No todo es blanco o negro, hay zonas grises
La exención de IVA impediría a autónomos deducir impuestos en compras, potencialmente aumentando costos operativos según expertos del Consejo General de Economistas. Aunque se presenta como simplificación, el régimen requeriría comunicaciones trimestrales y anuales a Hacienda para demostrar no superar el umbral de facturación establecido.
- Umbral de facturación propuesto: 85.000 euros anuales
- España es el único país de la UE que no ha implementado este sistema opcional
- La Comisión Europea demandó a España por no aplicar la parte obligatoria desde el 1 de enero de 2025
- Junts logró una votación favorable en el Congreso en marzo, pero no vinculante para el Gobierno
Expertos alertan que eliminar el IVA a autónomos con facturación bajo 85.000 euros podría encarecer sus costes al no deducir impuestos pagados e impondría nuevas cargas burocráticas, contrario a lo prometido.
Un grupo de expertos fiscales advierte que la exención del IVA para pequeños negocios y trabajadores autónomos podría resultar contraproducente, generando precisamente lo opuesto a lo que sus defensores prometen: costes más altos y trámites administrativos más complejos.
La propuesta, que circularía en España desde hace meses, buscaría liberar del impuesto al valor añadido a autónomos y pequeñas empresas con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros. Aunque suena atractivo en teoría, Juan Calvo Vérgez, catedrático de derecho tributario en la Universidad de Extremadura, explicó en una sesión del Consejo General de Economistas que el sistema esconde una trampa fundamental: quienes se acojan dejarían de poder deducirse el IVA que pagan cuando compran bienes o servicios para su negocio. Para muchos profesionales, esa incapacidad de recuperar impuestos podría traducirse directamente en un aumento de sus gastos operativos. "No todo es blanco o negro", señaló Calvo Vérgez. "Hay zonas grises y no se puede establecer un criterio uniforme sobre si compensa o no a todos los autónomos o pymes".
El segundo problema es igualmente importante: aunque el régimen se presenta como una simplificación administrativa que eliminaría las declaraciones trimestrales y anuales del IVA, en realidad impondría nuevas cargas. Los profesionales que optaran por esta exención tendrían que comunicar a la administración tributaria su intención de acogerse al sistema, luego informar cada trimestre y cada año del volumen de ventas para demostrar que no han superado el umbral de 85.000 euros. Si alguno de ellos vende a otros países de la Unión Europea, tendría que solicitar autorización adicional e informar también de esos ingresos. Lejos de simplificar, el sistema crearía nuevas obligaciones de reporte.
Hacienda también estaría atenta. Calvo Vérgez advirtió que la administración fiscal intensificaría su vigilancia sobre las declaraciones trimestrales y anuales de estos profesionales precisamente porque están exonerados del impuesto. Si alguien superara el umbral de facturación, sería regularizado y tendría que pagar lo adeudado. Además, existe un riesgo comercial que los expertos no descartan: los proveedores que trabajan con estos autónomos y pymes podrían preferir operar con empresas en el régimen general del IVA, donde sí pueden deducirse el impuesto. Eso podría dejar a los pequeños negocios acogidos a la exención en una posición menos competitiva en sus relaciones comerciales.
La Directiva europea de 2020 que establece este sistema simplificado lo deja como opcional para los Estados miembros. España es el único país de la Unión que no lo ha implementado. Bruselas sí obliga a todos los países, incluido el nuestro, a permitir que los autónomos y pequeñas empresas españolas que vendan dentro de la UE no repercutan el IVA en esas operaciones, pero esa medida obligatoria aún no se ha aprobado en España porque está atascada en el Congreso. La Comisión Europea incluso ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber implementado esta parte obligatoria, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025.
El Gobierno español ha mostrado poco entusiasmo por el sistema completo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, descartó hace poco la posibilidad de aprobarlo, argumentando que la Directiva europea no obliga a los países a eximir del impuesto a estos profesionales ni a mantener el umbral de 85.000 euros. El Ejecutivo siempre ha sido reacio a la medida por la pérdida de ingresos fiscales que supondría. Sin embargo, en marzo pasado, el partido Junts logró que el Congreso votara a favor de una proposición no de ley para aplicar el IVA franquiciado, a cambio de su apoyo para convalidar un decreto-ley con medidas fiscales relacionadas con la guerra de Oriente Medio. Esa votación no vinculaba al Gobierno a implementar la medida, solo reflejaba la posición de la Cámara. Mientras tanto, la propuesta sigue sin avanzar legislativamente, y la parte obligatoria de la Directiva europea sobre ventas intracomunitarias permanece sin aplicarse en España.
Citas Notables
Esta no deducción puede incrementar los costes de su actividad si pagan mucho IVA— Juan Calvo Vérgez, catedrático de derecho tributario
Aunque se presenta como simplificación, el régimen requeriría comunicaciones trimestrales y anuales a Hacienda para demostrar no superar el umbral de facturación— Análisis de expertos del Consejo General de Economistas
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué los expertos dicen que quitar el IVA a los autónomos pequeños podría costarles más dinero?
Porque aunque no pagarían IVA en sus facturas, tampoco podrían recuperar el IVA que ellos mismos pagan cuando compran cosas para el negocio. Si compras materiales, servicios o equipamiento, normalmente recuperas ese IVA. Sin esa deducción, el coste real sube.
Pero ¿no se suponía que esto simplificaba la burocracia?
Eso es lo que venden, pero no es cierto. Tendrían que comunicar a Hacienda que quieren entrar en el sistema, luego informar cada trimestre y cada año de cuánto facturaron para demostrar que no superaron el límite. Es burocracia diferente, no menos burocracia.
¿Quién más saldría perjudicado?
Los proveedores que trabajan con estos pequeños negocios. Si no pueden deducirse el IVA de la factura que reciben, preferirán trabajar con empresas normales que sí lo permitan. Los autónomos exentos podrían quedar relegados.
¿Por qué el Gobierno no quiere implementarlo entonces?
Dinero. Cada autónomo y pequeña empresa que se acoja es impuesto que el Estado deja de recaudar. Para un gobierno con presupuestos ajustados, eso es un problema real.
¿Y la Unión Europea qué dice?
Que España tiene que aplicar al menos la parte obligatoria: permitir que los pequeños negocios no carguen IVA cuando venden a otros países de la UE. Eso debería estar en vigor desde enero de 2025 y aún no está. La Comisión ya ha demandado a España por ello.
¿Entonces esto va a pasar o no?
Probablemente no en el corto plazo. El Gobierno lo rechaza, el Congreso votó a favor pero eso no obliga a nada, y la propuesta sigue estancada. Lo que sí podría pasar es que España termine siendo obligada a implementar la parte de ventas intracomunitarias por orden judicial.