La clave fue la comunicación de medidas en tiempo y contenido
En el otoño de 2024, una dana arrasó Valencia y se llevó 224 vidas. Ahora, una jueza reconstruye minuto a minuto las decisiones que se tomaron —y las que no— antes de que la alerta llegara a los teléfonos, cuando el agua ya cubría calles y municipios. La investigación no busca solo culpables, sino responder una pregunta más antigua y más pesada: quién tenía el poder de avisar a tiempo y por qué no lo hizo.
- La alerta masiva llegó a las 20.11 horas, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado y decenas de personas habían muerto, convirtiendo cada minuto de retraso en una pregunta judicial.
- El presidente Mazón estuvo fuera de su puesto desde las 14.30 hasta las 20.28 horas del día de la catástrofe, y la entonces consejera responsable admitió que ni siquiera sabía que existía el sistema de alerta Es Alert.
- La jueza Nuria Ruiz Tobarra aprieta el foco: pide en tres días la documentación sobre posibles pausas en la reunión del Cecopi, buscando el momento exacto en que alguien pudo haber actuado y no lo hizo.
- Con más de mil folios acumulados y sesenta testigos declarados, la instrucción avanza hacia la citación de miembros del Cecopi y la identificación de quiénes tenían competencias para salvar vidas mediante una comunicación oportuna.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, al frente del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, ha dado un nuevo paso en la investigación de la dana que en octubre de 2024 dejó 224 muertos y tres desaparecidos en Valencia. Su última orden se dirige a la Conselleria de Interior y Emergencias: en tres días debe entregar documentación que aclare si hubo pausas o interrupciones durante la reunión del Cecopi, el órgano donde se autorizó el envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles. La magistrada quiere saber si esas posibles pausas explican por qué el aviso llegó a las 20.11 horas, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado y los municipios estaban inundados.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reconoció esta semana que se incorporó al dispositivo de emergencias a las 20.28 horas, diecisiete minutos después del envío de la alerta. Había estado fuera de su puesto desde las 14.30 horas, en parte durante una comida con una periodista en la que supuestamente se le ofreció la dirección de la televisión pública A Punt. Ese mismo día había publicado en redes sociales que el temporal se desplazaba hacia Cuenca y que perdería intensidad por la tarde. Luego borró el mensaje. La entonces consejera responsable de emergencias, Salomé Pradas, admitió tras la tragedia que desconocía la existencia del sistema Es Alert, que había sido probado por la propia Generalitat. Fue destituida poco después.
La jueza ha encargado a la Guardia Civil una cronología detallada del día de la riada, con especial atención a los desbordamientos de ríos, barrancos y embalses. También ha pedido información a la Universidad de Valencia, que suspendió clases ese día por previsión de lluvias intensas, para determinar qué órgano tomó esa decisión y con qué criterios, mientras Mazón la calificaba de 'excesiva' en una reunión con representantes empresariales y sindicales. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha remitido su informe al juzgado.
Con más de mil folios y sesenta testigos declarados, la instrucción se concentra en identificar qué personas con competencias pudieron evitar o reducir el número de fallecidos. Para la magistrada, la clave estuvo en comunicar a tiempo las medidas de autoprotección. Algunas recomendaciones, lamenta, llegaron cuando ya había víctimas, convirtiéndolas en letra muerta. La investigación avanza hacia la eventual citación de los miembros del Cecopi como testigos, con una pregunta central que no ha cambiado desde el principio: qué se pudo haber hecho de otro modo, y quién tenía la responsabilidad de hacerlo.
La jueza que instruye la tragedia de la dana ha girado una nueva orden de investigación, esta vez enfocada en un detalle que podría resultar decisivo: si hubo pausas o interrupciones durante la reunión del Cecopi, el órgano de emergencias autonómico donde se autorizó el envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, ha pedido a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat que remita esta documentación en un plazo de tres días. La orden refleja una investigación que se va cerrando en torno a decisiones concretas y a los tiempos en que se tomaron.
