Ganar en los tribunales no es lo mismo que recuperar el territorio
La minería ha invadido 370 territorios indígenas ilegalmente, mientras que las concesiones gubernamentales elevan la cifra a 1131 territorios afectados en la Amazonía. En Perú, Ecuador y Bolivia la deforestación es tres veces mayor en territorios indígenas con minería comparado con áreas libres de esta actividad.
- La minería ocupa aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados en territorios indígenas amazónicos
- 370 territorios indígenas han sido invadidos ilegalmente; 1131 están afectados por concesiones gubernamentales
- En Perú, Ecuador y Bolivia la deforestación es tres veces mayor en territorios con minería
- Al menos 30 ríos amazónicos están contaminados por mercurio de operaciones mineras ilegales
- El precio del oro alcanzó dos mil dólares la onza en agosto de 2020
Un estudio del World Resources Institute revela que la minería legal e ilegal ocupa aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados en territorios indígenas de la Amazonía, afectando 1131 tierras indígenas en seis países.
El precio del oro alcanzó los dos mil dólares la onza en agosto de 2020, un récord histórico impulsado en parte por la pandemia de coronavirus. Esa cifra, aunque espectacular, cuenta apenas la mitad de la historia. Lo que ocurre en la Amazonía es más complejo y más grave: la minería legal e ilegal cubre aproximadamente 1.28 millones de kilómetros cuadrados en la región, y ha llegado hasta ocupar el 20 por ciento de los territorios indígenas amazónicos, unos 450 mil kilómetros cuadrados en total.
Un estudio del World Resources Institute y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada ofrece por primera vez un panorama detallado de este impacto en seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los números son contundentes. Mineros ilegales han invadido 370 territorios indígenas. Cuando se suman las concesiones entregadas por los gobiernos, la cifra sube a 1131 territorios afectados. El estudio también documenta que operaciones de minería ilegal arrojan constantemente metales pesados, especialmente mercurio, en al menos 30 ríos amazónicos.
José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, describe la minería como una actividad que ha devastado territorios indígenas con particular ferocidad en los últimos diez años. Sin embargo, existe una paradoja que el estudio subraya: a pesar de la deforestación causada por la minería dentro de sus tierras, los pueblos indígenas mantienen el mejor índice mundial de conservación de territorio y biodiversidad. En Perú, Ecuador y Bolivia, la deforestación es tres veces mayor en territorios indígenas donde opera la minería comparado con aquellos libres de esta actividad. En Colombia y Venezuela, la pérdida de bosque supera hasta en dos veces la deforestación de territorios sin minería.
La mayor parte del área de minería ilegal se concentra en Perú y Bolivia. De los 370 territorios indígenas invadidos por minería ilegal, 260 están en Perú, 37 en Brasil y 29 en Colombia. Estos números reflejan una realidad que los pueblos indígenas han enfrentado durante años: gobiernos que entregan concesiones sin consulta previa, empresas que operan sin supervisión adecuada, y una capacidad limitada de las instituciones para hacer cumplir las leyes existentes.
El estudio documenta también las estrategias que algunos pueblos indígenas han desarrollado para frenar el avance de la minería. En Colombia, el pueblo Yaigojé Apaporis solicitó en 2007 que sus tierras fueran declaradas parque nacional para detener la explotación de oro. El parque fue creado en 2009, pero dos días después el gobierno colombiano otorgó una concesión minera dentro del área protegida. El caso llegó a los tribunales colombianos, que ordenaron la suspensión de actividades, pero el conflicto continúa en instancias internacionales.
En Perú, la comunidad de Tres Islas, de los pueblos Shipibo y Ese'Eja, enfrentó una situación similar. El gobierno peruano entregó más de 100 concesiones mineras dentro de su territorio sin consulta previa, violando el Convenio 169 que Perú ratificó en 1993. En agosto de 2010, la comunidad construyó una caseta y una puerta de madera para controlar el acceso a sus tierras. El caso llegó al Tribunal Constitucional peruano, que dictaminó que Tres Islas tenía derecho a controlar el ingreso de terceros. Posteriormente, 127 concesiones fueron declaradas nulas. El estudio muestra que la deforestación en Tres Islas se redujo drásticamente entre 2010 y 2015, coincidiendo con que la comunidad recuperó el control de su territorio. Sin embargo, la ejecución plena del fallo aún no se ha cumplido.
Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada a cargo de la defensa de Tres Islas, señala que estos litigios son extraordinariamente largos y agotadores para los pueblos indígenas. Incluso cuando ganan, existe ineficacia en el cumplimiento de los fallos, lo que refleja la lentitud de las instituciones. En Bolivia, los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán se unieron para exigir la suspensión de la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. En octubre de 2011, el territorio fue declarado zona intangible, pero leyes posteriores han intentado reactivar el proyecto, que hasta ahora no ha avanzado.
José Gregorio Díaz Mirabal reflexiona sobre cómo el oro pasó de ser un símbolo cultural de los pueblos prehispánicos a un objeto de riqueza que ha traído destrucción. Advierte que se ha llegado a un punto crítico y expresa preocupación de que los préstamos internacionales para conservación no lleguen a los pueblos indígenas, mientras que el financiamiento continúa fluyendo hacia actividades extractivistas. Los estados que compran materias primas y los bancos que las financian, dice, deben cambiar sus políticas y condicionar los préstamos a nuevos pactos y acuerdos que protejan realmente los territorios indígenas.
Citas Notables
La minería, con esa ferocidad de destrucción de la Amazonía, debe tener como 70 años. Y en los últimos diez años ha sido feroz en la devastación de muchos territorios indígenas— José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
Aun cuando ganan los pueblos indígenas, existe ineficacia en el cumplimiento de los fallos y esto tiene que ver con la lentitud de las instituciones— Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué este estudio es importante ahora, en 2020, cuando la minería en la Amazonía lleva décadas ocurriendo?
Porque es la primera vez que alguien mide con precisión el alcance real de la minería legal e ilegal en territorios indígenas específicos. Antes había cifras sueltas; ahora hay un mapa.
¿Y eso cambia algo en el terreno?
Cambia la conversación. Los pueblos indígenas pueden señalar con exactitud dónde están las concesiones, cuánta deforestación causaron, qué ríos están contaminados. Es munición para los tribunales.
Pero el caso de Tres Islas ganó hace diez años y aún no se ejecuta la sentencia.
Exacto. Ganar en los tribunales no es lo mismo que recuperar el territorio. Las instituciones son lentas, los gobiernos no cumplen, y los pueblos indígenas se cansan de litigar.
¿Entonces qué funciona?
Las alianzas. Cuando los pueblos indígenas se unen, como en Bolivia con el Tipnis, logran presión política que los gobiernos no pueden ignorar. Pero incluso eso es frágil.
¿Cuál es el verdadero problema de fondo?
Que los gobiernos venden los mismos territorios dos veces: a los pueblos indígenas como derechos ancestrales, y a las empresas como concesiones. Mientras eso ocurra, ningún tribunal puede resolver el conflicto.
¿Y los pueblos indígenas qué dicen que necesitan?
Que los préstamos internacionales para conservación lleguen a ellos, no a las empresas. Que se respete realmente el derecho a consulta previa. Que se apliquen las leyes que ya existen.