían dinero de esa actividad. La fiscal María Luz Castany fue clara en su acusación: los Calvete operaban un esquema de explotación.
Pero el caso de Andis presenta una arquitectura distinta. El fiscal Picardi sospecha que Calvete funcionó como una pieza externa pero central en un engranaje de compras direccionadas. Sin cargo oficial ni designación dentro del organismo, Calvete contaba con operadores internos: Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, ambos con acceso al sistema de compras de medicamentos e insumos médicos. Mantenía una relación cercana con Diego Spagnuolo, la máxima autoridad de Andis durante el período investigado. Los registros muestran que Calvete visitó la casa de Spagnuolo en un country de Pilar al menos cinco veces y lo recibió en San Telmo el día en que supuestamente le entregó cinco millones de pesos, según constan en chats incautados.
Desde afuera, Calvete ejercía control directo sobre Indecomm S.R.L, una firma de consultoría de su propiedad, y sobre Profarma, una droguería cuya directora, Ruth Noemí Lozano, también era accionista de Indecomm. El fiscal explicó en su dictamen que ambas sociedades funcionaban de manera complementaria en la provisión de medicamentos e insumos y en la gestión de cobros ante Andis, articuladas bajo la dirección del mismo grupo de control. Era un sistema cerrado, interdependiente, diseñado para que el dinero circulara de forma predeterminada.
La caída de Calvete arrastró a su familia. Su hija Ornella, quien trabajaba en una secretaría del ministerio de Economía, salió del cargo. En un allanamiento le encontraron cerca de 700 mil dólares. Padre e hija compartían directorios en varias sociedades anónimas dedicadas a servicios inmobiliarios y construcción. Cuando llegó el momento de declarar ante el juez y el fiscal, Calvete eligió guardar silencio, como hicieron también los demás imputados en la causa. Ahora permanece en el hospital carcelario de Ezeiza, en aislamiento, mientras la investigación continúa desentrañando los movimientos de millones de pesos que fluyeron a través de sus empresas.
Citações Notáveis
Se advierte una interdependencia entre ambas sociedades, que funcionaban de manera complementaria en la provisión de medicamentos e insumos y en la gestión de cobros ante Andis, articuladas bajo la dirección de un mismo grupo de control— Fiscal Franco Picardi
De las escuchas surge que tanto Miguel Ángel como Alejandro disponían sobre los inmuebles que estaban bajo su órbita y se beneficiaban de los pagos que efectuaban las prostitutas en condiciones desventajosas— Fiscal María Luz Castany
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Cómo es posible que alguien sin cargo oficial dentro de Andis tuviera tanto poder para direccionar compras?
Eso es exactamente lo que el fiscal está investigando. Calvete no necesitaba un título. Tenía operadores internos con acceso al sistema, una relación personal con el director, y empresas propias que recibían los contratos. Era un intermediario invisible.
¿Y nadie se dio cuenta antes?
Alguien se dio cuenta. Las escuchas telefónicas, los chats, los registros de visitas. Pero estos esquemas funcionan porque están diseñados para que parezcan normales. Consultoría, droguería, compras de medicamentos. Todo suena legítimo hasta que ves el patrón.
¿Qué pasa ahora con las medicinas que Andis necesita?
Esa es la pregunta que nadie está haciendo en voz alta. Mientras Calvete está en Ezeiza, Andis sigue funcionando. Pero si estas compras estaban direccionadas, ¿qué calidad tenían los medicamentos? ¿A quién le faltó tratamiento?
¿Por qué eligió no declarar?
Es una estrategia legal común. Cualquier cosa que diga puede usarse en su contra. Pero el silencio también habla. Especialmente cuando hay chats, visitas registradas, dinero que se puede rastrear.
¿Cómo termina una historia como esta?
Depende de cuánto puedan probar. Si logran conectar cada movimiento de dinero con una decisión de compra específica, Calvete enfrenta años de cárcel. Si no, quizás solo cumpla la condena por proxenetismo. Pero la investigación recién está en sus primeras fases.