El Gobierno español, que durante años construyó una política energética sobre principios de transición y disciplina fiscal, se encuentra ahora desmontando sus propios pilares: elimina un impuesto que defendió como indispensable, autoriza inversiones en redes que antes consideraba excesivas y se prepara para prorrogar una central nuclear cuyo cierre había celebrado. Es la historia, tan antigua como la gestión pública, de los planes que ceden ante la realidad que no los esperó.