Ciento cincuenta muertos en cuarenta ataques desde septiembre
En las aguas del Caribe y el Pacífico, la maquinaria militar de Estados Unidos continúa su campaña contra el narcotráfico con una intensidad que no tiene precedente reciente: once personas murieron el lunes cuando el Comando Sur hundió tres embarcaciones señaladas como narcolanchas, elevando el total de fallecidos a cerca de ciento cincuenta desde septiembre. La operación, enmarcada en la misión Lanza del Sur y sostenida incluso tras la partida del portaaviones Gerald Ford, plantea una pregunta que trasciende la táctica militar: ¿dónde termina la guerra contra las drogas y dónde comienza la ejecución sin juicio?
- El Comando Sur hundió tres embarcaciones el lunes con un saldo de once muertos, ninguno de ellos soldado estadounidense, en lo que describe como golpes certeros contra organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico.
- La campaña acumula ya más de cuarenta ataques reconocidos y aproximadamente ciento cincuenta muertos desde septiembre, una escala que supera con creces cualquier operación antinarcóticos reciente en el hemisferio.
- La partida del portaaviones Gerald Ford no ha frenado las operaciones: aviones y buques continúan actuando sobre objetivos identificados, señal de que la estrategia de presión militar en la región no depende de un solo activo.
- Expertos en derecho internacional y legisladores demócratas denuncian que estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, cuestionando la legalidad de matar sin captura, sin juicio y sin verificación independiente de identidades.
- Washington defiende la legalidad plena de las operaciones amparándose en la designación de los carteles como organizaciones terroristas, pero la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas alimenta una controversia que no cede.
El Comando Sur de Estados Unidos anunció el martes que sus fuerzas habían hundido tres embarcaciones durante la noche del lunes, dos en el Pacífico oriental y una en el Caribe, con un saldo de once personas muertas. Ningún soldado estadounidense resultó herido. El general Francis Donovan, al frente del Comando Sur, describió a los ocupantes como miembros de organizaciones terroristas que transitaban rutas conocidas del narcotráfico, y acompañó el comunicado con imágenes de las lanchas siendo alcanzadas por misiles.
Los ataques se producen después de que el portaaviones Gerald Ford abandonara el Caribe, donde había permanecido desde octubre como parte de la misión Lanza del Sur, una estrategia de presión que también precedió a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. Que las operaciones continúen sin el portaaviones revela que la campaña no depende de un despliegue puntual, sino de una política sostenida.
Desde que Trump anunció el primer ataque contra una narcolancha el 2 de septiembre, el gobierno ha reconocido más de cuarenta golpes similares con un total aproximado de ciento cincuenta muertos. La escala y la velocidad de estas acciones representan una intensificación sin parangón respecto a administraciones anteriores.
La controversia crece al mismo ritmo que el número de víctimas. Expertos en derecho internacional y legisladores demócratas argumentan que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales que violan tanto el derecho internacional como la legislación estadounidense, señalando la imposibilidad de verificar de forma independiente las identidades de los fallecidos y la ausencia total de detenciones o procesos judiciales. El gobierno insiste en que todo es legal, pero las preguntas sobre quién muere, por qué y con qué autorización siguen sin respuesta pública.
El Comando Sur de Estados Unidos anunció el martes que sus fuerzas habían hundido tres embarcaciones en el Caribe y el Pacífico durante operaciones contra el narcotráfico, dejando once personas muertas. Los ataques ocurrieron a última hora del lunes, según el comunicado militar, y se sumaron a una campaña más amplia que ha intensificado desde septiembre. Ningún soldado estadounidense resultó herido en las operaciones.
Dos de los ataques se llevaron a cabo en aguas del Pacífico oriental, cada uno resultando en cuatro muertes. El tercero, en el Caribe, dejó tres personas fallecidas. El Comando Sur, bajo la dirección del general Francis Donovan, describió a los ocupantes de las embarcaciones como miembros de organizaciones designadas como terroristas. En su comunicado, la institución militar afirmó que los servicios de inteligencia habían confirmado que las lanchas transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban activamente en operaciones de distribución de drogas. Como es habitual en estos anuncios, el Comando Sur acompañó su declaración con un vídeo que mostraba las embarcaciones siendo alcanzadas por misiles y explotando en el agua.
