Durante 2025, el Estado español canalizó 600 millones de euros hacia Navantia a través de tres préstamos participativos escalonados, sosteniendo una empresa pública que acumula dieciocho años consecutivos de pérdidas pero que, paradójicamente, nunca había tenido tantos pedidos en cartera. Es la tensión clásica entre el presente que sangra y el futuro que promete: la apuesta del poder público por preservar una capacidad industrial estratégica —astilleros en Cádiz, Ferrol y Cartagena— mientras la empresa transita desde la contracción hacia una expansión que sus directivos sitúan en 2027. El resc