Transición democrática, ordenada y libre hasta las elecciones de abril de 2026
En un momento en que Perú busca cerrar un ciclo de inestabilidad política, el Premier Ernesto Álvarez se presentó ante el Congreso con una hoja de ruta de dieciocho meses articulada en cuatro pilares: democracia, economía, cohesión social y seguridad. El plan no promete transformaciones radicales, sino algo quizás más difícil: entregar un país en orden el 12 de abril de 2026, cuando los ciudadanos vuelvan a las urnas. En la historia de las transiciones, la diferencia entre la intención y la ejecución suele escribirse en los detalles.
- El gobierno de transición enfrenta la presión de demostrar que puede gobernar con eficacia en un país acostumbrado a la fragmentación política y la desconfianza institucional.
- El plan fija metas numéricas concretas —3.2% de crecimiento, 6,558 policías nuevos, 3,000 cámaras con IA— creando un estándar público contra el cual será juzgado.
- La inversión minera de más de 7,000 millones de dólares y el destrabe de megaproyectos como Chavimochic III son las apuestas económicas más ambiciosas, pero también las más vulnerables a conflictos sociales y trabas burocráticas.
- En el frente social, el gobierno intenta tender puentes con regiones históricamente postergadas mediante hospitales, títulos de propiedad y becas, buscando legitimidad más allá de Lima.
- La capacidad real de ejecución en dieciocho meses, bajo presión política constante, es la incógnita que convierte este plan en promesa o en legado.
Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso con un plan de gobierno dividido en cuatro frentes estratégicos para los próximos dieciocho meses. El objetivo central es entregar el país en condiciones de estabilidad cuando se celebren las elecciones del 12 de abril de 2026, poniendo fin a un ciclo de turbulencia política que ha marcado la administración pública peruana.
El primer pilar apunta a garantizar una transición democrática ordenada: elecciones libres sin interferencia del Ejecutivo, respeto a la autonomía judicial y electoral, y continuidad del proceso de adhesión a la OCDE como señal de dirección institucional. El segundo pilar es económico: el gabinete proyecta un crecimiento del 3.2% para 2026, impulsado por inversión minera que superaría los 7,000 millones de dólares entre 2025 y el primer semestre de 2026, el destrabe de megaproyectos de irrigación como Chavimochic III y Majes Siguas, el inicio de la Nueva Carretera Central en mayo de 2026, y la apertura de 16 nuevos mercados agrícolas para productos como banano y arándano.
El tercer pilar busca cerrar brechas sociales: 10 nuevas Escuelas Bicentenario, casi 40,000 becas universitarias y técnicas, 8 hospitales y centros de salud en regiones como Puno, Piura y Ayacucho, 136,000 títulos de propiedad y 10 nuevos Centros de Emergencia Mujer. En justicia, se reformarán los códigos procesales para agilizar causas y se eliminará la provisionalidad de jueces y fiscales.
El cuarto pilar enfrenta la inseguridad con herramientas concretas: videovigilancia con inteligencia artificial en 3,000 puntos conectados a 107 comisarías, una unidad especial antiextorsión bajo la DIRINCRI, botón de pánico, banco de voces y la contratación de 6,558 policías adicionales. Se sumarán 4,000 operativos migratorios hasta diciembre de 2025 para combatir el crimen transfronterizo.
El plan tiene la virtud de ser medible: cada pilar incluye cifras, plazos y responsables. Su debilidad, sin embargo, es la misma que ha frenado iniciativas anteriores en el Perú: la distancia entre lo anunciado en el Congreso y lo ejecutado en el territorio.
Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso con un plan de gobierno que divide la tarea de los próximos dieciocho meses en cuatro frentes estratégicos. El objetivo declarado es simple pero ambicioso: entregar el país en condiciones de estabilidad democrática cuando se realicen las elecciones del 12 de abril de 2026, cerrando un ciclo de turbulencia política que ha marcado los últimos años de la administración pública peruana.
El primer pilar que Álvarez desarrolló fue la transición y estabilidad democrática. El gobierno se compromete a garantizar elecciones libres, neutrales y seguras, respetando la autonomía de los organismos electorales, el poder judicial y la prensa sin interferencia. La gestión se guiará por tres principios: respeto institucional, transparencia electoral con apoyo técnico y financiero a los entes responsables, y rendición de cuentas ante el próximo gobierno. Como símbolo de modernización y buena gobernanza, Perú mantendrá su proceso de adhesión a la OCDE, un compromiso que trasciende lo meramente administrativo para señalar una dirección institucional.
