ERC pide un compromiso público que el Ministerio aún no quiere dar
El Govern de Salvador Illa ha presentado ante el Parlament de Catalunya unos presupuestos históricos de 49.162 millones de euros, con apuestas ambiciosas en vivienda, empleo público y servicios esenciales. Sin embargo, estas cuentas llegan a la Cámara sin los apoyos necesarios para prosperar, pues ERC condiciona su respaldo a un compromiso federal sobre el IRPF que el Ministerio de Hacienda no termina de abrazar. En el fondo, lo que se dirime no es solo un presupuesto, sino la arquitectura de confianza sobre la que descansa la gobernabilidad de Catalunya.
- Los presupuestos más ambiciosos de la historia reciente de Catalunya llegan al Parlament sin los votos suficientes para ser aprobados, lo que convierte su tramitación en una carrera contrarreloj política.
- ERC bloquea su apoyo hasta que la ministra Montero se comprometa públicamente con el traspaso de la gestión del IRPF a Catalunya, una exigencia que el Ministerio de Hacienda recibe con resistencia y prefiere reconducir hacia una gestión compartida.
- La tensión entre el Govern y los republicanos, que estalló durante la semana previa a la presentación, ha obligado a ambas partes a bajar el tono y acordar alargar la tramitación parlamentaria para ganar tiempo negociador.
- Mientras la negociación política permanece abierta e incierta, las cifras del presupuesto dibujan un Estado catalán en expansión: 16.000 nuevas plazas públicas, 803 millones para vivienda y más de 4.000 millones adicionales para sanidad y educación.
El Govern de Salvador Illa presentó este viernes sus primeros presupuestos ante el Parlament de Catalunya: 49.162 millones de euros, un 10% más que el máximo anterior, impulsados por una recaudación récord y el fin de los fondos europeos Next Generation que obliga a sustituir inversión externa con recursos propios. La consellera de Economía, Alicia Romero, ha diseñado unas cuentas de marcado perfil redistributivo, con la vivienda y el empleo público como ejes vertebradores.
Las cifras son elocuentes. El Govern destinará 803 millones a políticas habitacionales —300 de ellos a vivienda de protección oficial— y el Institut Català de Finances dispondrá de 600 millones adicionales en préstamos para construcción y adquisición de vivienda protegida. En paralelo, se crearán hasta 16.000 nuevas plazas de empleo público entre policías, médicos y profesores. Los departamentos de Territorio y Vivienda, Interior y Derechos Sociales lideran el crecimiento presupuestario, mientras sanidad y educación recibirán juntos más de 4.000 millones adicionales. El transporte público, la atención primaria y las becas de comedor y transporte escolar completan un cuadro de gasto orientado a las clases medias y trabajadoras.
Sin embargo, el verdadero nudo del presupuesto no está en las cifras sino en la aritmética parlamentaria. ERC ha dejado clara su posición: no apoyará las cuentas sin que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometa públicamente con el traspaso de la gestión y recaudación del IRPF a Catalunya, un punto que figura en el acuerdo de investidura de Illa pero que el Ministerio prefiere reconducir hacia una fórmula de gestión compartida. Oriol Junqueras retiró hace semanas una proposición de ley en el Congreso sobre esta materia con la intención de incluirla en la futura ley de financiación autonómica, pero esa ley tardará meses, y ERC no quiere pagar por adelantado sin garantías.
Tras una semana de enfrentamiento abierto, ambos grupos han acordado extender la tramitación parlamentaria para crear espacio de negociación. El resultado sigue siendo incierto, y los presupuestos más ambiciosos de la historia reciente de Catalunya dependen, por ahora, de un compromiso que aún no se ha pronunciado.
El Govern de Salvador Illa presentó este viernes sus primeros presupuestos ante el Parlament de Catalunya, unas cuentas que alcanzan los 49.162 millones de euros y representan un salto del 10% respecto al máximo presupuestario del año anterior, gracias a suplementos de crédito que permitieron ampliar la prórroga. Sin embargo, los presupuestos llegan a la Cámara sin los apoyos parlamentarios suficientes para garantizar su aprobación, en medio de tensiones recientes con ERC que amenazan la estabilidad de la coalición de gobierno.
La consellera de Economía, Alicia Romero, ha diseñado unas cuentas que el Govern confía serán capaces de atraer a sus socios parlamentarios gracias a su contenido redistributivo. El presupuesto contempla la creación de hasta 16.000 nuevas plazas de empleo público —entre policías, médicos y profesores— y destina una cantidad récord a políticas de vivienda. En comparación con los presupuestos de 2023, los departamentos que más crecen son Territorio y Vivienda, con un aumento del 35%, seguido de Interior con un 34,5% y Derechos Sociales con un 28%. Educación crece ligeramente por encima de la media, mientras que Salud queda algo por debajo, aunque ambos departamentos juntos recibirán más de 4.000 millones de euros adicionales, que se traducirán en 5.911 plazas sanitarias y 4.162 para docentes.