Estos ataques llegan después de que el portaaviones Gerald Ford zarpara del Caribe, donde había permanecido desde octubre como parte de la misión Lanza del Sur. El buque de guerra fue enviado a la región durante la administración Trump como parte de una estrategia más amplia de presión contra Venezuela, que precedió a la operación que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas el 3 de enero. Aunque el portaaviones ya no está en la zona, las operaciones aéreas y navales contra objetivos identificados como narcotráfico continúan sin interrupción.
La escala de estas operaciones es significativa. Desde que Trump anunció el primer ataque contra una supuesta narcolancha el 2 de septiembre, el gobierno estadounidense ha reconocido más de cuarenta golpes similares. Esos ataques han resultado en aproximadamente ciento cincuenta muertes. El viernes anterior a estos tres nuevos ataques, las fuerzas estadounidenses ya habían destruido otra embarcación con un misil, matando a los tres tripulantes a bordo.
El gobierno estadounidense sostiene que estas operaciones son completamente legales y representan una respuesta apropiada contra carteles incluidos en su lista oficial de organizaciones terroristas internacionales. Sin embargo, esta justificación ha generado considerable controversia. Numerosos expertos en derecho internacional y varios legisladores, la mayoría de ellos demócratas, han cuestionado la legalidad de estas acciones. Argumentan que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales que violan tanto el derecho internacional como las leyes estadounidenses. La falta de procesos judiciales, la dificultad de verificar independientemente las identidades de los fallecidos y la ausencia de capturas o detenciones han alimentado estas críticas.
La campaña refleja un enfoque más agresivo hacia las operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental. Mientras que las administraciones anteriores también llevaron a cabo operaciones contra traficantes de drogas, la escala y la velocidad de estos ataques bajo la administración Trump representan una intensificación notable. Los ataques continúan incluso después de la partida del portaaviones, sugiriendo que la estrategia de presión militar en la región seguirá siendo un componente central de la política estadounidense hacia América Latina.
Citações Notáveis
Los servicios de inteligencia han confirmado que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico— Comando Sur
Numerosos expertos y legisladores demócratas consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional y las leyes estadounidenses— Críticos de las operaciones
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué el Comando Sur sigue lanzando ataques si el portaaviones Gerald Ford ya se fue del Caribe?
El portaaviones fue enviado principalmente como símbolo de presión política durante la transición en Venezuela. Los ataques aéreos y navales contra las lanchas no dependen de su presencia. La campaña continúa porque la administración considera que el narcotráfico sigue siendo una amenaza que requiere respuesta militar constante.
¿Cómo verifica realmente Estados Unidos que estas embarcaciones están dedicadas al narcotráfico?
Según el Comando Sur, los servicios de inteligencia confirman que transitan por rutas conocidas de tráfico. Pero eso es lo que dice el comunicado oficial. Los críticos señalan que no hay verificación independiente, no hay capturas, no hay evidencia pública que se pueda examinar.
¿Qué diferencia hay entre estos ataques y lo que otros países llamarían ejecuciones extrajudiciales?
Esa es exactamente la pregunta que hacen los expertos en derecho internacional. Estados Unidos dice que son operaciones legales contra terroristas designados. Los críticos dicen que sin proceso judicial, sin captura, sin oportunidad de defensa, la línea entre operación militar y ejecución se vuelve muy borrosa.
¿Cuántas personas han muerto en total desde que comenzó esto?
Alrededor de ciento cincuenta desde el 2 de septiembre. Más de cuarenta ataques reconocidos. Son números que crecen cada semana.
¿Hay alguna consecuencia política para Estados Unidos por esto?
Dentro del país, los legisladores demócratas lo cuestionan. Internacionalmente, hay crítica, pero limitada. Venezuela está en caos político, otros gobiernos de la región tienen sus propios problemas. La presión diplomática real ha sido mínima.