El fin del TPS deja a 350.000 haitianos en shock ante la amenaza de deportación

El Tribunal Supremo de Estados Unidos cerró la puerta el jueves a más de 350.000 haitianos que habían construido sus vidas bajo la protección del Estatus de Protección Temporal. Con una votación de seis contra tres, la mayoría conservadora de la corte permitió que la administración Trump eliminara una salvaguarda migratoria que, durante más de una década y media, había mantenido a estos ciudadanos del Caribe a salvo de la deportación. La decisión sacudió el Pequeño Haití en Miami, North Miami y otras comunidades del sur de Florida donde viven la mayoría de los haitianos protegidos, dejando a familias enteras enfrentando una incertidumbre que muchos describen como paralizante.

Los primeros haitianos en recibir esta protección llegaron tras el terremoto devastador de 2010. Desde entonces, la mayoría ha echado raíces profundas: compraron casas, abrieron negocios, estudiaron en universidades, tuvieron hijos que son ciudadanos estadounidenses. Nunca tuvieron un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía, pero el TPS les permitió trabajar legalmente y vivir sin el miedo constante a ser expulsados. Cada dieciocho meses, el gobierno federal renovaba la protección, una práctica que continuó bajo todas las administraciones presidenciales, incluyendo la de Joe Biden, que firmó la última extensión en agosto de 2024. Cuando Trump asumió su segundo mandato, su Departamento de Seguridad Nacional, entonces dirigido por Kristi Noem, decidió que Haití ya no cumplía los requisitos y que mantener a los haitianos en el país iba "en contra del interés nacional".

El pastor Reginald Joseph de la Iglesia Evangélica Bautista Haitiana de Homestead describe lo que está sucediendo en las comunidades como un shock colectivo. Personas que llevan quince o veinte años aquí, que compraron propiedades y criaron familias, recibieron el mensaje de que su protección simplemente desaparece. "Hay familias que tendrán que decidir si separarse o llevarse a sus hijos a un país donde el propio Gobierno de Estados Unidos recomienda no viajar por la violencia", dice Joseph. Vanessa Joseph, oficial de la ciudad de Miami y líder comunitaria, capta la realidad visceral de lo que está ocurriendo: el miedo no es abstracto ni legal, sino que vive en las mesas de las cocinas, en las iglesias, en los lugares de trabajo. Los padres se hacen preguntas que ninguna familia debería tener que responder: ¿podré seguir trabajando, perderé mi licencia de conducir, qué pasará con mis hijos si me detienen?

Haití, el país al que estas personas enfrentarían deportación, está sumido en una crisis humanitaria profunda. Pandillas y grupos paramilitares controlan más del ochenta por ciento de Puerto Príncipe, la capital. Más de un millón de personas han sido desplazadas internamente, huyendo de la violencia generalizada. El país ha sido golpeado por desastres naturales, colapso institucional e inestabilidad política que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El Departamento de Estado estadounidense advierte activamente a los ciudadanos que no viajen a Haití. Guerline Jozef, directora de Haitian Bridge Alliance, subraya que Haití está peor ahora que cuando recibió el TPS hace dieciséis años. "No existe la infraestructura necesaria para recibir a cientos de miles de personas. Esas condiciones hacen no solo peligroso, sino imposible, el regreso de estas personas", señala.

El tema de la raza estuvo en el centro del caso que llegó a la corte. Los demandantes argumentaron que la decisión de cancelar el TPS respondía a un patrón de hostilidad de Trump hacia los haitianos, citando declaraciones del presidente desde su primer mandato en las que calificó a Haití como un "país de mierda". Durante la campaña de 2024, Trump difundió afirmaciones falsas de que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se estaban comiendo las mascotas de los vecinos. Las tres juezas progresistas que votaron en contra el jueves señalaron que había indicios más que suficientes de que la decisión estaba motivada por prejuicio racial. Jozef advierte que el fallo ignora este historial de prejuicios.

Las consecuencias económicas serán inmediatas y amplias. Marie Etienne, profesora de enfermería y expresidenta de la Asociación de Enfermeras de Florida, advierte que aproximadamente un tercio de los haitianos protegidos por el TPS trabajan en el sector de salud, especialmente en hospitales y centros de cuidado de personas mayores. Otros trabajan en transporte y alimentos, sectores considerados esenciales. "Los beneficiarios del TPS no son contribuyentes temporales; son miembros de larga data de nuestra fuerza laboral", dice Etienne. "Si pierden el TPS, los hospitales perderán personal experimentado y los pacientes perderán continuidad en su atención".

El fallo también sienta un precedente peligroso. Jozef advierte que ayer fue el turno de Haití y Siria; mañana podría ser el de Venezuela, Nicaragua, El Salvador y otros países amparados por el TPS. En total, diecisiete países y alrededor de 1,3 millones de beneficiarios están potencialmente en riesgo. Esto significa separación de familias, niños ciudadanos estadounidenses que podrían quedarse sin sus padres, y sectores enteros de la economía que dependen de estos trabajadores. Paul Christian Namphy, de Family Action Network Movement, una de las principales organizaciones de defensa de la comunidad haitiana, condenó la decisión como "una profunda injusticia" y rechazó "la deshumanización que transmite este mensaje". Emmanuella Telfort, presidenta de la Asociación de Abogados Haitianos del Sur de la Florida, advierte que Haití "no está en condiciones de recibir a cientos de miles de personas" que llevan más de una década viviendo en Estados Unidos. Su asociación ahora ofrece orientación gratuita a los beneficiarios del TPS que buscan conocer sus alternativas legales, aunque las opciones son limitadas.