España lidera el incumplimiento de directivas de la UE con 94 sin incorporar y 9 condenas

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta semana su intención de liderar en la Unión Europea la eliminación del cambio horario para proteger los ritmos biológicos de los ciudadanos, Bruselas le recordaba una realidad incómoda: España encabeza el ranking de incumplimiento de directivas europeas, con 94 normas comunitarias sin incorporar a su legislación nacional y nueve condenas que han generado multas superiores a los 21 millones de euros.

Los datos de la Comisión Europea revelan una contradicción que no pasa desapercibida. Mientras el Ejecutivo proclama su compromiso con la integración europea, el país acumula el mayor número de infracciones por no transponer correctamente las directivas comunitarias o hacerlo fuera de plazo. Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, lo resume con precisión: es llamativo que el Gobierno defienda públicamente la integración en la UE mientras España lidera el incumplimiento de sus obligaciones normativas. El problema se agrava cuando se trata de infracciones reiteradas, que generan sanciones económicas cada vez mayores.

La magnitud del retraso es asombrosa en algunos casos. La Directiva sobre seguridad y exposición a radiaciones nucleares, precisamente una norma vinculada a la salud que Sánchez mencionaba en su propuesta sobre el cambio horario, venció el 2 de febrero de 2018. España no la incorporó a su ordenamiento jurídico hasta el 4 de diciembre de 2024, cuando el Ministerio de la Presidencia publicó el Real Decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. Pero ni siquiera entonces entró en vigor: lo hará el 3 de diciembre de 2025, un año después de su publicación. El retraso acumulado supera los 2.800 días.

Las condenas económicas ilustran las consecuencias reales de estos incumplimientos. En agosto de este año, la justicia europea multó al Gobierno con 6.832.000 euros, más una sanción diaria de 19.700 euros, por no cumplir a tiempo la directiva que obliga a retribuir el permiso parental. El Gobierno había rechazado una propuesta sobre esta materia en enero de 2024, pero en julio aprobó la ampliación de la baja de paternidad en el Consejo de Ministros, presentándola como un logro social del Ejecutivo. En realidad, era una obligación impuesta por Bruselas. La sentencia condenatoria llegó cuatro días después. La multa más cuantiosa hasta ahora fue la de febrero de 2021, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar 15 millones de euros, más 89.000 diarios, por no transponer correctamente la directiva sobre protección de datos personales en el contexto de prevención de delitos.

Los números muestran una tendencia preocupante. A finales de 2024, España lideraba el ranking con 81 casos abiertos, superando a Polonia. De ellos, 47 correspondían a transposiciones incorrectas de directivas, 24 a transposiciones tardías y 10 a incumplimientos de reglamentos, tratados o decisiones vinculantes. En 2023 había 93 casos abiertos y 12 sentencias condenatorias. En 2022, España estaba en triple empate en primera posición con Bélgica y Grecia, con 100 casos y 12 sentencias. En 2021 lideraba de forma absoluta con 107 casos. El tiempo promedio que tarda España en cumplir las sentencias es de 56 meses, situándose en octava posición entre los países más lentos.

La complejidad del sistema político español agrava el problema. Cada directiva europea tiene aproximadamente dos años para ser transpuesta a la legislación nacional. Safira Cantos señala que el Gobierno español no cuenta con una mayoría legislativa suficiente para legislar con agilidad, y la propia organización territorial del Estado dificulta el proceso. Cuando una directiva toca ámbitos regulados por las comunidades autónomas, el procedimiento se complica aún más. Calcular el coste económico total de todas las sanciones es prácticamente imposible, dada la cantidad de incumplimientos y las multas diarias que se acumulan.

Un ejemplo concreto afecta a casi 600.000 autónomos españoles. La Directiva del IVA Franquiciado estipula que los trabajadores autónomos que facturen menos de 85.000 euros están exentos de presentar el IVA. España acumula ya diez meses de retraso en su aplicación, según la Federación Nacional de Autónomos. Lo más grave es que España es el único país europeo que aún no la ha implementado. Los autónomos españoles siguen obligados a hacer cuatro declaraciones trimestrales de IVA al año, mientras sus homólogos en otros países europeos disfrutan de exenciones que el ordenamiento español no reconoce. Es, en palabras de la federación, una situación discriminatoria que perpetúa una desventaja competitiva.

Bruselas advierte de multas millonarias adicionales si los incumplimientos persisten. La pregunta que flota sobre el Gobierno es si la falta de mayoría legislativa y la complejidad territorial seguirán siendo obstáculos insuperables, o si España encontrará la manera de acelerar la incorporación de las normas europeas a su ordenamiento jurídico.