Castiga a las empresas más internacionalizadas e innovadoras
En el otoño de 2021, el Gobierno español presentó unos Presupuestos para 2022 que, para sostenerse, exigían nuevos sacrificios fiscales a tres sectores concretos: las grandes corporaciones, los propietarios que arriendan viviendas y los ciudadanos que ahorran de manera individual para su jubilación. La medida, que aspira a recaudar casi 500 millones de euros, refleja una tensión antigua entre la ambición del gasto público y la capacidad real de financiarlo sin afectar al conjunto de la economía. Como ocurrió en 2021, la distancia entre lo proyectado y lo recaudado podría volver a ser la verdadera protagonista de la historia.
- El Ejecutivo necesita financiar unos presupuestos expansivos y apunta a casi 500 millones de euros adicionales concentrados en tres colectivos específicos.
- Las grandes empresas con más de 20 millones de facturación enfrentarán un tipo mínimo del 15% en Sociedades —18% para banca e hidrocarburos—, lo que desató el rechazo frontal de las asociaciones empresariales.
- Los propietarios que alquilan viviendas ven sus bonificaciones fiscales caer del 85% al 40%, mientras los pequeños arrendadores en zonas tensionadas podrían beneficiarse de exenciones de hasta el 90% si bajan las rentas.
- Los ahorradores individuales sufren el segundo recorte consecutivo en planes de pensiones: el límite de deducción baja de 2.000 a 1.500 euros, y las organizaciones del sector advierten que las aportaciones podrían caer un 40%.
- La duda que sobrevuela todo el paquete es si la recaudación real alcanzará las proyecciones, dado que el intento de 2021 ya arrojó resultados muy por debajo de lo esperado.
El Gobierno llegó a los Presupuestos de 2022 con una necesidad clara: financiar un plan de gasto ambicioso sin recurrir a un alza fiscal generalizada. La solución fue concentrar la presión en tres sectores concretos, con la expectativa de obtener casi 500 millones de euros adicionales.
La medida de mayor calado político fue el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para empresas que facturen más de 20 millones de euros, con un 18% para la banca y las compañías de hidrocarburos. La reforma, impulsada por Unidas Podemos y aceptada a regañadientes por el PSOE, afectaría a poco más de 1.000 empresas y generaría unos 400 millones de euros. Las patronales respondieron con dureza: argumentaron que sus asociadas ya tributan cerca del 20% de media y que el nuevo mínimo solo penalizaría a las compañías más internacionalizadas e innovadoras, precisamente las que España necesita para competir.
El segundo frente fue el mercado del alquiler. El Gobierno recortó las bonificaciones fiscales para las grandes empresas arrendadoras del 85% al 40%, y compensó la medida con exenciones de hasta el 90% para los pequeños propietarios que redujeran las rentas en zonas con escasez de vivienda asequible. La ministra Montero presentó el mecanismo como un incentivo redistributivo, aunque los grandes operadores lo vivieron como una penalización sin contrapartida equivalente.
El tercer colectivo afectado fue el de los ahorradores en planes de pensiones individuales. El límite de deducción anual bajó de 2.000 a 1.500 euros —tras haber sido de 8.000 euros apenas dos años antes—, mientras el tope para los planes de empresa subía de 8.000 a 8.500 euros. Las organizaciones Inverco, Unespa y CEM alertaron de que más de 7,5 millones de partícipes, muchos de ellos autónomos, verían reducidas sus aportaciones en torno a un 40%. El impacto recaudatorio estimado de esta medida era de 77 millones de euros.
Sumadas las tres iniciativas, el Ejecutivo confiaba en cuadrar una parte significativa de sus cuentas. Pero la experiencia de 2021, cuando los ingresos reales quedaron muy lejos de los 1.450 millones proyectados, dejaba abierta la pregunta más incómoda: si la aritmética fiscal terminaría siendo tan generosa como los presupuestos necesitaban.
El Gobierno necesitaba dinero. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 son expansivos, ambiciosos, costosos. Para cuadrar las cuentas, la administración decidió hacer lo que ya había intentado en 2021: subir impuestos a sectores específicos. Aquel primer intento recaudó 1.450 millones de euros en teoría, pero los números reales fueron decepcionantes. Esta vez, el Ejecutivo apunta a casi 500 millones de euros adicionales, concentrados en tres blancos muy concretos: las grandes empresas, los propietarios que alquilan viviendas, y los ciudadanos que ahorran en planes de pensiones individuales.
La medida más visible y la que más presión política generó fue el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para empresas que facturen al menos 20 millones de euros o se constituyan en grupo consolidado. Para la banca y las empresas de hidrocarburos, el tipo mínimo sería aún más alto: del 18%. Unidas Podemos llevaba tiempo insistiendo en esta reforma. El PSOE habría preferido esperar hasta 2023, pero finalmente cedió. La medida afectaría a poco más de 1.000 compañías y se espera que genere unos 400 millones de euros en recaudación.
