El tribunal rechazó lo que Trump no pudo hacer en su primer día
En un momento que revela tanto los límites como la maleabilidad del orden constitucional estadounidense, el Tribunal Supremo bloqueó el decreto de Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento, principio consagrado en la Decimocuarta Enmienda desde 1868. La misma mayoría conservadora que frenó esta medida ratificó, días después, otras dos políticas que despojan de protecciones humanitarias a cientos de miles de migrantes. La Constitución, en este capítulo, resultó ser escudo para algunos y espejo incómodo para el poder, pero no para todos.
- El Supremo bloqueó el decreto más simbólico de Trump, pero lo hizo mientras le abría paso en casi todo lo demás: 350.000 haitianos y 6.000 sirios pierden sus protecciones y enfrentan deportación inmediata.
- Más de seis millones de personas nacidas en suelo estadounidense con padres indocumentados viven ahora bajo la amenaza de futuros cambios legislativos que podrían redefinir su estatus.
- Trump respondió con urgencia desde Truth Social, exigiendo al Congreso actuar 'HOY MISMO', pero la aritmética del Senado —53 republicanos frente a los 60 votos necesarios— convierte esa promesa en un callejón casi sin salida.
- La vía de la enmienda constitucional, mencionada por el líder republicano Mike Johnson, es aún más remota, y eliminar el filibusterismo tampoco parece viable en el horizonte inmediato.
El martes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos detuvo uno de los objetivos más antiguos del movimiento MAGA: la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Trump había firmado un decreto con ese propósito el primer día de su segundo mandato, pero el tribunal —incluso con su composición más conservadora en casi un siglo— lo rechazó por contradecir explícitamente la Decimocuarta Enmienda.
La paradoja es que esa misma mayoría conservadora ha respaldado a Trump en casi todo lo demás. Apenas dos días después de frenar el decreto, los seis magistrados ratificaron dos políticas migratorias adicionales: una que elimina las protecciones humanitarias de 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios, exponiéndolos a deportación inmediata, y otra que impide a los migrantes irregulares solicitar asilo en la frontera con México. Serán expulsados sin audiencia.
Trump no aceptó la derrota. Horas después de conocer el fallo, exigió al Congreso legislar el fin de la ciudadanía por nacimiento. El obstáculo es casi insuperable: necesitaría 60 votos en el Senado, donde los republicanos apenas tienen 53. Una enmienda constitucional, opción mencionada por el líder de la Cámara Mike Johnson, es aún más difícil de alcanzar.
Las cifras humanas en juego son enormes. Más de seis millones de personas nacidas en Estados Unidos tienen uno o ambos padres en situación irregular. El gobierno ha invocado el llamado 'turismo de partos' para justificar la medida, pero los datos lo desmienten: menos del 0,3% de los nacimientos corresponden a turistas, según la Universidad de Pensilvania.
La ciudadanía por nacimiento sigue siendo derecho constitucional. Por ahora.
El martes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos detuvo en seco uno de los objetivos más antiguos del movimiento MAGA: la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Donald Trump había llegado a la Casa Blanca en su segundo mandato rodeado de ideólogos ultraconservadores, listos para ejecutar una agenda radical que incluía, de manera prominente, acabar con la Decimocuarta Enmienda, ese fragmento de la Constitución que otorga ciudadanía automática a cualquiera nacido en territorio estadounidense, sin importar la condición migratoria de sus padres. El primer día en el Despacho Oval, Trump firmó un decreto con ese propósito. El tribunal, incluso con su alineación más conservadora en casi un siglo, lo rechazó.
La ironía es que esa mayoría conservadora no ha dejado de respaldar a Trump en casi todo lo demás. Hace dos años, cuando era candidato enfrentando cuatro juicios graves y una condena, el mismo tribunal le otorgó una inmunidad amplia que despejó su camino de regreso al poder. Esta semana, apenas dos días después de frenar el decreto sobre ciudadanía, esos mismos seis magistrados ratificaron otras dos políticas migratorias de la administración. Una permite que el gobierno termine las protecciones humanitarias que habían cobijado a 350.000 haitianos y aproximadamente 6.000 sirios, dejándolos expuestos a deportación inmediata. La otra cierra la posibilidad de que migrantes irregulares que llegan a la frontera con México se presenten ante las autoridades para solicitar asilo. Ahora serán expulsados sin audiencia.
