En Colombia, un contrato de casi 300.000 millones de pesos destinado a fortalecer la ciberseguridad del Estado quedó suspendido por treinta días, detenido no por escándalo sino por precaución. La Procuraduría, actuando en su rol preventivo, advirtió que el proceso licitatorio podría estar diseñado de forma que la competencia fuera más aparente que real. Colombia Compra Eficiente respondió con prontitud, reconociendo que la transparencia y la pluralidad de oferentes no son detalles administrativos, sino la base sobre la que descansa la legitimidad de la contratación pública.