La priorización de la vivienda es especialmente visible en las cifras. El Govern ha destinado 803 millones de euros a políticas habitacionales, de los cuales aproximadamente 300 millones irán directamente a la construcción de vivienda de protección oficial. Además, el Institut Català de Finances dispondrá de una bolsa de 600 millones para préstamos destinados a la adquisición y construcción de vivienda protegida. Esta apuesta por la vivienda se alinea con el acuerdo ya cerrado con los Comuns, que incluyó como medida estrella una ley contra la compra especulativa de pisos.
En sanidad, los presupuestos contemplan 616 millones adicionales para atención primaria, lo que permitirá que este ámbito represente el 31% del gasto total del sistema sanitario. En educación, una de las prioridades es aumentar las becas para transporte y comedor, que recibirán 253 millones más. El transporte público también tiene una partida destacada, con 194 millones que el Govern inyectará para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove, además de 311 millones para invertir en infraestructuras de ferrocarril y metro, y 355 millones que se pagarán a Renfe para operar el servicio de Rodalies.
El capítulo de inversiones alcanza los 4.146 millones de euros, una cifra que refleja la buena marcha económica de Catalunya y la recaudación récord que esto ha generado. El Govern ha decidido destinar una buena parte de este ahorro a actualizar infraestructuras públicas y construir equipamientos, una estrategia que también busca compensar el fin de los fondos Next Generation. Este capítulo incluye obras de ampliación y mejora de hospitales por valor de 365 millones, 313 millones para centros educativos, 101 millones para la prolongación de la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, prácticamente lo mismo para el tranvía del Camp de Tarragona, y 8,5 millones para la nueva estación de autobuses de Lleida.
Pero el verdadero obstáculo para la aprobación de estas cuentas está en ERC. Tras una semana de enfrentamiento entre el Govern y los republicanos, ambos grupos han decidido bajar el tono y alargar la tramitación de la ley en el Parlament para crear espacio para la negociación. Los de Oriol Junqueras han dejado clara su posición: exigen que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometa públicamente con el traspaso de la gestión y recaudación del IRPF a Catalunya. Según ERC, el momento ideal para este compromiso sería el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para marzo.
Esta demanda no es nueva. El traspaso de la gestión del IRPF a Catalunya figura en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, al que el PSOE dio su visto bueno. ERC incluso registró una proposición de ley en el Congreso para habilitar esta vía, que permitiría desarrollar la Agència Tributària catalana para que pudiera hacerse cargo de la gestión del impuesto en el futuro. Sin embargo, hace dos semanas Junqueras retiró esa proposición, con la idea de rescatar la medida en la nueva ley de financiación de las comunidades autónomas. El problema es que esa ley tardará meses en llegar al Congreso, razón por la que ERC, que debe pagar por adelantado un apoyo a los presupuestos de Illa, pide un compromiso público de Hacienda. En el ministerio de Montero no ocultan que tienen diferencias de fondo con la cesión total del IRPF a Catalunya y que preferirían una gestión compartida, en la línea del consorcio tributario que el PSC incluía en su programa electoral. La negociación está abierta, pero el resultado aún es incierto.
Notable Quotes
El Govern confía en que los presupuestos acabarán seduciendo a sus socios por su contenido— Departament de Economía
En el Ministerio de Montero no ocultan que tienen diferencias de fondo con la cesión total del IRPF a Catalunya— Fuentes del Ministerio de Hacienda
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué ERC pide específicamente un compromiso sobre el IRPF ahora, cuando ya está en el acuerdo de investidura?
Porque ERC necesita mostrar a su base que obtiene algo tangible a cambio de votar estos presupuestos. Un acuerdo de investidura es una cosa; un compromiso público de la ministra de Hacienda en marzo es otra. Es la diferencia entre una promesa y un gesto político visible.
¿Qué significa que Montero "prefiera una gestión compartida"?
Significa que el Ministerio quiere mantener control sobre el IRPF, probablemente por razones de estabilidad fiscal nacional. Un consorcio tributario sería un sistema donde Catalunya recauda pero el Estado sigue teniendo voz en cómo se usa ese dinero. Para ERC, eso no es suficiente.
¿Estos presupuestos son realmente tan generosos, o es solo que parecen serlo?
Son genuinamente ambiciosos. Un 10% de aumento es significativo, y el gasto en vivienda es efectivamente un récord. Pero también reflejan que Catalunya ha tenido una buena recaudación. El Govern está gastando lo que tiene, no endeudándose.
¿Qué pasa si ERC dice que no?
Entonces los presupuestos no salen adelante, y Illa tendría que negociar con otros grupos o convocar nuevas elecciones. Por eso ambos están alargando la tramitación: necesitan tiempo para encontrar una salida que ambos puedan vender como victoria.
¿Por qué el Govern confía en que estos presupuestos "seducirán" a ERC?
Porque hay dinero real para cosas que ERC valora: empleo público, vivienda, transporte. Pero eso solo funciona si ERC cree que el Govern está dispuesto a ceder en lo que realmente importa, que es el IRPF.