Ante la amenaza de un paro nacional del transporte convocado para el 25 de agosto, el gobierno de Keiko Fujimori optó por el diálogo sobre la confrontación: derogó la ley de puntos, redujo temporalmente las multas al diez por ciento de su valor y creó dos mesas de trabajo para atender los reclamos de seguridad y sanciones del sector. Es una respuesta que revela cuánto poder de presión conservan los gremios del transporte en el Perú, y cuán frágil puede ser el equilibrio entre la regulación del tránsito y la paz social. Los acuerdos, sin embargo, aguardan aún el decreto que les dé forma definit