Acoger a cuatro mil menores no debería ser un problema en un país de 49 millones
El decreto entra en vigor el jueves con parámetros objetivos basados en población, renta e insularidad; Canarias triplica el ratio de acogida establecido en 32,6 menores por cada cien mil habitantes. Once autonomías han interpuesto recursos ante tribunales; Marga Prohens califica de 'amenaza y matonismo' la advertencia de Torres sobre intervención de fuerzas de seguridad en caso de incumplimiento.
- El decreto entra en vigor el jueves; establece un ratio de 32,6 menores por cada cien mil habitantes
- Canarias triplica el ratio de acogida establecido; aproximadamente 4.000 menores requieren reubicación
- Once autonomías han interpuesto recursos ante tribunales; Andalucía acogerá 677 menores, Madrid 647, Comunidad Valenciana 571
- Torres advierte que fuerzas de seguridad intervendrán si se incumple la ley; Prohens lo califica de 'amenaza y matonismo'
El Gobierno implementa un decreto para distribuir obligatoriamente unos 3.000 menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, amenazando con intervención de fuerzas de seguridad ante incumplimientos, mientras el PP y varias regiones recurren ante los tribunales.
El Gobierno español ha puesto en marcha un mecanismo que obliga a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El decreto que formaliza este reparto obligatorio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles y entra en vigor el jueves, estableciendo la capacidad de acogida que cada región debe asumir según parámetros que el Ejecutivo considera objetivos y transparentes: población, renta, insularidad y situación fronteriza. La meta es derivar alrededor de tres mil menores en los próximos meses, además de los que continúen llegando a partir de septiembre.
Los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres han dejado clara la posición del Gobierno: las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con esta ley, y de no hacerlo habrá consecuencias legales. Torres fue explícito en televisión al señalar que si alguna región se negase a acoger a estos menores, "lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación". El Gobierno tampoco teme los recursos judiciales que el Partido Popular y Castilla-La Mancha han presentado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para frenar esta medida.
Canarias, que actualmente acoge a una población de menores migrantes que triplica el ratio establecido de 32,6 por cada cien mil habitantes, ha hecho un llamamiento a la solidaridad del resto de España. El presidente Fernando Clavijo ha argumentado que acoger a cuatro mil menores no debería ser un problema en un país de 49 millones de habitantes. Además, ha denunciado que la oposición a esta medida responde a xenofobia y fascismo, contrastando la aceptación de cientos de miles de refugiados ucranianos con la resistencia que genera la llegada de menores migrantes de otras procedencias.
La reacción de las comunidades autónomas ha sido variada pero mayoritariamente crítica. Madrid ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo y ha acusado al Gobierno de implementar una "política migratoria fallida" que genera desigualdad entre regiones. Andalucía ha vuelto a denunciar un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha solicitado que se le aplique el criterio de frontera. Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, ha insistido en que la acogida es imposible sin financiación estatal suficiente. La presidenta balear Marga Prohens, del Partido Popular, ha sido especialmente contundente, calificando de "amenaza y matonismo" la advertencia de Torres sobre la intervención de fuerzas de seguridad.
Según los datos provisionales conocidos, Andalucía deberá acoger a 677 menores, Madrid a 647 y la Comunidad Valenciana a 571. Les siguen Castilla-La Mancha con 320, Galicia con 317, Aragón con 251, La Rioja con 205, Castilla y León con 197, Extremadura con 159, Cantabria con 156, Asturias con 144, Murcia con 133, Navarra con 188 e Islas Baleares con 49. País Vasco y Cataluña, por su esfuerzo previo en acogida, no tendrían que recibir a ningún menor, aunque la Generalitat catalana ha anunciado su intención de acoger al menos a 31.
El Gobierno también está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal como le ordenó el Tribunal Supremo. Esta cifra podría reducir las derivaciones finales a las comunidades autónomas. Tanto el Gobierno como Canarias consideran que los recursos interpuestos por once autonomías no tienen recorrido legal, especialmente porque los tribunales superiores han enfatizado la protección de los menores como prioridad y han reconocido que se trata de una competencia concurrente entre las comunidades y el Estado. Dos de las regiones que han presentado recursos solicitarán además la suspensión cautelar del sistema.
Citas Notables
Lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación— Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial
Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista— Fernando Clavijo, presidente de Canarias
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¿Por qué el Gobierno está tan seguro de que estos recursos judiciales no prosperarán?
Porque los tribunales superiores ya han establecido que la protección de menores es una prioridad absoluta y que esta es una responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades. El Supremo incluso ha ordenado al Gobierno asumir a mil menores más.
Pero Marga Prohens habla de "matonismo". ¿Realmente el Gobierno está amenazando con enviar fuerzas de seguridad?
Torres fue muy claro: si una comunidad se niega a cumplir la ley, las fuerzas de seguridad tendrán que intervenir para hacerla cumplir. Para Prohens, eso suena a imposición. Para el Gobierno, es simplemente garantizar que se cumpla una ley.
¿Qué diferencia hay entre cómo se ha tratado a los refugiados ucranianos y a estos menores migrantes?
Clavijo lo señala claramente: España acogió a cientos de miles de ucranianos sin esta resistencia. Sugiere que la oposición tiene más que ver con el origen y la apariencia de estos menores que con la capacidad real de acogida.
¿Castilla-La Mancha tiene un punto válido sobre la financiación?
Probablemente. Acoger a menores requiere recursos: vivienda, educación, servicios sociales. Si el Estado no financia adecuadamente, las comunidades cargan con el costo. Es una queja legítima, aunque el Gobierno argumenta que los parámetros son justos.
¿Qué pasa con los datos provisionales que mencionas?
Son números que aún deben recalcularse. El Gobierno está asumiendo a mil menores solicitantes de asilo, así que esas cifras bajarán. Andalucía podría pasar de 677 a menos, por ejemplo. Los números finales aún no están cerrados.