En el umbral de una crisis energética que exige soluciones urgentes, Puerto Rico ve desmoronarse un contrato de $5,887 millones cuando se descubre que una de sus piezas fundamentales —la empresa Enchanted Rock— nunca consintió participar en él. La Junta de Supervisión Fiscal, actuando sobre la cláusula de salvaguarda que ella misma había inscrito en su aprobación, declaró el acuerdo 'irreparablemente viciado' y lo anuló, recordándonos que la legitimidad de los contratos públicos descansa, antes que en su magnitud, en la veracidad de quienes los suscriben. El caso ha pasado ahora a manos de la