Cinco años buscando justicia que se nos ha negado
En el umbral entre la impunidad y la promesa, los familiares de más de 120 personas muertas durante las protestas venezolanas de 2017 observan con esperanza contenida la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. Cinco años de procesos locales fallidos han enseñado a estas familias que la justicia no se mide por su anuncio, sino por su independencia. La pregunta que pende sobre el acuerdo entre el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro no es si habrá presencia internacional, sino si esa presencia podrá operar con verdadera autonomía dentro del territorio del régimen que se investiga.
- Las familias de las víctimas llevan cinco años viendo cómo los responsables quedan libres porque las imputaciones no reflejan la gravedad de lo ocurrido: nadie investiga la cadena de mando.
- La apertura de la oficina de la CPI en Caracas, anunciada tras una reunión secreta entre Karim Khan y Maduro en el palacio presidencial, genera tanto esperanza como desconfianza entre quienes más necesitan resultados.
- La Alianza de Familiares y Víctimas 2017 exige que las ejecuciones extrajudiciales sean incorporadas explícitamente en la investigación, sin eufemismos ni dilaciones.
- Maduro presenta el acuerdo como un logro diplomático propio, mientras los familiares temen que la oficina opere bajo la sombra del mismo régimen que está siendo investigado.
- La investigación formal de crímenes de lesa humanidad en Venezuela lleva meses abierta, pero para madres como Elvira Pernalete, cada día sin justicia es una herida que el tiempo no cierra.
En abril de 2022, cuando la Corte Penal Internacional anunció que abriría una oficina en Caracas, los familiares de quienes murieron en las protestas venezolanas de 2017 recibieron la noticia con una esperanza que el tiempo había vuelto cautelosa. Cinco años de procesos locales insuficientes les habían enseñado a no celebrar demasiado pronto.
Todo comenzó a finales de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia eliminó las competencias del Parlamento opositor. Las calles respondieron con protestas masivas que el régimen de Nicolás Maduro reprimió con una violencia que dejó más de 120 muertos y una ola de condenas internacionales. Entre esos muertos estaba Juan Pablo Pernalete, ejecutado a quemarropa por un agente de seguridad, según confirmó el propio Ministerio Público. Su madre, Elvira Pernalete, lleva años exigiendo que se investigue no solo al ejecutor, sino a quienes dieron las órdenes.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, llegó a Caracas sin previo aviso a los medios, se reunió en privado con Maduro y luego anunció el acuerdo ante la televisión pública. Describió la nueva oficina como un paso concreto que le permitiría trabajar directamente en el país conforme al Estatuto de Roma. Maduro, por su parte, lo presentó como un logro de diálogo y comunicación eficiente.
Pero la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 tenía una demanda precisa: que las ejecuciones extrajudiciales fueran nombradas e incorporadas explícitamente en la investigación. Desde noviembre anterior, la CPI ya examinaba posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero para estas familias la justicia debía ser específica, sin rodeos. La pregunta que nadie podía responder aún era si una oficina instalada dentro del territorio controlado por el régimen investigado podría funcionar con verdadera independencia. Después de cinco años sin respuestas locales, la esperanza existía, pero había aprendido a desconfiar.
En abril de 2022, mientras la Corte Penal Internacional anunciaba la apertura de una oficina en Caracas, los familiares de quienes murieron en las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela expresaban una esperanza cautelosa. Querían creer que la presencia internacional podría traer lo que cinco años de procesos locales no había entregado: justicia genuina.
La crisis que desencadenó aquellas protestas fue específica y explosiva. A finales de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos sentencias que eliminaban las competencias del Parlamento, entonces controlado por la oposición. La medida encendió las calles. Lo que siguió fue una represión que dejó más de 120 muertos y una ola de condenas internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro.
