Matar, extorsionar, secuestrar sale prácticamente sin consecuencia
En México, casi el 95% de los delitos cometidos en 2020 no recibieron sentencia, acuerdo ni reparación alguna, según un análisis exhaustivo de México Evalúa. Esta cifra no es solo una estadística: es el retrato de un sistema de justicia que, sobrecargado y sin estrategia, convierte la impunidad en la norma y el castigo en la excepción. En un país donde la violencia ha sido constante durante años, la ausencia de consecuencias alimenta el ciclo del crimen y deja a millones de víctimas sin respuesta ni dignidad.
- El 94,8% de los delitos en México quedan sin resolución, una cifra que ha empeorado desde 2019 y que en crímenes como tortura o desaparición forzada roza el 100%.
- Los fiscales gestionan hasta 456 casos anuales por persona en algunos estados, mientras los peritos solo responden menos del 4% de las solicitudes técnicas, haciendo que la mayoría de los casos sean imposibles de llevar a juicio.
- La prisión preventiva creció un 21% en un año, llenando cárceles de personas que pueden pasar hasta dos años detenidas sin condena, mientras los procedimientos abreviados abren la puerta a la fabricación de culpables.
- Las mujeres acusadas enfrentan un sistema más severo: mayor probabilidad de prisión preventiva, penas más altas y más violaciones a sus derechos desde el momento de la detención.
- Estados como Zacatecas y Querétaro han comenzado a revertir la tendencia con protocolos institucionales concretos, ofreciendo un camino replicable para el resto del país.
México atraviesa una crisis de justicia sin precedentes recientes. Un informe de México Evalúa, basado en datos oficiales del sistema penal de 2020, revela que el 94,8% de los delitos no reciben sentencia, acuerdo ni reparación. La cifra empeoró respecto al 92,4% registrado en 2019. En un país con casi cien homicidios diarios, esto significa que matar, secuestrar o hacer desaparecer a alguien tiene consecuencias mínimas.
Chrístel Rosales, coordinadora del informe, señala que el problema de fondo es la ausencia de criterios para priorizar casos. Las fiscalías atienden cada denuncia sin orden ni estrategia, aunque al menos el 30% podría resolverse por vías alternativas. Solo uno de cada dos casos recibe alguna respuesta, y el 60% de esos termina archivado. Los números son brutales: en Nuevo León, cada fiscal maneja 456 investigaciones al año; los peritos responden menos del 4% de las solicitudes técnicas. México tiene apenas cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 26 de Costa Rica.
El sistema penal fue reformado en 2016 para garantizar derechos humanos y presunción de inocencia, pero las viejas prácticas persisten. La prisión preventiva —que puede extenderse hasta dos años— creció un 21%, y el procedimiento abreviado, que incentiva declaraciones de culpabilidad sin juicio, subió un 16%. Rosales advierte que esta herramienta facilita la fabricación de culpables. Los defensores públicos cargan con 152 clientes en promedio, y una de cada cuatro detenciones fue declarada ilegal.
Las mujeres sufren el sistema de forma desproporcionada: tienen mayor probabilidad de prisión preventiva, reciben penas más largas y enfrentan más presiones y amenazas desde el momento de su detención. Sin embargo, algunos estados —Zacatecas, Querétaro, Nuevo León, Coahuila— han logrado avances reales mediante protocolos institucionales. Para Rosales, ahí están las claves que el resto del país debería seguir, si el gobierno federal está dispuesto a ver la realidad tal como es.
México está viviendo una crisis de justicia tan profunda que casi no hay justicia en absoluto. Según un informe exhaustivo de México Evalúa que analizó los datos oficiales del sistema penal en 2020, el 94,8% de los delitos cometidos en el país nunca reciben una sentencia, un acuerdo entre partes, o siquiera reparación del daño. Muchos casos ni llegan a juicio; simplemente se archivan y desaparecen. Esta cifra ha empeorado desde 2019, cuando la impunidad alcanzaba el 92,4%. En un país donde ocurren casi cien asesinatos cada día, donde la violencia ha sido constante durante casi una década, esta realidad significa que matar, extorsionar, secuestrar o hacer desaparecer a alguien sale prácticamente sin consecuencia.
Chrístel Rosales, coordinadora del informe, identifica el problema fundamental: los ministerios públicos no tienen un protocolo para priorizar casos. El presupuesto limitado se gasta sin estrategia, atendiendo cada denuncia que llega sin orden ni criterio. Según la investigación, al menos el 30% de los delitos podrían resolverse a través de justicia alternativa, pero ese filtro casi no existe. "Le dan la misma prioridad a una desaparición u homicidio que a un robo menor", explica Rosales. El resultado es que solo uno de cada dos casos recibe alguna respuesta de la fiscalía, y de esos que sí la reciben, el 60% termina archivado. En delitos como tortura o desaparición forzada, la impunidad roza el 100%.
