¿Bienvenidos para qué? ¿A mirar el techo o caer en la indigencia?
Velásquez lleva un año esperando respuesta a su solicitud de refugio mientras enfrenta barreras para trabajar, abrir cuentas bancarias y acceder a servicios de salud. Aproximadamente 28.000 venezolanos aguardan decisión sobre refugio; la Cancillería colombiana los acusa de colapsar el sistema, pero el visado requiere documentos imposibles de obtener.
- Yendri Velásquez fue baleado el lunes en Bogotá; lleva un año esperando respuesta a solicitud de refugio
- Aproximadamente 28.000 venezolanos aguardan decisión sobre refugio en Colombia
- El régimen de Maduro detuvo a Velásquez en agosto de 2024 y le anuló el pasaporte
- Solicitantes de refugio no pueden trabajar legalmente mientras esperan respuesta, que puede tomar años
El ataque contra el activista venezolano Yendri Velásquez revela el limbo migratorio de miles de exiliados que esperan respuesta a solicitudes de refugio en Colombia, enfrentando barreras burocráticas y falta de protección efectiva.
El lunes por la tarde, en una calle de Bogotá, alguien disparó contra Yendri Velásquez. El activista venezolano cayó herido, junto con Luis Peche, un colombo-venezolano. Lo que sucedió en esos segundos de violencia no fue un incidente aislado, sino la manifestación más brutal de un problema que lleva meses acumulándose en silencio: miles de exiliados políticos viven en Colombia en un estado de indefensión casi total, atrapados en un limbo burocrático que los deja sin trabajo, sin acceso a servicios básicos, y ahora, sin protección contra la amenaza.
Velásquez llegó a Colombia hace un año, en septiembre de 2024. El régimen de Nicolás Maduro lo había detenido meses antes y le anuló el pasaporte, lo que lo dejaba sin opciones. No podía solicitar un visado de residencia porque no tenía documentos válidos. Su única salida fue pedir reconocimiento como refugiado, un proceso que le permitía permanecer en el país sin riesgo de deportación, pero que también lo condenaba a una espera sin fin. Un año después, sigue esperando respuesta. Mientras tanto, los bancos le han negado cuentas. Las aerolíneas lo han tratado como un problema. Los empleadores lo ven como un riesgo. Vive, según quienes lo conocen, de la caridad de amigos.
Velásquez no está solo. Según cálculos presentados por organizaciones de derechos humanos en junio, alrededor de 28.000 venezolanos aguardan una decisión sobre sus solicitudes de refugio en Colombia. La cifra es tan grande que la Cancillería colombiana ha acusado públicamente a los venezolanos de provocar un colapso del sistema de protección internacional. En un documento presentado a la Corte Constitucional en 2023, el ministerio argumentó que muchos de estos solicitantes no son refugiados políticos sino migrantes económicos que desnaturalizan la figura de protección. El problema con este argumento es que el mecanismo alternativo, el visado, exige requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir en Venezuela: un pasaporte válido, antecedentes penales certificados, documentos apostillados. Incluso cuando alguien logra obtenerlos, los costos son prohibitivos y requieren contratar a un gestor en el país que acaban de abandonar.
El cambio en el perfil de quiénes huyen de Venezuela ha sido dramático. Hasta hace dos años, la mayoría de los migrantes escapaban de la crisis humanitaria: falta de comida, de electricidad, de medicinas. Pero a partir de enero de 2024, cuando comenzó lo que algunos llaman la furia bolivariana, el flujo cambió. Comenzaron a llegar personas que huían de la persecución política directa: detenciones, marcajes de casas con pinturas amenazantes, vigilancia. Ligia Bolívar, socióloga y coordinadora de Alerta Venezuela, advirtió al Gobierno colombiano sobre este cambio en agosto de 2024. Envió informes detallados. Nadie actuó. Cuando Velásquez fue baleado, Bolívar le escribió al presidente Gustavo Petro en redes sociales recordándole que su Gobierno había rechazado solicitudes de visa y retrasado decisiones sobre refugio. Petro respondió insistiendo en que Colombia abre sus brazos a todos los venezolanos. Bolívar, furiosa, le replicó: ¿bienvenidos para qué? ¿Para mirar el techo o caer en la indigencia?
La posición del Gobierno Petro es incómoda, según analistas. El presidente mantiene un diálogo con Maduro y no quiere cerrar esa puerta diplomática. Reconocer públicamente que hay una persecución política masiva en Venezuela complicaría esa relación. Por eso, la narrativa oficial culpa a las sanciones internacionales de la migración forzosa, una explicación que ignora la realidad de quiénes están llegando y por qué. Laura Dib, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, señala que esto causa un daño real: no reconoce que estas personas necesitan protección internacional. Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, va más lejos: dice que Petro asume que Venezuela es un país democrático normal, cuando en realidad está bajo represión en su momento más intenso. Esa distorsión lleva al Estado colombiano a no tomar las medidas que debería estar tomando.
Colombia comparte 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Por naturaleza, es el lugar de refugio de los venezolanos. Pero en este momento, ese refugio es más una promesa que una realidad. Miles de personas viven en un limbo donde no pueden trabajar legalmente, donde los servicios básicos les están cerrados, donde no tienen estabilidad. Y ahora, como el caso de Velásquez demuestra, tampoco tienen seguridad. El atentado del lunes no fue solo un acto de violencia. Fue la prueba de que el sistema ha fallado completamente.
Citações Notáveis
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la política migratoria hacia los venezolanos ha avanzado poco y está estancada normativamente— Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos)
Es complejo para Petro mantener un diálogo con Maduro y a la vez adoptar una política que reconozca que hay gente migrando de manera forzosa— Laura Dib, WOLA
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué Velásquez no pudo simplemente solicitar un visado de residencia como cualquier otro migrante?
Porque el régimen le anuló el pasaporte. Sin ese documento, no podía cumplir con los requisitos básicos del visado. Su única opción era pedir refugio, que no requiere pasaporte válido.
Pero si pide refugio, ¿no debería estar protegido mientras espera?
En teoría sí. La solicitud le permite permanecer en el país sin riesgo de deportación. El problema es que mientras espera, que puede tomar años, no puede trabajar. Los bancos no le abren cuentas. Las aerolíneas lo tratan como un problema. Vive dependiendo de otros.
¿Y el Gobierno sabe que esto está pasando?
Lo sabe. Organizaciones de derechos humanos le enviaron informes en agosto de 2024 sobre el cambio en el perfil de los migrantes. Pero el Gobierno está en una posición incómoda: mantiene un diálogo con Maduro y reconocer la persecución política complicaría esa relación.
¿Entonces el Gobierno está eligiendo la diplomacia sobre la protección de refugiados?
No lo diría así de directo. Pero sí hay una narrativa oficial que culpa a las sanciones de la migración, cuando la realidad es que muchos huyen de persecución política. Eso permite al Gobierno no tomar medidas más contundentes.
¿Cuántas personas están en esta situación?
Alrededor de 28.000 esperan respuesta sobre refugio. Pero hay miles más que ni siquiera pueden solicitar porque no tienen los documentos para un visado. Es un sistema que no funciona para nadie.
¿Y el atentado contra Velásquez cambió algo?
El presidente reiteró su compromiso con el asilo. Pero los activistas señalan que sus palabras no coinciden con los hechos: rechazos de visa, demoras en refugio, falta de acceso a trabajo. Para ellos, es hipocresía.