En el terreno económico, el gabinete fijó una meta de crecimiento del 3.2% para 2026, concentrando esfuerzos en desbloquear grandes proyectos e expandir mercados. La inversión minera es central: se busca alcanzar 5,100 millones de dólares al cierre de 2025 y otros 2,100 millones en el primer semestre de 2026. En infraestructura, el gobierno priorizará el destrabe de megaproyectos de irrigación como Chavimochic III y Majes Siguas bajo modalidad Gobierno a Gobierno. La Nueva Carretera Central comenzará construcción en mayo de 2026. Se masificará el gas natural en Cusco, Huancavelica y Puno. En el sector agrícola, se planea abrir 16 nuevos mercados para productos como banano y arándano, con exportaciones proyectadas a superar 83 mil millones de dólares en 2025. El Seguro Agrícola se ampliará a 2 millones de hectáreas con indemnización de mil soles por hectárea. El turismo recibirá impulso mediante el Proyecto Choquequirao, con inversión de 261 millones de dólares, y la creación de un corredor turístico Arequipa-Colca.
La reconciliación nacional y cierre de brechas sociales constituyen el tercer pilar. En educación, se entregarán 10 nuevas Escuelas Bicentenario, alcanzando un total de 75, y se concederán 20 mil Becas 18, 10 mil Becas Tec y 8 mil Becas Permanencia. En salud, se continuará con cobertura universal progresiva y se ejecutarán 8 hospitales y centros de salud en regiones como Puno, Piura y Ayacucho. Se entregarán 136 mil títulos de propiedad. En justicia, se reformarán los códigos procesales civil y penal para agilizar procesos y se eliminará la provisionalidad de jueces y fiscales. Los programas sociales asistirán a 140 mil niños huérfanos y se crearán 10 nuevos Centros de Emergencia Mujer para combatir la violencia de género.
El cuarto pilar aborda seguridad ciudadana y defensa de la soberanía. El proyecto 911 se pondrá en marcha en Lima y Callao. Se instalará videovigilancia con inteligencia artificial en 3,000 puntos del país para enero de 2026, conectados con 107 comisarías. Contra la extorsión, se creará una unidad especial bajo la DIRINCRI con 100 efectivos nuevos, y las operadoras deberán aplicar geolocalización policial obligatoria. Se desarrollarán herramientas como botón de pánico antiextorsión y banco de voces. El gobierno contratará 6,558 policías adicionales mediante compra de francos, sumará 250 agentes especializados en inteligencia y combatirá la corrupción policial interna. Se realizarán 4,000 operativos migratorios hasta diciembre de 2025 en coordinación internacional contra el crimen transfronterizo.
Este plan representa un intento de establecer una hoja de ruta clara para dieciocho meses de gobierno de transición. Cada pilar contiene metas específicas, números concretos y responsabilidades definidas. Lo que queda por verse es la capacidad de ejecución en un contexto de fragmentación política y presiones sociales que han caracterizado la gobernanza peruana reciente.
Citas Notables
Asegurar una transición democrática, ordenada y libre que culmine con las elecciones del 12 de abril de 2026, cerrando el ciclo de inestabilidad— Ernesto Álvarez, Presidente del Consejo de Ministros
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el gobierno enfatiza tanto la "transición democrática ordenada" en lugar de simplemente gobernar?
Porque el país ha vivido años de inestabilidad política extrema. Señalar que habrá elecciones libres en abril de 2026 y que el gobierno no interferirá es, en realidad, una promesa que necesita ser dicha explícitamente en este contexto.
Los números son ambiciosos. ¿Qué tan realista es crecer 3.2% mientras se ejecutan todas estas obras?
Es una proyección. Lo interesante es que el plan no apunta a un crecimiento espectacular, sino sostenible. Pero depende de que los megaproyectos realmente se desbloqueen, algo que ha sido difícil históricamente.
Hay mucho dinero en minería. ¿Eso no genera tensiones con las comunidades?
Probablemente. El plan no menciona cómo se gestionarán esos conflictos. La inversión minera es crucial para las metas económicas, pero también es un área donde los gobiernos peruanos han enfrentado resistencia social importante.
¿Y la seguridad? Seis mil policías nuevos parece mucho.
Es un reconocimiento de que la capacidad operativa actual es insuficiente. Pero contratar policías rápidamente también plantea preguntas sobre entrenamiento y supervisión. La videovigilancia con IA suena moderna, pero requiere que funcione la coordinación entre instituciones.
¿Qué pasa si no alcanzan estas metas antes de abril de 2026?
El siguiente gobierno hereda tanto los logros como los incumplimientos. Pero el punto del plan es establecer expectativas claras y responsabilidad. Eso es diferente a no tener plan alguno.