Juan Pablo Pernalete fue uno de esos muertos. Un joven ejecutado a quemarropa por un agente de la fuerza pública, según confirmó el Ministerio Público en 2017. Su madre, Elvira Pernalete, llevaba cinco años buscando justicia. Cuando supo que la CPI abriría una oficina en Venezuela, vio algo positivo en ello, pero sus palabras revelaban una frustración profunda. Las investigaciones locales, dijo, eran insuficientes, aceleradas, y beneficiaban a los victimarios más que a las víctimas. Las autoridades no estaban investigando la cadena de mando. Los pocos funcionarios acusados quedaban en libertad porque las imputaciones no correspondían a la gravedad de lo ocurrido.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, llegó a Caracas sin anuncio previo a los medios. Se reunió en privado con Maduro en el palacio presidencial y luego compareció ante la televisión pública para anunciar el acuerdo. La oficina que se abriría en la capital venezolana era, según Khan, un paso concreto y significativo, no una medida de cara a la galería. Le permitiría cumplir sus responsabilidades conforme al Estatuto de Roma y trabajar directamente con autoridades venezolanas, organizaciones internacionales y asociados colaboradores.
Pero la Alianza de Familiares y Víctimas 2017, la organización que agrupaba a quienes habían perdido seres queridos, tenía una demanda clara. Confiaban en la justicia internacional, escribieron en redes sociales, pero esperaban ser escuchados. Y querían que las ejecuciones extrajudiciales fueran incorporadas explícitamente en la investigación de la CPI.
Esta última exigencia no era menor. Desde noviembre anterior, la CPI había abierto una investigación para valorar si en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, tal como denunciaban la oposición y organizaciones no gubernamentales. Pero para los familiares, la investigación debía ser específica, debía nombrar lo que había sucedido: ejecuciones sin proceso, sin ley, sin justicia.
Maduro, por su parte, enmarcó la apertura de la oficina como un logro de diálogo. Con ella, dijo, habría un nivel de comunicación más eficiente, en tiempo real, y una asistencia técnica que permitiría que el memorando de entendimiento firmado en noviembre continuara su curso.
Lo que quedaba sin resolver era si esa oficina, operando dentro de territorio controlado por el régimen investigado, podría realmente funcionar con independencia. Los familiares de las víctimas de 2017 esperaban que sí. Pero después de cinco años sin justicia local, su esperanza estaba templada por la experiencia.
Citas Notables
Esperamos ser escuchados y que las ejecuciones extrajudiciales sean incorporadas en la investigación— Alianza de Familiares y Víctimas 2017
Tenemos cinco años buscando justicia que se nos ha negado. Las investigaciones son insuficientes y benefician a los victimarios, no a las víctimas— Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué los familiares ven como positiva la apertura de la oficina de la CPI si desconfían tanto de los procesos locales?
Porque después de cinco años sin respuestas, cualquier puerta internacional que se abra representa una posibilidad. Pero es una esperanza frágil, condicionada a que realmente se investigue lo que pasó.
¿Qué significa que las investigaciones locales "beneficien a los victimarios"?
Significa que los acusados quedan libres, que no se investiga a quienes dieron las órdenes, solo a algunos ejecutores. Es justicia de teatro, no justicia real.
¿Por qué Khan se reunió en privado con Maduro antes de anunciar esto?
Porque necesitaba un acuerdo para que la oficina funcionara en territorio venezolano. Pero eso plantea una pregunta incómoda: ¿puede investigar independientemente a quien le permitió entrar?
¿Qué querían decir los familiares al insistir en que se investiguen "ejecuciones extrajudiciales"?
Querían que la CPI no se conformara con investigaciones vagas sobre crímenes de lesa humanidad. Querían que dijera en voz alta: esto fue asesinato por agentes del Estado, sin proceso, sin ley.
¿Cambió algo realmente con esta oficina?
En lo concreto, permitió que investigadores de la CPI estuvieran en Caracas en lugar de trabajar desde lejos. Pero los familiares sabían que la presencia física no garantiza la verdad.