La regularización es una buena noticia, ahora tenemos que ver su implantación
El 14 de abril, el Gobierno español aprobó una medida de regularización migratoria acompañada de un real decreto que busca garantizar el acceso universal a la sanidad, eliminando obstáculos como el empadronamiento que durante años mantuvieron a miles de personas al margen de derechos fundamentales. Expertos reunidos por Servimedia coincidieron en que la decisión marca un punto de inflexión, aunque advirtieron que el verdadero reto no está en la norma sino en su implementación. En la historia larga de las migraciones, este momento recuerda que las barreras administrativas nunca son neutrales: siempre tienen un rostro y un costo humano.
- Cientos de miles de migrantes en situación irregular llevaban años sin poder acceder a servicios sanitarios básicos por exigencias burocráticas como el empadronamiento, una trampa silenciosa que los dejaba fuera del sistema.
- Las farmacias se habían convertido en el único refugio sanitario para muchos: el 20% de los 2,3 millones de personas que las visitan a diario son migrantes que evitan hospitales por miedo y barreras culturales.
- La regularización aprobada en abril abre formalmente esa puerta cerrada, pero expertos advierten que sin protocolos claros, mediadores interculturales y financiación estable, la norma corre el riesgo de quedarse en papel.
- Un decálogo de medidas concretas —desde armonización normativa hasta intérpretes como personal estructural— traza el camino hacia una equidad sanitaria que aún no está garantizada.
- El sistema sanitario español se enfrenta ahora a su propio examen: si está realmente preparado para recibir a quienes, por primera vez, pueden cruzar la puerta sin miedo.
El 14 de abril, el Gobierno aprobó una medida de regularización para migrantes en España junto a un real decreto que busca garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria. Semanas después, expertos convocados por Servimedia confirmaron que la decisión representa un avance significativo, aunque subrayaron que su implementación será el verdadero desafío.
Laura Agúndez, del Instituto de Salud Global de Barcelona, explicó que el empadronamiento había sido una de las principales barreras para los migrantes en situación irregular. Su eliminación como requisito sanitario supone, en la práctica, abrir una puerta que llevaba años cerrada. Rita de la Plana, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, aportó un dato revelador: el 20% de los 2,3 millones de personas que visitan farmacias cada día en España son migrantes, que prefieren estos espacios de proximidad y confianza frente a hospitales donde enfrentan barreras lingüísticas y culturales.
Jesús Díaz, de la Organización Internacional para las Migraciones, destacó que la regularización beneficia a todos: a los migrantes, que podrán acceder a servicios sin temor; a la economía, que incorpora plenamente a quienes ya forman parte de las comunidades locales; y a la sociedad en su conjunto.
Para que la medida funcione, los expertos presentaron un decálogo de recomendaciones: armonizar la normativa de acceso sanitario, establecer protocolos sin discriminación, reforzar la farmacia comunitaria, simplificar procedimientos, incorporar mediadores interculturales como personal estructural y asegurar financiación estable a largo plazo. La regularización es el primer paso; la tarea ahora es garantizar que el sistema esté preparado para quienes finalmente decidan cruzar esa puerta.
El 14 de abril, el Gobierno aprobó una medida de regularización para migrantes en España, acompañada de un real decreto destinado a garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria. Semanas después, en un encuentro convocado por la agencia Servimedia, expertos y profesionales del sector confirmaron que esta decisión representa un paso significativo para reducir las barreras que enfrentan las poblaciones migrantes cuando intentan acceder a servicios de salud.
Laura Agúndez, técnica de Análisis e Incidencia Política del Instituto de Salud Global de Barcelona, fue una de las voces que respaldó la medida. Su investigación, realizada junto al Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, había documentado precisamente los obstáculos administrativos que impiden a los migrantes, especialmente a quienes se encuentran en situación irregular, acceder al sistema sanitario. El empadronamiento, explicó, no es un trámite sencillo para muchas de estas personas. La regularización, en ese contexto, elimina una de las principales trabas que los mantenía alejados de los servicios públicos de salud.
