En un momento en que el crimen organizado desafía los fundamentos del orden civil, el gobierno del presidente José Antonio Kast ha presentado ante el Senado una reforma constitucional que redefine el papel del Estado como garante de la seguridad pública. La iniciativa, ingresada con suma urgencia y apenas 15 días para su debate, propone ocho modificaciones que amplían los poderes ejecutivos, crean un nuevo estado de excepción y establecen regímenes diferenciados para quienes delinquen desde las sombras del crimen organizado. Es una apuesta por reconfigurar el contrato entre el Estado y sus ciu