Fiscal Camargo advierte que reactivará orden de captura contra 'Calarcá' si no hay voluntad de paz

La fiscal general Luz Adriana Camargo se sienta a la mesa con determinación. Tiene un mensaje que entregar, y no es el que el Gobierno quiere escuchar. Alias Calarcá, el jefe de las disidencias de las Farc que negocia con la administración Petro mientras mantiene sus operaciones criminales intactas, está a punto de volver a ser perseguido. La orden de captura suspendida hace más de un año podría reactivarse en cualquier momento, y esta vez la decisión podría venir de la Fiscalía, no del Ejecutivo.

La tensión entre la Fiscalía y la Presidencia ha crecido en las últimas semanas. El presidente Petro ha lanzado críticas públicas sobre el trabajo de la institución, sugiriendo que necesita ayuda para revisar casos que ya está investigando. Camargo responde con firmeza: la Fiscalía trabaja todos los días, sin descanso, en decenas de frentes simultáneamente. Lo que le molesta no es la crítica, sino lo que percibe como una falta de reconocimiento de un trabajo que considera fundamental. Cuando Petro pidió recientemente que la Corte Penal Internacional investigara a Iván Mordisco, un capo del crimen organizado, Camargo vio la solicitud como contraproducente. Su Fiscalía ya había obtenido una orden de captura contra Mordisco y 13 de sus principales colaboradores por genocidio en el Cauca. Hay dos condenas contra él. El trabajo ya estaba hecho.

Pero el verdadero punto de quiebre es Calarcá. En julio de 2024, cuando una caravana de negociadores fue detenida en Anorí, Camargo tomó una decisión que parecía abrir una puerta: suspender las órdenes de captura contra los representantes de grupos armados que participaban en diálogos de paz. Era una concesión al proceso. Pero dieciocho meses después, las revelaciones sobre lo que Calarcá ha estado haciendo durante esas negociaciones han encendido las alarmas. La Fiscalía considera que no hay voluntad real de paz, que el grupo sigue operando como si nada hubiera cambiado. Camargo ha establecido líneas rojas claras: no habrá suspensión de órdenes por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, secuestro o extradición. Y si un grupo demuestra que no está comprometido con la paz, la suspensión puede ser revocada sin consultar al Ejecutivo.

Eso es exactamente lo que pasó con el ELN en enero de 2025. El grupo, que estaba en mesas de diálogo, atacó el Catatumbo. El desplazamiento fue masivo, uno de los mayores en años recientes. Hubo asesinatos selectivos contra civiles, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz anterior. La Fiscalía esperó una semana a que el Gobierno reaccionara. No pasó nada. Entonces Camargo actuó por su cuenta: revocó la suspensión de órdenes de captura contra el ELN, basándose en lo que la Corte Constitucional había establecido sobre la necesidad de demostrar voluntad real de paz. Ahora, con Calarcá, está lista para hacer lo mismo si el Gobierno no toma medidas.

La fiscal también cuestiona el proyecto de ley de sometimiento de bandas que el Gobierno ha impulsado. Dice que fue presentado sin consultar a las instituciones que tendrían que aplicarlo, incluyendo la Fiscalía y la Corte Suprema. Pero el problema más profundo, en su opinión, es que el proyecto ignora la realidad de cómo funcionan estos grupos. No basta con desmontar el componente armado. Los grupos criminales existen porque tienen negocios: narcotráfico, minería ilegal, extorsión. Si no se ataca esa estructura financiera, si no se identifica a los funcionarios públicos que cooperan con ellos, entonces lo que sucede es una puerta giratoria. Un grupo se disuelve con un nombre, y meses después aparece con otro nombre pero con el mismo negocio intacto. Camargo cree que el proyecto tiene muy poca probabilidad de ser aprobado porque carece del respaldo de las instituciones de justicia.

La relación entre Camargo y Petro es complicada. Él la designó, pero ella insiste en que eso no la hace una fiscal del Presidente. Fue nombrada sin haber tenido relación previa con él o con su proyecto político. Es una funcionaria judicial, no una militante. Sin embargo, hay casos que alimentan la narrativa contraria. El de Nicolás Petro, el hijo del Presidente, ha sido investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Hubo un acercamiento inicial para negociar, pero nunca llegó a buen término. Ahora el caso está en manos de un juez, no de la Fiscalía. Camargo dice que es paradójico que la acusen de envainar el caso cuando en realidad ya no le corresponde a ella decidir.

Mientras tanto, hay otras investigaciones en marcha. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, está siendo investigado por posible financiamiento ilícito de la campaña presidencial y por la compra de un apartamento que podría estar relacionada con beneficiarios de contratos de la empresa. Está citado a interrogatorio el 15 de diciembre. Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, también está siendo investigado por temas electorales. Cada vez que se conoce que alguien cercano al Presidente está siendo investigado, Petro publica críticas contra la Fiscalía en redes sociales. Camargo nota el patrón pero no puede explicarlo. En las reuniones, dice, el Presidente es respetuoso. Pero en los trinos es diferente.

Camargo también tiene noticias positivas que compartir. En Tumaco, una ciudad que ocupaba el segundo lugar en índice de homicidios, la violencia se ha desplomado. Lo mismo en el Bajo Putumayo, donde operan las disidencias. Eso está vinculado a los diálogos. Pero la pregunta que la mantiene despierta es cómo mantener esa reducción de violencia a través de un proceso serio y estable, sin un marco legal claro, sin que la Fiscalía quede comprometida con personas respecto de las cuales se han hecho promesas de justicia que no se pueden cumplir. Y hay una última noticia: Colombia ha sido invitada a tener un asiento en Eurojust, la organización de fiscales de la Unión Europea que coordina investigaciones transnacionales. Sería el primer país fuera de la UE en lograrlo. Brasil también fue invitado, pero Colombia va más adelante. Es un reconocimiento del trabajo que la Fiscalía ha hecho durante décadas persiguiendo el crimen organizado.