Los magistrados que conforman esa mayoría conservadora se consideran originalistas: creen en una lectura fiel de los documentos fundacionales. Quizá por eso no pudieron transigir con un decreto que contradice explícitamente lo que la Decimocuarta Enmienda dice. Pero eso no significa que hayan cambiado su inclinación general hacia las políticas de Trump. Es más bien una excepción dentro de una serie de victorias para su agenda migratoria.
Trump no se rinde. Horas después de conocer la sentencia, publicó un mensaje en Truth Social pidiendo al Congreso que comenzara a trabajar "HOY MISMO" para legislar el fin de la ciudadanía por nacimiento. Prometió su "apoyo total y absoluto". El problema es que la vía legislativa enfrenta obstáculos casi insuperables. El Supremo acaba de decir que esa política contradice la Constitución. Aprobar una ley que el tribunal considera inconstitucional es complicado. Además, Mike Johnson, el líder republicano en la Cámara de Representantes, ha hablado de algo aún más difícil: una enmienda constitucional. En el Senado, Trump necesitaría 60 votos para avanzar. Los republicanos tienen 53, en el mejor de los casos, y en noviembre se renueva un tercio de los escaños. Existe la opción de eliminar la regla del filibusterismo que paraliza la legislación, pero eso tampoco parece probable.
La cifra de personas que podrían verse afectadas es considerable. Más de seis millones de personas nacidas en Estados Unidos tienen uno o ambos padres en situación irregular. En teoría, podrían naturalizarse cuando sus hijos ciudadanos cumplan 21 años, aunque el proceso es complicado y ahora, en el clima de represión migratoria de Trump, mucho más. El presidente inflama regularmente las cifras de indocumentados en el país, que estudios confiables sitúan en alrededor de 14 millones.
Los republicanos también quieren acabar con lo que llaman "turismo de partos": extranjeros que viajan a Estados Unidos específicamente para dar a luz y obtener ciudadanía para sus hijos. John Sauer, el abogado que representó al gobierno ante el Supremo, habló de "miles y miles" de extranjeros de naciones potencialmente hostiles llegando en masa para este propósito. Pero los datos cuentan otra historia. Menos del 0,3% de los nacimientos en Estados Unidos corresponden a turistas, según un estudio de la Universidad de Pensilvania. Eso no impidió que Clarence Thomas, el magistrado más conservador del tribunal, escribiera en su opinión discordante que las empresas de turismo de partos cobran sumas elevadas a extranjeros adinerados, y que cada año nace un gran número de niños cuyos padres están temporalmente en el país con ese objetivo específico.
Lo que queda claro es que Trump ha ganado la mayoría de sus batallas migratorias en los tribunales, aunque no todas. La ciudadanía por nacimiento sigue siendo derecho constitucional. Por ahora.
Citas Notables
Pidió a los suyos en el Capitolio que empiecen a trabajar 'HOY MISMO para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, una práctica costosa e injusta', prometiendo su apoyo total y absoluto— Donald Trump, en un mensaje publicado en Truth Social
Miles y miles de extranjeros procedentes de naciones potencialmente hostiles han llegado en masa a dar a luz en Estados Unidos en las últimas décadas— John Sauer, abogado que representó al gobierno ante el Supremo
La Conversación del Hearth Otra perspectiva de la historia
¿Por qué el Supremo frenó este decreto si su mayoría es tan conservadora y tan favorable a Trump?
Porque los seis magistrados conservadores son originalistas convencidos. Creen que la Decimocuarta Enmienda dice lo que dice, y no pueden reescribirla aunque quieran. Es una cuestión de método, no de política.
Pero entonces, ¿por qué ratificaron las otras dos políticas migratorias días después?
Porque esas no contradicen la Constitución de manera tan directa. El tribunal puede permitir que el ejecutivo tenga discreción en cómo administra la inmigración sin violar el texto fundamental.
¿Tiene alguna posibilidad real de lograrlo por vía legislativa?
Muy poca. Necesita 60 votos en el Senado y los republicanos tienen 53. Además, el Supremo acaba de decir que es inconstitucional. ¿Cómo apruebas una ley que sabes que el tribunal rechazará?
¿Y si eliminan la regla del filibusterismo?
Eso es aún más difícil que conseguir los votos para la ciudadanía. Requeriría que los propios republicanos votaran en contra de una regla que los protege cuando no tienen mayoría.
¿Quién sufre mientras tanto?
Seis millones de personas nacidas aquí con padres indocumentados. Y 350.000 haitianos más 6.000 sirios que acaban de perder protecciones humanitarias. Esos sí ya están siendo expulsados.