En el cruce entre el poder tecnológico y la soberanía regulatoria, la Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 890 millones de euros por privilegiar sus propios servicios en búsquedas y cerrar el paso a métodos de pago alternativos en su tienda de aplicaciones. La sanción, enmarcada en el Reglamento de Mercados Digitales, no responde a un abuso ya consumado sino a una lógica preventiva: moldear el mercado antes de que la concentración se vuelva irreversible. Lo que está en juego no es solo una cifra económica, sino la pregunta de si la regulación puede disciplinar la innovación sin a