La tragedia de octubre dejó 224 muertos y tres desaparecidos en la provincia de Valencia, convirtiéndose en la mayor catástrofe natural que ha golpeado la región. El sumario ya acumula más de mil folios y la jueza ha tomado declaración a sesenta testigos. Lo que la magistrada busca ahora es establecer si hubo momentos en los que la reunión se suspendió, algo que podría explicar por qué la alerta llegó a los teléfonos a las 20.11 horas, cuando ya el barranco del Poyo se había desbordado, los municipios estaban inundados y decenas de personas habían muerto. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, reconoció esta semana que se incorporó a ese dispositivo de emergencias a las 20.28 horas, diecisiete minutos después de que la alerta fuera enviada.
La investigación judicial se centra en identificar qué "personas con competencias" tuvieron la oportunidad de evitar o disminuir el número de fallecidos. Para la jueza, la clave estuvo en "la comunicación de las medidas de autoprotección acertadas en tiempo y contenido". El sistema Es Alert, a través del cual se remitió el mensaje masivo, existía y había sido probado por la Generalitat, pero la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, reconoció después de la tragedia que ni siquiera sabía que existía. Pradas fue destituida por Mazón tras los hechos.
La magistrada ha encargado a la Guardia Civil una cronología detallada del día de la riada, pidiendo que profundicen en los desbordamientos de ríos, barrancos y embalses. También ha solicitado información a la Universidad de Valencia, que suspendió las clases ese día por previsión de fuertes lluvias. La jueza quiere saber qué órgano tomó esa decisión, en qué se basó y si siguió criterios técnicos. Mazón, por su parte, calificó esa medida de "excesiva" durante una reunión con representantes empresariales y sindicales antes de ausentarse para comer con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, encuentro en el que supuestamente se le ofreció la dirección de la televisión pública A Punt. El presidente estuvo fuera de su puesto entre las 14.30 y las 20.28 horas del día de la catástrofe.
La investigación también ha documentado que Mazón publicó un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) el mismo día de la dana anunciando que el temporal se desplazaba hacia Cuenca y que disminuiría su intensidad sobre las seis de la tarde en el resto de la autonomía. Posteriormente borró el texto. La jueza ha recabado información de la Agencia Estatal de Meteorología y artículos periodísticos para reconstruir la evolución de la dana desde la mañana del 29 de octubre. Su cronología incluye momentos críticos como el desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de Chiva, donde se registró un récord de precipitaciones: 420 litros por metro cuadrado.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, ya ha remitido un informe al juzgado. La magistrada subraya que "el informe sobre la actuación de instituciones y organismos públicos constituye el núcleo de la instrucción". Las actuaciones del Cecopi darán lugar a eventuales citaciones de sus miembros como testigos. La jueza lamenta que "algunas recomendaciones" resultaron "completamente inútiles" porque llegaron después de que ya hubiera fallecidos. La investigación continúa enfocada en determinar qué se pudo haber hecho de manera diferente y quién tenía la responsabilidad de hacerlo.
Citas Notables
La finalidad de las pesquisas es averiguar qué personas con competencias pudieron evitar o disminuir el número de fallecidos— Jueza Nuria Ruiz Tobarra
El informe sobre la actuación de instituciones y organismos públicos constituye el núcleo de la instrucción— Auto de la jueza
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué la jueza se enfoca ahora en si hubo pausas en esa reunión del Cecopi? ¿Qué cambiaría eso?
Si hubo pausas, significa que el tiempo se detuvo en algún momento. Eso podría explicar por qué la alerta llegó tan tarde. Pero más importante: si se pausó, alguien decidió pausarla. Y eso es responsabilidad.
Mazón llegó diecisiete minutos después de la alerta. ¿Eso es relevante para la investigación?
Es más que relevante. Sugiere que las decisiones se tomaron sin él. Pero también que cuando llegó, ya era demasiado tarde. La pregunta es si debería haber estado allí desde el principio.
¿Por qué la jueza pregunta a la Universidad de Valencia sobre suspender clases?
Porque la Universidad lo hizo bien. Suspendió basándose en previsión técnica. La jueza quiere saber por qué las instituciones de emergencia no hicieron lo mismo, o lo hicieron tarde.
¿Qué significa que Salomé Pradas no supiera que existía Es Alert?
Significa que el sistema estaba ahí, probado, listo. Pero nadie lo usó porque nadie sabía que existía. Es un fallo de comunicación interna que costó vidas.
¿Cree que esto llegará a acusaciones formales?
La jueza está siendo muy meticulosa. Está buscando no solo qué pasó, sino quién pudo evitarlo. Eso apunta hacia responsabilidades concretas, no hacia accidentes.