Encuentros clandestinos donde se consumía anestesia de forma recreativa
La muerte de un joven médico encontrado con propofol conectado a su cuerpo abrió una investigación que ahora alcanza los tribunales superiores de Buenos Aires. La Cámara Nacional de Apelaciones confirmó, por mayoría, el procesamiento del anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse, acusados de sustraer anestésicos del Hospital Italiano para abastecer reuniones clandestinas de consumo recreativo. El caso recuerda que los sistemas de confianza que sostienen la medicina pueden fracturarse desde adentro, y que las consecuencias de ese quiebre rara vez permanecen ocultas.
- La muerte de Alejandro Zalazar —hallado sin vida con una vía de propofol en el pie— encendió una alarma que nadie en el entorno médico podía ignorar.
- La revelación de su hermana sobre los llamados 'propofest' transformó un fallecimiento en una investigación penal que apunta al corazón de un hospital privado de prestigio.
- Dos jueces de la Cámara sostuvieron que los testimonios de colegas y allegados son suficientes para mantener los cargos, mientras un tercero votó en disidencia por considerar que falta evidencia patrimonial concreta.
- Embargos millonarios, prohibición de salida del país y desvinculación del hospital marcan el peso inmediato de la decisión judicial sobre los imputados.
- El peritaje pendiente de los dispositivos electrónicos de ambos médicos podría ser la pieza que termine de definir el alcance real de los hechos.
Todo comenzó con una muerte. En febrero, Alejandro Zalazar, anestesiólogo, fue encontrado sin vida en su departamento con una vía intravenosa en el pie y frascos de propofol a su alrededor. Su hermana, en busca de respuestas, contactó a la Asociación de Anestesia de Buenos Aires y reveló que él participaba en reuniones clandestinas —los llamados 'propofest'— donde se consumía anestesia de forma recreativa.
Esa revelación apuntó hacia dos médicos del Hospital Italiano: Hernán Boveri, anestesiólogo, y Delfina Lanusse, residente. Ambos tenían acceso a los medicamentos controlados del centro y, según la hipótesis judicial, los desviaban para abastecer esos encuentros. El juez Javier Sánchez Sarmiento los procesó por administración fraudulenta, con Boveri como autor principal y Lanusse como partícipe secundaria.
Esta semana, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó ese procesamiento por mayoría. Los jueces Rodríguez Varela y Scotto consideraron válidos los testimonios de colegas y allegados, descartando los argumentos de las defensas. El tercer juez, Pociello Argerich, votó en disidencia: reconoció indicios de acuerdo entre los imputados, pero señaló que no se ha probado fehacientemente que lo sustraído perteneciera al stock del hospital ni que causara un daño patrimonial comprobable.
Las consecuencias fueron inmediatas: se embargaron más de 70 millones de pesos a Boveri y cerca de 31 millones a Lanusse, se les prohibió salir del país por 90 días y se les vedó el contacto mutuo. Ambos ya habían sido desvinculados del Hospital Italiano. La defensa de Lanusse declinó comentar; el hospital tampoco respondió sobre los faltantes detectados en una revisión interna.
La investigación sigue abierta. Resta el peritaje de los dispositivos electrónicos de los imputados, y en abril fue imputada también Chantal Leclercq, otra médica vinculada a Lanusse y al fallecido Zalazar, por su presunta participación en los hechos.
La muerte de un joven anestesiólogo en febrero pasado abrió una grieta en un caso que ahora ha llegado a los tribunales superiores. Alejandro Zalazar fue encontrado sin vida en su departamento con una vía intravenosa conectada al pie y frascos de propofol dispersos a su alrededor. Su hermana, buscando respuestas, contactó a las autoridades de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y reveló que él participaba en encuentros clandestinos conocidos como "propofest", reuniones donde se consumía anestesia de forma recreativa.
Esa revelación puso en marcha una investigación que apuntó hacia dos médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires: Hernán Boveri, anestesiólogo, y Delfina Lanusse, residente. Ambos tenían acceso a los medicamentos controlados del centro privado y, según la hipótesis de la Justicia, los sustraían para abastecer esos encuentros clandestinos. El juez Javier Sánchez Sarmiento los procesó hace dos meses por administración fraudulenta, imputando a Boveri como autor principal y a Lanusse como partícipe secundaria.