Las asociaciones empresariales rechazaron la medida de manera frontal. Argumentaron que las estadísticas de la Agencia Tributaria demuestran que las empresas ya tributan alrededor del 20%, por lo que el nuevo tipo mínimo no tendría impacto real en la mayoría de los casos. Solo afectaría a aquellas que acumulan deducciones por doble imposición internacional o por inversiones en investigación y desarrollo. Los empresarios advirtieron que la medida castiga precisamente a las compañías más internacionalizadas e innovadoras, justo lo contrario de lo que España necesita para competir globalmente.
La segunda línea de ataque fiscal se dirigió a los propietarios que alquilan viviendas. El Gobierno redujo las bonificaciones fiscales para estas empresas del 85% al 40%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que esta mayor tributación se destinaría a financiar exenciones fiscales de hasta el 90% para los pequeños propietarios que reduzcan las rentas de sus inquilinos en zonas tensionadas por la falta de vivienda asequible. Era una compensación, aunque desigual: los grandes operadores pagarían más para que los pequeños propietarios tuvieran incentivos para bajar precios. Esta medida estaba prevista originalmente para la futura ley de Vivienda, pero el Gobierno decidió adelantarla en los presupuestos.
El tercer colectivo afectado fue el de los ahorradores. El Gobierno redujo el límite de deducción en los planes de pensiones individuales de 2.000 euros a 1.500 euros anuales. Era el segundo golpe en poco tiempo: en 2020 el límite había sido de 8.000 euros. Al mismo tiempo, el Ejecutivo amplió de 8.000 a 8.500 euros el límite para los planes de pensiones de empresa, incentivando esta modalidad colectiva frente al ahorro individual privado. Entre ambas medidas, el impacto en recaudación sería de 77 millones de euros.
Las asociaciones que representan a los ahorradores —Inverco, Unespa y CEM— emitieron un comunicado conjunto denunciando la reforma. Señalaron que en España hay más de 7,5 millones de personas con planes de pensiones individuales y casi 1 millón con planes de previsión asegurados. Muchos de ellos son trabajadores autónomos. Las organizaciones advirtieron que las aportaciones a sistemas individuales se reducirían un 40% en 2021 como consecuencia de la medida, castigando nuevamente a quienes intentaban asegurar su jubilación de manera privada.
Sumadas las tres medidas —el tipo mínimo de Sociedades, la reducción de bonificaciones para alquileres, y el recorte en planes de pensiones— el Gobierno esperaba recaudar casi 500 millones de euros en 2022. Era menos ambicioso que el intento de 2021, pero seguía siendo un esfuerzo por hacer que ciertos sectores financiaran un presupuesto que el Ejecutivo consideraba necesario para la recuperación económica. La pregunta que quedaba abierta era si estas medidas lograrían el objetivo recaudatorio, o si, como en 2021, la realidad terminaría siendo más modesta que las proyecciones.
Notable Quotes
La medida castiga a aquellas empresas más internacionalizadas y que dedican importes significativos a la investigación y desarrollo tecnológico— Fuentes empresariales
Las aportaciones a sistemas individuales se van a reducir un 40% en 2021— Asociaciones Inverco, Unespa y CEM
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué el Gobierno eligió precisamente estos tres colectivos para subir impuestos?
Porque son sectores donde la presión política es manejable. Las grandes empresas tienen poder de fuego pero no votos masivos. Los propietarios de alquiler son una minoría. Y los ahorradores en planes de pensiones son dispersos, sin una voz unificada.
Pero el Gobierno dice que compensa a los pequeños propietarios con exenciones. ¿No es eso justo?
En teoría sí. Pero la realidad es que castiga a los operadores medianos que no son lo bastante grandes para ser multinacionales, pero tampoco lo bastante pequeños para acceder a las exenciones. Quedan atrapados en el medio.
¿Y por qué reducir los planes de pensiones individuales si España necesita que la gente ahorre para la jubilación?
Porque el Gobierno necesita dinero ahora, no en 30 años. Y porque prefiere que el ahorro sea colectivo, a través de planes de empresa, donde tiene más control y visibilidad.
¿Funcionó la subida de impuestos de 2021?
No. Se esperaban 1.450 millones de euros y los números reales fueron mucho menores. Por eso esta vez el Gobierno es más modesto: apunta a 500 millones. Pero sigue siendo un experimento.
¿Qué pasa si esto tampoco funciona?
Entonces el Gobierno tendrá que elegir entre recortar gasto o buscar nuevas fuentes de ingresos. Y ambas opciones son políticamente costosas.