En un momento en que las máquinas producen imágenes, textos y voces casi indistinguibles de los humanos, la pregunta sobre cómo identificar el origen de un contenido se ha vuelto urgente y políticamente cargada. Google responde con marcas de agua invisibles que solo los expertos pueden detectar; Europa responde con leyes que exigen transparencia inmediata para el usuario común. Esta fractura entre el sigilo corporativo y la regulación estatal no es técnica: es una disputa sobre quién tiene derecho a saber qué fue creado por una máquina, y cuándo.