Esta semana, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó ese procesamiento por mayoría. Dos de los tres jueces —Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto— consideraron que los testimonios de colegas y allegados de los imputados eran válidos y suficientes para sostener las acusaciones. Rechazaron los argumentos de las defensas que buscaban debilitar esas declaraciones, concluyendo que no había signos de animosidad ni razones para sospechar que fueran falsas.
El tercer juez, Rodolfo Pociello Argerich, votó en disidencia. Para él, aunque hay indicios de que ambos médicos pudieron haberse puesto de acuerdo para robar medicamentos a los que accedían por su trabajo, no se ha establecido fehacientemente que lo sustraído perteneciera al stock del Hospital Italiano ni que causara un daño patrimonial comprobado a la institución. Señaló también que falta mérito para confirmar el procesamiento mientras no se reúnan más pruebas.
La medida judicial ha tenido consecuencias inmediatas. Se embargaron fondos a ambos imputados: 70 millones 929 mil 520 pesos para Boveri y 30 millones 929 mil 520 pesos para Lanusse. Además, se les prohibió salir del país por 90 días y se les vedó el contacto mutuo. Ambos fueron desvinculados del Hospital Italiano durante la investigación.
La defensa de Lanusse se negó a comentar la decisión de la cámara o a brindar información adicional. El Hospital Italiano, por su parte, tampoco respondió a los intentos de obtener su versión sobre los faltantes de medicamentos que supuestamente se detectaron durante una revisión interna realizada para responder a un requerimiento judicial.
La investigación aún no está cerrada. Los jueces mencionaron que quedan pruebas por reunir, incluyendo un peritaje pendiente de los dispositivos electrónicos de ambos imputados que podría arrojar luz sobre las comunicaciones entre ellos. En abril, la Justicia también imputó a Chantal Leclercq, otra médica amiga de Lanusse y del fallecido Zalazar, determinando que habría tenido una participación clave en los hechos por sus vínculos con ambos. El caso continúa su curso mientras se espera que esas pruebas pendientes ayuden a esclarecer completamente lo sucedido.
Notable Quotes
Los testimonios de colegas y allegados son válidos y no hay signos de animosidad ni razones para sospechar falsedad en sus declaraciones— Jueces Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto
No se ha establecido fehacientemente que lo sustraído perteneciera al stock del Hospital Italiano ni que causara un daño patrimonial comprobado— Juez Rodolfo Pociello Argerich (voto en disidencia)
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué la muerte de Zalazar fue el punto de quiebre que llevó a todo esto?
Porque su hermana hizo la conexión. Vio el propofol, supo que él participaba en estas reuniones, y decidió hablar. Sin eso, probablemente nadie hubiera sabido que dos médicos del Hospital Italiano estaban sacando drogas.
¿Qué son exactamente los "propofest"?
Encuentros clandestinos donde se consumía propofol recreativamente. No es un medicamento para usar así. Es un anestésico. Que médicos lo estuvieran desviando para eso dice algo sobre qué tan accesible era para ellos y qué tan poco vigilado estaba.
El juez Pociello Argerich votó diferente. ¿Qué le preocupaba?
Que no se había probado fehacientemente que el propofol viniera del Hospital Italiano. Sí, Boveri y Lanusse tenían acceso. Sí, hay indicios de que se pusieron de acuerdo. Pero ¿dónde está la prueba de que fue de ese hospital específicamente y no de otro lado?
¿Y el Hospital Italiano? ¿Qué dice sobre los faltantes?
No dice nada. Se negó a hablar. Eso es interesante porque sugiere que tal vez hay un faltante real, pero la institución no quiere exponerse públicamente.
¿Qué falta todavía para cerrar el caso?
El peritaje de los celulares y dispositivos de ambos. Si hay mensajes donde se coordinan, donde hablan de las drogas, eso sería definitivo. Por ahora hay testimonios, hay indicios, pero no hay esa comunicación directa.
¿Qué pasa con Chantal Leclercq?
Ella está imputada también. Era amiga de Lanusse y del fallecido Zalazar. La Justicia considera que tuvo un rol clave precisamente por esas conexiones. Probablemente fue un puente entre los que sacaban las drogas y los que las consumían.