El G7 observa cómo el acuerdo de Trump con Irán financiará su arsenal militar

En Evian, mientras Emmanuel Macron intentaba centrar la cumbre del G7 en Ucrania, el verdadero debate giraba en torno a un memorándum de apenas una página y media que Donald Trump había negociado con Irán. El lunes, distintas ramas de la Comisión Europea cancelaron sus ruedas de prensa, conscientes de que serían interrogadas sobre un acuerdo cuyos detalles aún permanecían en la sombra. Para el martes, el G7 seguía sin mensaje unificado más allá de celebrar el cese de las hostilidades. Lo que nadie decía en voz alta era que el resto del mundo estaba observando cómo una "victoria" estadounidense podría financiar el nuevo poder militar de Irán.

La Casa Blanca prometía publicar los detalles del acuerdo en las próximas 24 horas, antes de una reunión prevista en Suiza para el viernes. Pero en esa letra pequeña residía el verdadero significado del pacto: la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones sobre Irán. Trump defendió que el estrecho estaría "completamente abierto y sin peajes". Irán, sin embargo, confirmó que no cobraría peajes pero que abriría el paso "en sus términos". El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, lo llamó "tasas" por los servicios que prestaría Irán en la ruta. La distinción legal es crucial: mientras que los peajes enfrentan restricciones importantes según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las tasas por servicios —protección ambiental, seguridad de la navegación, administración marítima, respuesta de emergencias— son legalmente viables. Ali Ahmadi, experto en política económica y sanciones del Centro de Política de Seguridad de Ginebra, explicaba que Irán llevaba meses preparando el terreno para estas tasas, con su Parlamento aprobando el marco legal necesario. Desde mayo, Teherán había iniciado una estrategia elegante: un memorándum de coordinación con Omán presentado como tasas para proteger la integridad ambiental de una de las vías navegables con mayor tráfico del mundo.

Lo que estaba sucediendo era un reconocimiento tácito de la legitimidad iraní sobre el control del estrecho. Durante los últimos tres meses, Teherán ya había establecido un corredor específico que obligaba a los buques a pasar entre dos islas iraníes en permanente contacto con las autoridades marítimas locales. Eso generaría nuevas tasas de gestión de tráfico y seguridad. John Callaghan, profesor asociado de Relaciones Internacionales del New England College, señalaba que los iraníes recurrirían a estos juegos de palabras: cualquier intercambio de dinero que antes no existiera sería utilizado por Irán para reivindicar una victoria. Antes de la guerra, más de 140 buques cruzaban diariamente el estrecho. No había estimaciones sobre cuánto podrían alcanzar esas tasas, pero era dinero extra que engrosería las arcas de Teherán.

El verdadero interrogante era qué haría Irán con esos recursos. Había cierto consenso entre los expertos en que el nuevo flujo de financiación iría a lo que había permitido a Irán sobrevivir en la guerra: su capacidad militar disuasoria. Yassamine Mather, analista política y académica iraní, sugería que no necesariamente se destinaría a misiles balísticos o armas nucleares, sino a algo mucho más poderoso y barato: la producción masiva de drones. Callaghan admitía que existía un temor muy real a que cualquier dinero desbloqueado se utilizara principalmente para reconstruir el arsenal militar. Ahmadi coincidía: estaba seguro de que Irán destinaría parte de los recursos a reconstruir sus capacidades defensivas, incluidos misiles y drones, fundamentales para restablecer su capacidad de disuasión tras la guerra.

El acuerdo preliminar incluía otras disposiciones económicas aún no del todo claras. Además de levantar sanciones sobre la industria petrolera iraní, Estados Unidos desbloquearía 12.000 millones de dólares de fondos congelados en bancos extranjeros. En una fase posterior, la interpretación iraní hablaba de "centenares de miles de millones" en un fondo de reconstrucción pagado por Estados Unidos y sus aliados. Ahmadi argumentaba que si se lograba un acuerdo nuclear definitivo y el país podía retomar una actividad económica normal, probablemente no insistiría en cobrar a los buques. Tras el acuerdo nuclear de la era Obama, Irán había destinado la mayoría de los fondos liberados a prioridades económicas. Pero la situación en 2026 era completamente distinta.

Este era un Irán que había sufrido los estragos de una guerra a gran escala y había sobrevivido. Según algunos analistas, había salido más radicalizado tras los asesinatos de muchos de sus líderes. La elección de Mojtaba Jamenei implicaba que Irán se había convertido aún más en una dictadura de un pequeño grupo con trasfondo religioso, militar y de seguridad, según Nathan J. Brown, experto en políticas islámicas de la Carnegie Endowment. El reagrupamiento del poder en Teherán se había desplazado hacia las fuerzas armadas. Ellie Geranmayeh, subdirectora del programa para Oriente Medio del think tank European Council on Foreign Relations, advertía que en Teherán ganaba fuerza la tesis de que la paciencia estratégica de Irán no había sido una fortaleza sino un factor que contribuyó a la guerra actual. Irán necesitaba ser mucho más contundente, escalatorio e impredecible para recrear su disuasión. Ahmadi concluía que la prioridad de cualquier país es poder defenderse, y que la prosperidad no es posible sin seguridad.

Mientras tanto, en el G7, la actitud de Trump era triunfalista. Los aliados habían celebrado el pacto provisional, pero con dudas sobre su implementación. Sin embargo, ninguna crítica se había hecho pública. Los enfrentamientos previos entre Trump y los mandatarios europeos sobre Ucrania y Groenlandia habían dejado una profunda huella. Muchos se preguntaban si podían dialogar con él, mucho menos poner en duda el ansiado acuerdo de paz preliminar que buscaba dar a Estados Unidos una opción de desvincularse de una campaña militar infructuosa. Había que ser realistas.