Rita de la Plana, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, aportó una perspectiva crucial: cada día, 2,3 millones de personas pasan por una farmacia en España, y aproximadamente el 20 por ciento de ellas son migrantes. Esta cifra no es casual. Las farmacias funcionan como puntos de acceso sanitario de proximidad para poblaciones que enfrentan barreras lingüísticas y culturales que las alejan de hospitales y centros de salud. Son espacios de confianza donde estas personas resuelven dudas y reciben orientación.
Jesús Díaz, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones en España, subrayó que la regularización beneficiará a múltiples actores. Para los migrantes en situación irregular, significará poder acceder a servicios públicos y sanitarios sin temor a represalias administrativas. Para la economía del país, la medida permitirá que personas que ya forman parte de sus comunidades locales contribuyan de manera más plena. Para las propias comunidades, significa contar con vecinos cuya situación legal había permanecido en la sombra.
Sin embargo, los expertos reconocieron que la aprobación de la regularización es solo el primer paso. El verdadero desafío radica en su implementación. Para garantizar que la medida funcione efectivamente, presentaron un decálogo de recomendaciones. Entre ellas figuran la armonización de la normativa de acceso a servicios sanitarios y sociosanitarios, el establecimiento de protocolos que aseguren una atención sin discriminación, y el refuerzo de la coordinación entre diferentes niveles de atención. También proponen fortalecer la farmacia comunitaria como agente sanitario de proximidad, simplificar los procedimientos de acceso, y detectar tempranamente necesidades complejas.
Otras medidas incluyen potenciar la formación intercultural de los profesionales sanitarios, incorporar mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural en los servicios, integrar la participación comunitaria, y asegurar una financiación estable con planificación estratégica a largo plazo. El informe reconoce que la población migrante tiende a acceder menos a servicios sanitarios formales y evita hospitales, pero recurre con mayor frecuencia a farmacias. Esa preferencia refleja tanto la accesibilidad física como la empatía que encuentran en estos espacios.
La regularización aprobada en abril representa un reconocimiento de que las barreras administrativas no son neutras: impiden que personas accedan a derechos fundamentales. Al eliminar el requisito de empadronamiento para acceder a servicios sanitarios, la medida abre una puerta que había permanecido cerrada. Ahora, según los expertos presentes en el diálogo, la tarea es asegurar que esa puerta se mantenga abierta y que el sistema sanitario esté preparado para recibir a quienes finalmente decidan cruzarla.
Citas Notables
Estas personas tienen muchas barreras administrativas para acceder al sistema sanitario, sobre todo si están en situación irregular porque empadronarse no es tan fácil— Laura Agúndez, técnica de Análisis e Incidencia Política de ISGlobal
Esta regularización va a ser un beneficio para todos: para la persona migrante que se sentirá más segura, para el sistema económico del país y para la comunidad— Jesús Díaz, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones en España
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué las farmacias son tan importantes en esta ecuación? Parecería que deberían serlo los hospitales.
Las farmacias están en el barrio. Un migrante con barreras lingüísticas y miedo a la administración no va a cruzar la ciudad para ir a un hospital si no es absolutamente necesario. Pero la farmacia está a la vuelta de la esquina, y el farmacéutico habla su idioma o al menos intenta entenderlo.
Entonces la regularización resuelve el miedo administrativo, pero ¿resuelve el miedo cultural?
No completamente. Por eso el decálogo incluye mediadores interculturales y formación para los profesionales. La regularización abre la puerta, pero necesitamos que alguien esté del otro lado para recibirlos sin prejuicios.
¿Cuál es el riesgo si esto no se implementa bien?
Que la medida quede en el papel. Que la gente siga teniendo miedo, siga evitando los servicios, y siga enfermándose en silencio. Y eso afecta a toda la comunidad, no solo a los migrantes.
¿Hay presión política para que funcione?
Los expertos están vigilantes. Presentaron un decálogo muy específico porque saben que la aprobación es fácil; la implementación es donde todo se decide.