La suspensión produce efectos inmediatos e impide cualquier función pública
Mejía fue suspendido por la Procuraduría por tres meses tras acusaciones de infiltración y colaboración con jefes del Estado Mayor de Bloques y Frentes. El Gobernador de Antioquia exigió públicamente su renuncia del consejo universitario; Mejía inicialmente resistió pero cedió ante la presión política.
- Wilmar Mejía, representante presidencial en el CSU e inteligencia de la DNI, suspendido por tres meses por la Procuraduría
- Acusado de filtrar información clasificada sobre tropas, operaciones y códigos de frecuencias a disidencias de alias Calarcá
- Anunció su renuncia el 26 de noviembre tras presión política del Gobernador, la Asamblea Departamental y representantes estudiantiles
- No asistió a la reunión del Consejo Superior del 25 de noviembre a pesar de afirmar públicamente que estaría presente
- Gobernación envió carta confidencial el 27 de noviembre argumentando inhabilidad sobreviniente por suspensión provisional
Wilmar Mejía, representante presidencial en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia e inteligencia de la DNI, anuncia su renuncia tras ser señalado por presuntos vínculos con disidencias de alias Calarcá y filtración de información clasificada.
El 23 de noviembre, un informe de Noticias Caracol sacudió al país: presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de alias Calarcá. Entre los nombres que emergieron estaba el de Wilmar Mejía, un licenciado en educación física de 51 años a quien el presidente Gustavo Petro había designado como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia en 2024.
Lo que los miembros del consejo universitario descubrieron ese lunes, a través de la transmisión del reportaje, fue que Mejía ocupaba además un cargo de director estratégico de inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia desde mayo de 2024. Las acusaciones eran graves: se le señalaba de haber entregado información clasificada a las disidencias, incluyendo detalles sobre movimientos de tropas y operaciones en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, así como códigos de frecuencias radiales de la Fuerza Pública. También se le imputaba haber asesorado a miembros de las disidencias en la creación de empresas de seguridad privada, aparentemente para legalizar armas y prepararse para escenarios posteriores a posibles diálogos con el Gobierno.
La Procuraduría respondió rápidamente, suspendiendo a Mejía por tres meses, prorrogables, en el marco de una indagación por presunta infiltración y colaboración con jefes del Estado Mayor de Bloques y Frentes. Mejía, sin embargo, salió a defenderse públicamente en múltiples ocasiones, rechazando categóricamente cualquier vínculo con las disidencias y argumentando que no existía incompatibilidad legal que le impidiera desempeñar ambos cargos simultáneamente. El 26 de noviembre, cuando la presión política arreciaba desde el Gobernador de Antioquia, la Asamblea Departamental y los representantes estudiantiles, Mejía insistía en que no se apartaría de su cargo en la universidad. Pero esa misma noche, anunció que renunciaría próximamente, a la espera de confirmación de la presidencia, después de participar en debates sobre asuntos presupuestales y administrativos pendientes.
El 25 de noviembre, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia se reunió en sesión ordinaria, una cita que había sido programada mucho antes del escándalo. Cuando la periodista Diana Saray Giraldo le preguntó a Mejía el 24 de noviembre si asistiría al cónclave a pesar de los señalamientos, él respondió públicamente al día siguiente a las 6:04 a.m.: estaría presente en modalidad virtual, como en otras ocasiones, sin impedimento alguno. Sin embargo, una investigación de El Tiempo estableció que William de Jesús Mejía no asistió a la reunión ni se excusó por su ausencia.
Durante la sesión, la Gobernación de Antioquia, representada por su secretario de Educación encargado, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, presentó una exigencia formal: Mejía debía renunciar al Consejo y el órgano debía declarar públicamente que el funcionario de la DNI no era bienvenido. El Consejo debatió la exigencia pero decidió no adoptar ninguna determinación, argumentando que no le correspondía tomar esa decisión y que debía respetar los mecanismos de elección de cada miembro. Sí dejó constancia de un llamado para que el escándalo se resolviera de manera ágil. Los representantes estudiantiles, por su parte, pidieron a la Gobernación que dejara de estigmatizar al estudiantado, en referencia a las sugerencias del gobernador Andrés Julián Rendón de que Mejía estaría detrás de milicias urbanas operando en la universidad.
Veinticuatro horas después de esa reunión, Mejía anunció su renuncia. Pero antes de que se oficializara, El Tiempo tuvo acceso a un documento enviado por el Gobernador al Consejo Superior, dirigido específicamente al secretario General David Hernández García y con copia al rector John Jairo Arboleda. La misiva, fechada el 27 de noviembre, señalaba una "posible inhabilidad sobreviniente por suspensión provisional" de Mejía, a raíz de la sanción de la Procuraduría emitida esa mañana. El gobernador Rendón citó el artículo 30 del Acuerdo Superior 01 de 1994 y el artículo 217 del Código General Disciplinario, argumentando que la suspensión provisional produce efectos inmediatos e impide el ejercicio de cualquier función pública mientras esté vigente. Instó entonces al secretario General a "tomar las medidas a que haya lugar" para que Mejía no continuara participando en las sesiones y decisiones del Consejo Superior mientras persistiera la suspensión. La carta confidencial formalizaba lo que ya estaba en marcha: la exclusión de un funcionario cuya carrera en el Estado se desmoronaba bajo el peso de acusaciones que lo vinculaban con enemigos del Gobierno.
Notable Quotes
Sí, señora periodista, por supuesto que estaré presente en la reunión del Consejo Superior, lo haré en modalidad virtual como en otras ocasiones. No hay impedimento alguno ni he recibido instrucción en contrario— Wilmar Mejía, 25 de noviembre a las 6:04 a.m.
La suspensión provisional produce efectos inmediatos e impide el ejercicio de cualquier función pública mientras esté vigente— Gobernador Andrés Julián Rendón, en carta al Consejo Superior
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Mejía insistió tanto en que se quedaría, si sabía que la presión era inevitable?
Porque la renuncia es una admisión de culpa que él no estaba dispuesto a hacer. Mientras no renunciara, podía argumentar que sus acusadores eran quienes debían probar algo. Una vez que renuncia, la narrativa cambia.
¿Qué significa que no asistiera a la reunión del Consejo pero dijera públicamente que estaría ahí?
Significa que algo cambió entre las 6:04 a.m. cuando hizo esa declaración y el momento en que debía conectarse. Tal vez recibió instrucciones, tal vez decidió que enfrentar a sus colegas era demasiado. El silencio es su propia respuesta.
La carta del Gobernador llegó después de que Mejía ya había anunciado su renuncia. ¿No es eso redundante?
No. La carta formaliza legalmente lo que la política ya había decidido. Transforma una renuncia voluntaria en una exclusión obligatoria por ley. Es la diferencia entre irse y ser expulsado.
¿Qué pasa con la credibilidad de la inteligencia del Estado si uno de sus directores estratégicos estaba infiltrado?
Eso es lo que nadie quiere responder. Si Mejía pasó meses en ese cargo mientras supuestamente filtraba información, ¿qué más se filtró? ¿Quién lo vetó? ¿Quién lo contrató sabiendo qué?
Los estudiantes pidieron que dejaran de estigmatizarlos. ¿Qué tiene que ver Mejía con las milicias urbanas?
El Gobernador sugirió que Mejía estaba detrás de ellas. Los estudiantes rechazaron ser asociados con eso. Es la universidad atrapada entre acusaciones que van más allá de lo que cualquiera puede verificar en una reunión.