El colapso es visible en los números crudos. En promedio, cada fiscal inicia 145 investigaciones al año, pero en Nuevo León esa cifra sube a 456 por persona, y en Sonora a 326. Los peritos —el personal técnico que proporciona pruebas científicas— están igualmente abrumados. A nivel federal, cada técnico maneja al menos 160 solicitudes de análisis, pero a nivel local esa cifra llega a 448. En total, los peritos responden menos del 4% de los dictámenes solicitados. "Esto provoca que los casos no lleguen a ser judicializables, no solo por la carga de trabajo, sino por falta de elementos de prueba", dice Rosales. Además, México tiene poco más de cuatro jueces por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene 12; Costa Rica, el país latinoamericano con menor tasa de impunidad, tiene 26.
El sistema penal mexicano fue reformado en 2016, pasando de un modelo inquisitorio medieval a uno que respeta derechos humanos y la presunción de inocencia. Pero cinco años después, muchas malas prácticas del viejo sistema persisten. Un juez local contó a El País un ejemplo: en los juzgados existe una broma amarga sobre que las policías están "patrocinadas" por la marca de cuchillos Tramontina. Un cuchillo es suficiente para que alguien sea enviado a prisión preventiva por robo o presunto narcomenudismo, dándole tiempo a la fiscalía para investigar. Después, el acusado puede probar que el cuchillo no era suyo, que no hay huellas, que "me lo sembraron". Queda absuelto. Pero hasta llegar a ese punto, puede haber pasado dos años en la cárcel.
El informe documenta un aumento del 21% en prisión preventiva en el último año, una herramienta que da 24 meses a las fiscalías para trabajar sus casos pero que llena las cárceles de gente inocente. También ha crecido un 16% el procedimiento abreviado, mediante el cual un acusado se declara culpable sin juicio a cambio de una rebaja de condena. "Esta herramienta da pie a la vieja práctica de la fabricación de culpables, donde se busca que las personas se asuman responsables aunque no hayan participado, con el objetivo de cerrar el caso", advierte Rosales. Los derechos de los procesados tampoco están garantizados: cada abogado público tiene en promedio 152 clientes, y en Veracruz la situación es casi desesperada. Una de cada cuatro detenciones fueron ilegales.
Las mujeres acusadas enfrentan un sistema aún más punitivo. Tienen un 50% de probabilidades de ser enviadas a prisión preventiva, comparado con el 40% de los hombres. Reciben penas más altas: dos terceras partes de los condenados a más de 21 años de prisión son mujeres, aunque hay muchas menos reclusas que reclusos. Desde el momento de su detención, sufren más amenazas contra familiares, reciben menos información sobre sus derechos, son más presionadas para cambiar su versión de los hechos y tienen menos acceso a abogados públicos.
No todo es oscuridad. Algunos estados han avanzado: Zacatecas, Querétaro, Nuevo León y Coahuila se han convertido en pioneros al implementar protocolos para reducir impunidad. A pesar de que algunos manejan cifras de violencia entre las más altas del país, sus instituciones se han fortalecido. "Ahí están las pistas a seguir para el resto", dice Rosales. Su mensaje al gobierno federal es claro: mientras no se vea la realidad de lo que sucede, difícilmente se revertirá la situación. "Parece que vemos un mundo muy distinto".
Citas Notables
Le dan la misma prioridad a una desaparición u homicidio que a un robo menor— Chrístel Rosales, coordinadora del informe de México Evalúa
Mientras no veamos la realidad de lo que está sucediendo, difícilmente vamos a revertir esta situación— Chrístel Rosales
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Cómo es posible que casi el 95% de los delitos queden sin resolver en un país con instituciones de justicia?
No es que las instituciones no existan. Existen, pero están ahogadas. Un fiscal en Nuevo León maneja 456 casos al año. Es matemáticamente imposible investigar cada uno adecuadamente.
Entonces el problema es simplemente falta de recursos.
Es más que eso. Hay falta de estrategia. Sin protocolos de priorización, todo recibe la misma atención: un homicidio y un robo menor. El 30% de los casos podrían resolverse por vías alternas, pero ese filtro no existe.
¿Y qué pasa con la gente que está en la cárcel esperando juicio?
Pueden estar dos años en prisión preventiva. Un cuchillo es suficiente para que te envíen adentro mientras la fiscalía trabaja. Después, si pruebas que no era tuyo, te absuelven. Pero ya perdiste dos años.
¿Las mujeres enfrentan lo mismo?
Peor. Tienen más probabilidades de ir a prisión preventiva, reciben penas más largas, sufren más amenazas contra sus familias durante la detención. El sistema es más punitivo con ellas desde el primer momento.
¿Hay algún lugar donde esto esté mejorando?
Sí. Zacatecas, Querétaro, Nuevo León y Coahuila han implementado protocolos que funcionan. No es que tengan menos violencia, pero sus instituciones se fortalecieron. Son el modelo que el resto del país podría seguir.
¿Qué necesitaría cambiar para que esto se revierta?
Que el gobierno vea la realidad. Que fortalezca el sistema en lugar de solo proclamar que combate la impunidad. Que busque coherencia entre lo que dice y lo que hace.