En el umbral de un nuevo gobierno, Colombia enfrenta una de las tensiones más antiguas de la administración pública: la necesidad de equilibrar las cuentas sin sacrificar la presencia en el mundo. El anuncio del cierre de catorce embajadas y consulados por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, justificado por un déficit fiscal cercano al nueve por ciento del PIB, ha abierto una pregunta más profunda que la del ahorro: ¿puede un país reducir su huella diplomática sin reducir también su capacidad de influir en los asuntos que le conciernen? Lo que está en juego no es solo un presupuest