Cien estudiantes vascos denuncian castigo con ceros en euskera que les expulsa de Euskadi

Iñigo Ibeas salió del examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad convencido de que había respondido bien. El estudiante de Munabe, en Vizcaya, había trabajado cada pregunta con cuidado. Cinco días después, cuando llegaron las calificaciones, descubrió que había recibido un cero. No estaba solo. Alrededor de cien estudiantes de Bachillerato en colegios concertados de orientación religiosa de la provincia se enfrentaban a la misma situación: decenas de ceros y casi cincuenta calificaciones por debajo del dos en la prueba de euskera. Las notas hundían sus posibilidades de acceder a carreras como Medicina o Enfermería, cuyos requisitos de corte rondan los 12,3 puntos.

Ibeas había imaginado un futuro cercano. La nueva Facultad de Medicina que el Gobierno vasco construía quedaba a apenas doscientos metros de donde él vivía. Su familia era numerosa, y la matrícula en la universidad pública era asequible. Ahora, esa posibilidad se desvanecía. «Se nos quiere echar a los que somos de Bilbao y no tenemos el C1 de euskera», denunció el estudiante, quien días después se presentaría con un megáfono frente a la Escuela de Ingeniería para exigir transparencia.

María Martínez, estudiante de Ayalde, también había terminado el examen convencida de su desempeño. Nunca había recibido un cero en su vida académica. «Me parece más difícil sacar un cero que un 0,8 porque hice todos los ejercicios y salí contenta del examen», explicó. Junto a compañeras como Ana Núñez y Marta López, se unió a las protestas. Los estudiantes, sus familias y profesores salieron a las calles en lo que fue la primera manifestación pública en la historia de la selectividad vasca. «¡Un cero injusto, mil sueños rotos!», gritaban. «¡Corrupción en la corrección!».

Los estudiantes denunciaban un patrón deliberado. Las penalizaciones, argumentaban, no eran accidentales sino dirigidas contra centros que usaban el castellano como lengua vehicular y tenían orientación religiosa. «Soy muy consciente que a nuestros colegios se nos persigue: se nos bajan las notas, sabemos que hay determinadas cosas que nos penalizan y que lo hacen para fastidiarnos. Son cosas muy concretas y no son sin querer. No se ponen de la nada 60 ceros», sostuvo María Martínez, una estudiante de notables en Bachillerato cuya denuncia contradecía los argumentos que portavoces de la izquierda abertzale habían esgrimido en redes sociales contra estos alumnos.

La Universidad Vasca, ahora denominada únicamente en euskera como Euskal Herriko Unibertsitatea, se mantuvo en silencio sepulcral. No ofreció explicaciones sobre por qué aproximadamente la mitad de los casi trescientos estudiantes asignados al Tribunal 11 de Vizcaya habían sido penalizados. El equipo rectoral, presidido por Joxerramon Bengoetxea, un exviceconsejero vasco, había nombrado a Leire Legarreta Solaguren, experta en matemáticas, como responsable de la organización de la PAU. Docentes universitarios experimentados habían sido reemplazados por nuevos profesores e investigadores bilingües sin experiencia previa como correctores de selectividad.

El sindicato Comisiones Obreras había planteado meses atrás cambios en el modelo de corrección que facilitaran el trabajo y aumentaran los apenas tres euros por examen que recibían los correctores. Las propuestas fueron rechazadas. Ahora, con los resultados provisionales en la mano, los datos revelaban una brecha significativa: el porcentaje de estudiantes euskaldunes aprobados era siete puntos superior al de quienes se habían formado en castellano.

Expertos en Educación advertían de una «debacle emocional» entre el alumnado, especialmente entre los penalizados. Ni las denuncias públicas, ni las protestas de madres, padres y centros escolares, ni la constatación del Gobierno vasco de este «escarmiento extraordinario» habían modificado la decisión de la Universidad de realizar una revisión ordinaria de sus pruebas. Cien estudiantes vizcaínos veían comprometido su futuro académico. Muchos se verían obligados a abandonar Euskadi para continuar sus estudios superiores, expulsados no por sus calificaciones sino por las calificaciones que les habían asignado.

María Martínez, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. «A mí me encantaría vivir en Bilbao y tengo claro que el euskera me lo voy a sacar. Yo voy a trabajar para sacar mi carrera pero también para tener un nivel alto de euskera que me permita trabajar en Bilbao», advirtió. Como Iñigo Ibeas y decenas de sus compañeros, se negaba a ser expulsada de su tierra por la política de imposición lingüística intensificada por partidos como el PNV y EH Bildu.