En el corazón de una disputa sobre poder y procedimiento, un juez federal ha recordado a la administración Trump que el dinero público no es arcilla moldeable a voluntad ejecutiva. El magistrado Theodore Chuang bloqueó el traslado de la sede del FBI al Edificio Reagan, determinando que redirigir más de 323 millones de dólares asignados por el Congreso para Greenbelt, Maryland, sin autorización legislativa constituye una violación de la ley. La batalla no es solo sobre ladrillos y oficinas, sino sobre quién tiene la última palabra cuando el gobierno decide cómo gastar lo que pertenece a todos.