El dinero se invierte en proyectos políticos, no en rentabilidad
El Gobierno concentra demasiado poder en las comisiones de control del fondo, con dominio del Ministerio de Inclusión sobre la supervisión de inversiones. Los criterios de inversión incluyen factores socioambientales que podrían introducir distorsiones políticas y afectar negativamente la rentabilidad ajustada por riesgo.
- El Ministerio de Inclusión domina las comisiones de control del fondo, con poder desproporcionado respecto a otros fondos de pensiones
- Los criterios de inversión mezclan rentabilidad con objetivos socioambientales, sin claridad sobre prioridades
- La mayoría de asalariados no tendrá acceso al fondo durante años, mientras espera que sus empresas adopten estos planes
- El proyecto debe aprobarse antes de junio para cumplir compromisos de financiación europea
Fedea alerta sobre debilidades en el proyecto de ley del fondo público de pensiones, destacando el excesivo poder gubernamental en decisiones de inversión que podría comprometer la rentabilidad de los ahorradores.
En las próximas semanas, el Parlamento español debe decidir sobre un proyecto de ley que podría transformar cómo millones de trabajadores ahorran para la jubilación. El fondo público de pensiones está en una encrucijada crítica: los partidos políticos necesitan presentar sus enmiendas antes de que Bruselas revise en junio si España cumple con los compromisos de financiación europea vinculados a esta reforma. Pero mientras el calendario político avanza, los expertos están levantando banderas rojas sobre el diseño fundamental del instrumento.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, ha publicado un análisis que identifica tres debilidades estructurales en el proyecto. La primera es el poder excesivo que concentra el Gobierno en los órganos de control de estos planes de pensiones de promoción pública. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendría un peso desproporcionado en las comisiones supervisoras, mucho mayor que el que existe en fondos y planes similares ya operativos. Esto rompe con el equilibrio de poder que caracteriza a otros vehículos de ahorro colectivo.
Pero el problema más grave, según Fedea, está en cómo se establecerían los criterios de inversión. El proyecto concentra poder de decisión en dos comisiones dominadas por el Gobierno, con un mandato vago sobre qué principios deben guiar dónde se invierte el dinero de los ahorradores. Esto abre la puerta a lo que los expertos llaman intervencionismo político: la posibilidad de que consideraciones políticas, no solo financieras, determinen cómo se asignan los ahorros. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, advierte que esto sería "muy poco recomendable" para la salud del fondo.
La complejidad aumenta cuando se añaden otros factores al cálculo de inversión. La normativa requiere que los planes consideren no solo riesgo y rentabilidad, sino también impacto social y ambiental, así como contribución a objetivos de desarrollo sostenible. Estos son objetivos legítimos, pero cuando se mezclan con poder político concentrado, crean un caldo de cultivo para distorsiones. La combinación podría erosionar la rentabilidad ajustada por riesgo que los trabajadores necesitan para tener una jubilación digna. Los costes de perseguir ciertos objetivos políticos terminarían siendo pagados por los participantes del fondo, en lugar de financiarse a través de presupuestos públicos donde corresponde.
Hay un problema adicional que afecta a la mayoría de los trabajadores españoles: el acceso. Fedea subraya que sin incentivos concretos y con el diseño actual, el fondo público será prácticamente inaccesible para la mayoría de los asalariados durante un período indefinido. Los planes de pensiones de empleo aún no cubren a la mayoría de los trabajadores en el mercado laboral. Mientras se espera a que las empresas adopten estos planes de promoción pública, los trabajadores individuales tienen opciones muy limitadas para ahorrar de forma colectiva. No hay garantía de que sus empresas se sumen a estos planes en un plazo razonable. Mientras tanto, su capacidad de ahorro para la jubilación permanece constreñida.
El proyecto de ley enfrenta un dilema temporal. Debe aprobarse antes de junio para cumplir con los compromisos de financiación europea y liberar el segundo tramo de fondos de recuperación. Pero la prisa por cumplir con Bruselas no debería sacrificar el diseño de un instrumento que afectará a generaciones de trabajadores. Los expertos no piden rechazar la iniciativa, sino que se corrijan estas debilidades estructurales antes de que se consolide un sistema que podría comprometer tanto la rentabilidad de los ahorros como el acceso equitativo a ellos. La pregunta que queda abierta es si los partidos políticos incorporarán estas advertencias en sus enmiendas o si la inercia legislativa prevalecerá.
Notable Quotes
La norma concentra un excesivo poder sobre los planes de pensiones de promoción pública en manos de dos comisiones dominadas por el Gobierno, lo que podría dar lugar a un cierto intervencionismo político— Fedea, en su análisis del proyecto de ley
Los trabajadores asalariados deberán esperar a que estos planes de pensiones se extiendan por las empresas para ver un incremento efectivo de ahorradores— Fedea
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Fedea se enfoca tanto en el poder del Gobierno en estas comisiones? ¿No es normal que el Estado supervise fondos públicos?
La diferencia está en el grado. En otros fondos de pensiones ya existentes, la supervisión pública es menor. Aquí el Ministerio tendría un peso desproporcionado, lo que crea un desequilibrio que no existe en instrumentos similares.
Entiendo el problema de poder, pero ¿cuál es el riesgo real si el Gobierno decide dónde invertir el dinero?
Que las decisiones de inversión se tomen por razones políticas en lugar de financieras. Un trabajador necesita que su ahorro crezca lo máximo posible para su jubilación. Si el dinero se invierte en proyectos que cumplen objetivos políticos pero tienen menor rentabilidad, el trabajador pierde.
Pero los objetivos sociales y ambientales son importantes también, ¿no?
Completamente. El problema no es incluirlos, sino cómo se incluyen. Si se mezclan con poder político concentrado, los costes de perseguir esos objetivos los pagan los ahorradores, no los presupuestos públicos. Debería haber un mecanismo más transparente.
¿Cuál es el impacto inmediato para un trabajador medio?
Probablemente ninguno, porque la mayoría de trabajadores no tendrá acceso al fondo durante años. Sus empresas aún no han adoptado estos planes. Mientras espera, tiene opciones muy limitadas para ahorrar colectivamente.
¿Entonces el fondo nace ya limitado?
Sí. Sin incentivos claros y sin cobertura empresarial amplia, será casi inaccesible para la mayoría durante un período indefinido. Es un instrumento que podría ser útil, pero necesita correcciones antes de consolidarse.
¿Qué debería cambiar?
Fedea no pide rechazarlo, sino reequilibrar el poder en las comisiones, aclarar los criterios de inversión y crear incentivos reales para que las empresas adopten estos planes. La prisa por cumplir con Bruselas no debería sacrificar el diseño.