La ayuda estadounidense era una forma de influencia, una manera de estar presente
Cuando la tierra se abrió bajo Venezuela en 2026, también se abrió una grieta en la retórica de años: la administración Trump, que había prometido derrocar al régimen de Caracas, envió a sus más altos funcionarios militares a coordinar ayuda humanitaria junto a las mismas autoridades que había sancionado. La catástrofe natural no eligió bando, y Washington tampoco lo hizo esta vez. En la historia larga de las relaciones hemisféricas, este episodio quedará como un recordatorio de que la pragmática del desastre puede doblar incluso las ideologías más declaradas.
- Una serie de terremotos devastó Venezuela, dejando víctimas y comunidades enteras bajo los escombros en medio de una crisis humanitaria de magnitud incierta.
- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Caracas para coordinar la ayuda, poniendo en escena la contradicción más visible de la política exterior trumpista en años.
- Washington respaldó públicamente las cifras de víctimas del gobierno venezolano, ignorando las dudas de observadores internacionales y legitimando implícitamente al régimen sancionado.
- La cooperación directa con Delcy Rodríguez —vicepresidenta previamente sancionada por la propia administración— marcó un giro diplomático sin anuncio formal ni explicación pública.
- El cambio de postura refleja un cálculo estratégico más amplio: la ayuda como instrumento de influencia regional en un momento en que América Latina reordena sus dinámicas de poder.
En los primeros meses de 2026, funcionarios estadounidenses de alto rango aterrizaron en Venezuela con una misión que habría parecido impensable poco tiempo antes: coordinar ayuda humanitaria con el mismo régimen que Donald Trump había prometido derrocar. El jefe del Comando Sur encabezó las operaciones sobre el terreno tras una serie de terremotos que sacudieron el país, supervisando personalmente la distribución de recursos junto a autoridades venezolanas.
Durante años, la política de Washington hacia Caracas había sido de confrontación declarada: sanciones severas, apoyo a la oposición, discursos inequívocos. Pero cuando la tierra se movió, la retórica cedió ante la pragmática. Sin anuncio formal ni explicación pública detallada, la administración comenzó a trabajar codo a codo con el gobierno de Delcy Rodríguez, vicepresidenta que ella misma había sido objeto de sanciones estadounidenses.
La cooperación no era meramente simbólica. Los funcionarios llegaron con autoridad real para tomar decisiones logísticas y de distribución, legitimando implícitamente al gobierno que supuestamente debía ser reemplazado. El punto de mayor tensión llegó con las cifras de víctimas: ante los cuestionamientos de observadores internacionales que consideraban los números oficiales demasiado bajos, Washington optó por respaldarlos públicamente, renunciando a cualquier exigencia de transparencia.
Detrás de ese giro había cálculos que superaban la emergencia inmediata. La ayuda humanitaria era también una forma de influencia, una manera de posicionarse en la mesa donde se decidirá la reconstrucción de Venezuela. No era la victoria prometida, pero era presencia. Y en la política hemisférica, la presencia tiene su propio peso.
En los primeros meses de 2026, funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense llegaron a Venezuela con una misión que habría parecido impensable años atrás: coordinar la entrega de ayuda humanitaria al régimen que Donald Trump había prometido derrocar. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos encabezó las operaciones, supervisando personalmente el despliegue de recursos tras una serie de terremotos que sacudieron el país caribeño. La escena capturaba una contradicción política tan profunda que dejaba en evidencia cuán radicalmente había girado la brújula diplomática estadounidense.
Durante años, la administración Trump había hecho de la caída del gobierno venezolano una prioridad declarada. Los discursos eran claros, las sanciones económicas severas, el apoyo a la oposición explícito. Pero cuando la tierra se movió y miles quedaron atrapados bajo los escombros, la retórica cedió paso a la pragmática. Los terremotos no reconocen ideología. Las personas enterradas bajo edificios derrumbados no votan por candidatos estadounidenses. Y así, sin anuncio formal ni explicación pública detallada, Washington comenzó a trabajar directamente con el gobierno de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que había sido sancionada años atrás por la propia administración Trump.
La presencia de funcionarios estadounidenses en Caracas no era meramente simbólica. Estos hombres y mujeres llegaban con autoridad para tomar decisiones sobre la distribución de recursos, la coordinación logística, la evaluación de daños. Trabajaban codo a codo con autoridades venezolanas, legitimando implícitamente al gobierno que supuestamente debería haber sido reemplazado. Los reportes que llegaban a Washington desde el terreno mostraban una cooperación que, meses antes, habría sido considerada traición a los principios de la política exterior estadounidense.
La cuestión de las cifras de víctimas se convirtió en un punto de fricción que reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar Washington. El gobierno venezolano ofrecía números que muchos observadores internacionales cuestionaban, sugiriendo que las cifras eran demasiado bajas, que el régimen estaba minimizando la magnitud de la catástrofe. Pero la administración Trump, en un giro que sorprendió incluso a analistas acostumbrados a los cambios abruptos, respaldaría públicamente las cifras del gobierno venezolano. No había confrontación sobre la precisión de los datos. No había exigencias de transparencia internacional. Había, en cambio, una aceptación tácita de la narrativa oficial.
Este cambio de política reflejaba cálculos que iban más allá de la humanitaria inmediata. La región estaba en movimiento. Haití enfrentaba su propia crisis. Las dinámicas de poder en América Latina se estaban reordenando. Mantener una postura de hostilidad absoluta hacia Venezuela, mientras el país sufría una catástrofe natural, comenzaba a parecer no solo cruel sino también contraproducente. La ayuda estadounidense, después de todo, era una forma de influencia. Era una manera de estar presente en el terreno, de construir relaciones, de posicionarse para lo que vendría después.
Los terremotos habían matado a personas cuyo número exacto seguía siendo objeto de debate. Habían desplazado a familias, destruido hogares, colapsado infraestructura. Y en medio de esa devastación, la política estadounidense había encontrado una manera de avanzar: no derrocando el régimen, sino trabajando con él. No era la victoria que Trump había prometido. Pero era presencia, era influencia, era una forma de estar en la mesa cuando se tomaran las decisiones sobre la reconstrucción de Venezuela.
Citas Notables
La administración Trump respalda al gobierno de Delcy en cuestiones relacionadas con las cifras de víctimas— Reportes de medios internacionales
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Cómo se reconcilia esta cooperación con años de promesas de derrocar al régimen?
No se reconcilia, simplemente se abandona. Los terremotos fuerzan una realidad que la retórica no puede ignorar: hay personas que necesitan ayuda ahora, no después de un cambio de gobierno.
¿Qué gana Estados Unidos respaldar las cifras de víctimas del gobierno venezolano?
Legitimidad en el terreno. Si cuestionas los números, cuestionas la autoridad del gobierno con el que necesitas trabajar. Es más fácil aceptar sus cifras que negociar sobre ellas mientras hay gente bajo los escombros.
¿Esto significa que la política de cambio de régimen está muerta?
No está muerta. Está en pausa. O tal vez simplemente se reconoce que la presencia es más valiosa que la confrontación cuando hay una crisis.
¿Qué pasa cuando termina la reconstrucción?
Eso es lo que nadie está diciendo en voz alta. Pero los funcionarios estadounidenses que están en Venezuela ahora estarán en posición de influir en cómo se reconstruye el país. Eso es poder real.
¿Hay precedente para esto?
Sí. Estados Unidos ha trabajado con gobiernos que no le gustan cuando la situación lo requiere. Pero hacerlo públicamente, sin la coartada de una emergencia que justifique el cambio, es más raro. Y eso es lo que hace esto paradójico.