Una ley escrita para ser un arma, no una regulación
En San Luis Potosí, una ley que castiga el uso de inteligencia artificial con hasta seis años de prisión ha convertido una cuestión tecnológica en una batalla por la libertad de expresión. Tres periodistas encarcelados y el silencio del poder federal revelan cómo las herramientas jurídicas pueden doblarse al servicio de la censura. El Congreso local ha aplazado hasta septiembre cualquier revisión, dejando en suspenso tanto la justicia para los presos como la pregunta más profunda: quién decide qué es un uso 'indebido' de la tecnología, y con qué fines.
- Tres periodistas están hoy en prisión bajo una ley que nadie ha podido derogar, y el reloj legislativo se detuvo hasta septiembre.
- Activistas y comunicadores irrumpieron en el pleno del Congreso para exigir la derogación, pero el propio autor de la ley los envió a esperar meses.
- Organizaciones internacionales como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras advierten que la norma no protege a la sociedad, sino que silencia a quienes critican al gobernador Gallardo y sus ambiciones dinásticas.
- La presidenta Sheinbaum esquivó la pregunta directa sobre San Luis Potosí, dejando sin respaldo federal a quienes esperaban un freno desde el centro del poder.
- La iniciativa ciudadana de derogación presentada el 5 de junio permanece congelada en comisiones, atrapada en el receso legislativo que comienza el 30 de junio.
El martes pasado, periodistas y activistas tomaron el pleno del Congreso de San Luis Potosí con una demanda urgente: derogar la Ley Serrano, la reforma penal aprobada en diciembre de 2025 que castiga el llamado 'uso indebido' de inteligencia artificial con hasta seis años de prisión. La respuesta del diputado Héctor Serrano, autor de la norma, fue un aplazamiento: los foros de discusión tendrán que esperar hasta septiembre, cuando concluya el receso legislativo.
La ley, impulsada por el Partido Verde y Morena, ya ha dejado víctimas concretas: tres periodistas encarcelados bajo sus disposiciones. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras la señalan como un instrumento de censura diseñado para proteger al gobernador Ricardo Gallardo de las críticas, incluidas las relacionadas con sus planes de posicionar a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como candidata a la gubernatura en 2027.
El 5 de junio, un colectivo de comunicadores presentó una iniciativa ciudadana para eliminar los tres tipos penales que criminalizan la IA en el código penal estatal. La iniciativa fue turnada a comisiones, donde permanece en suspenso. Serrano no abordó el debate sobre los periodistas presos y prefirió alinearse con el discurso de la presidenta Sheinbaum sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial en México.
Cuando se le preguntó directamente sobre el caso potosino, Sheinbaum dijo no tener información específica. Su evasión dejó sin respuesta a quienes esperaban que el gobierno federal pusiera límites a una ley que, según sus críticos, convierte la tecnología en arma política.
El martes pasado, un grupo de periodistas y activistas irrumpió en el pleno del Congreso de San Luis Potosí con una exigencia clara: derogar la Ley Serrano, la reforma penal que desde hace seis meses castiga el "uso indebido" de inteligencia artificial con hasta seis años de cárcel. La respuesta llegó del propio diputado Héctor Serrano, autor de la controvertida norma: habrá que esperar hasta septiembre para volver a discutir el asunto.
La ley, aprobada en diciembre de 2025 por el Partido Verde y Morena, se ha convertido en un punto de fricción internacional. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras la ven como lo que es, según sus análisis: un mecanismo de censura. Tres periodistas ya han sido encarcelados bajo sus disposiciones. En San Luis Potosí, gobernado por el Verde en alianza con Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, comunicadores locales sostienen que la ley funciona como herramienta para silenciar críticas al gobernador Ricardo Gallardo y sus planes políticos, incluida la intención de posicionar a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como candidata a la gubernatura en 2027.
El 5 de junio, Artículo 19 y un colectivo de comunicadores presentaron una iniciativa ciudadana pidiendo la derogación de los tres tipos penales que el Verde y Morena añadieron al Código Penal. Esos artículos criminalizan lo que los legisladores denominaron "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social". La iniciativa fue turnada a las comisiones del Congreso, donde ahora permanece en suspenso.
Cuando los manifestantes interrumpieron el pleno, Serrano anunció que se convocarían foros de discusión en septiembre, cuando termine el receso legislativo que comienza el 30 de junio. Esa demora significa que la iniciativa de derogación podría quedar congelada en comisiones al menos hasta que reanude el período ordinario de sesiones. Serrano no entró en el debate sobre la criminalización que ya ha enviado a tres comunicadores a prisión. En cambio, hizo eco de declaraciones recientes de la presidenta Sheinbaum, quien reconoció la necesidad de regular el uso de inteligencia artificial en el país.
Cuando se le preguntó específicamente sobre el caso de San Luis Potosí en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum eludió el tema. Dijo que no tenía información específica, pero que el país necesitaba entrar en ese debate durante el año. La respuesta dejó sin respuesta a quienes esperaban un pronunciamiento presidencial sobre una ley que, según organizaciones defensoras de derechos, funciona como instrumento de represión contra críticos del gobierno estatal.
Notable Quotes
En este año tenemos que entrar en el país a la discusión sobre la inteligencia artificial— Presidenta Claudia Sheinbaum, eludiendo pregunta específica sobre San Luis Potosí
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué una ley sobre inteligencia artificial termina encarcelando periodistas?
Porque la redacción es lo suficientemente vaga como para que cualquier cosa que moleste al gobierno quepa dentro de "uso indebido para provocar alarma social". Es una ley escrita para ser un arma, no una regulación.
¿Y el gobernador Gallardo está directamente detrás de esto?
No hay evidencia de que haya escrito la ley, pero sí la está usando. Tres periodistas en prisión, iniciativas de derogación congeladas en comisiones, y el timing es sospechoso: justo cuando quiere posicionar a su esposa como candidata.
¿Por qué la presidenta Sheinbaum no interviene?
Porque el Partido Verde es aliado de Morena. Intervenir significaría admitir que su coalición aprobó una ley represiva. Es más fácil decir que no tiene información específica.
¿Qué pasa en septiembre?
Probablemente nada. El Congreso reanuda sesiones, se convocan foros, se discute. Pero la iniciativa de derogación sigue en comisiones, donde puede quedarse indefinidamente.
¿Quién está ganando ahora?
El gobierno estatal. Logró aplazar la discusión, mantiene a los periodistas en prisión, y la presidencia federal no lo cuestiona. Mientras tanto, el miedo hace su trabajo.