En los confines australes de Chile, donde el campo y la ciudad raramente se hablan, dos instituciones del Estado han tendido un puente entre la salud pública y la economía rural. INDAP y la Seremi de Salud de Aysén firmaron un convenio que busca sacar a los pequeños agricultores del limbo de la informalidad, entregándoles las herramientas sanitarias que necesitan para vender legalmente y proteger su propia vida. Es un reconocimiento tardío pero significativo: que el agricultor familiar no es un riesgo que controlar, sino una persona que merece integrarse al sistema con dignidad.